La mandataria recibió en la noche del lunes una llamada de su par estadounidense, con quien dialogó unos 20 minutos. Posteriormente se reunió con su canciller, Luiz Alberto Figueiredo, quien le informó sobre su encuentro de hace una semana con la asesora en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice. Otra instancia bilateral había tenido lugar en la reunión del G20 en San Petersburgo, donde Obama se comprometió con Rousseff a darle una versión oficial a más tardar en una semana, plazo que expiró el jueves 12.
Estas instancias estuvieron motivadas luego de que se conocieran documentos filtrados por el ex analista de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden sobre una serie de operaciones de espionaje de la Agencia Nacional de Inteligencia. La primera noticia dio cuenta de que el objetivo eran ciudadanos y empresas brasileñas, algo que si bien cayó mal en el gobierno brasileño, matizó el descontento, en el entendido de que obedecía a acciones generalizadas que Estados Unidos aplicaba en varios países de la región e incluso de Europa. La siguiente fue peor: las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y el correo de la presidenta también habían sido interceptados. Y la tercera fue la que saturó la paciencia brasileña: Petrobras, una de las mayores empresas del país, estaba bajo vigilancia, extremo que no podía justificarse con el ya clásico argumento de “resguardar la seguridad nacional”.
Rousseff exigió explicaciones claras y por escrito al gobierno estadounidense, pero no llegaron, y según se indicó en el comunicado publicado ayer por la Presidencia brasileña, “no están dadas las condiciones” para que la mandataria viaje a Estados Unidos “en ausencia de una investigación de lo ocurrido, con las correspondientes explicaciones y compromiso de cesar la interceptación”.
“Las prácticas ilegales de interceptación de las comunicaciones y datos de ciudadanos, empresas y miembros del gobierno brasileño constituyen un hecho grave, que atenta contra la soberanía nacional y los derechos individuales”, afirmó el Poder Ejecutivo en su declaración, y agregó que estas prácticas son “incompatibles con la convivencia democrática entre países amigos”.
Fueron los presidentes quienes acordaron que la visita fuera postergada, tal como consignaron el mensaje emitido desde el Palácio do Planalto y el que difundió la Casa Blanca, para que “los resultados de esta visita no queden condicionados a un tema cuya solución satisfactoria para Brasil todavía no fue alcanzada”, añadió el texto brasileño. El estadounidense, por su parte, indicó que Obama “entiende y lamenta las preocupaciones que han generado en Brasil la divulgación de supuestas actividades de inteligencia de Estados Unidos”.
Semanas atrás, Rousseff había cancelado el viaje de una comitiva que prepararía los aspectos logísticos de su estadía en Estados Unidos, una señal que dejó en claro que era plausible una postergación. El fin de semana la mandataria llevó a cabo una ronda de consultas con varios dirigentes políticos, entre ellos Lula da Silva, el ex presidente del Partido de los Trabajadores Rui Falcão y el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, entre los que hubo consenso en que la mejor opción era la suspensión, según informaron medios brasileños.
Pese a esta decisión, tanto el Palácio do Planalto como la Casa Blanca manifestaron su voluntad de que el viaje se concrete lo antes posible después de que se haya resuelto la cuestión del espionaje. Luego de que se conociera la resolución de Rousseff, decenas de analistas han dado su opinión a los medios locales. Hay quienes advierten que perjudicará los lazos comerciales y quienes subrayan que, más allá de los altos honores que recibiría Rousseff, no estaba previsto que en este encuentro hubiese grandes anuncios. No faltó quien destacara que con esta decisión la presidenta brasileña se gana el “espaldarazo” de otros países de la región, que si bien no expresaron sus posturas públicamente, verían a un Brasil debilitado si no hubiese dado esta señal de molestia.