La charla, convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, comenzó con la proyección de un video (disponible en http://ladiaria.com.uy/UDa) que relata el duro recorrido de los familiares de seis jóvenes trabajadores filipinos desaparecidos en 2000. Los responsables fueron soldados que los acusaron de ser parte de la guerrilla Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por su sigla en inglés), de ideología comunista.
El NPA había firmado una tregua que ya caducó, por lo que retomó el combate a principios de 2013. Cuenta con unos 6.000 milicianos y lleva 43 años de lucha armada en un conflicto que dejó cerca de 30.000 muertos.
En estos casos quedó demostrado que las seis víctimas no integraban este grupo guerrillero y los responsables fueron condenados por homicidio múltiple, detención ilegal agravada, coerción y tortura. En el momento de la condena no existía el delito de desaparición forzada, por lo que ahora los familiares quieren seguir luchando para que se revise la sentencia y se les aplique la ley aprobada en 2012, que sí tipifica ese delito. Esa norma, que se aprobó gracias a la lucha de los familiares, apoyados por la organización local Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de Filipinas y por la AFAD, hace que ese país sea el único de Asia que reconoce la desaparición forzada en su legislación.
Sabe de qué habla
La filipina Mary Aileen Diez-Bacalso comenzó a luchar por la defensa de los derechos humanos a los 16 años, en organizaciones católicas. En un primer momento lo hizo en contra de la persecución que sufría su comunidad religiosa, en particular durante la dictadura de Ferdinand Marcos (1965-1986). En 1988, Edsil VBacalso, con quien estaba casada desde hacía dos meses y que militaba con ella, fue secuestrado. Aunque finalmente fue liberado, después de haber sido torturado y de haber transitado por distintos establecimientos militares, esto hizo que la activista se involucrara en la lucha contra las desapariciones forzadas. Primero integró la organización de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de Filipinas y participó en 1998 en la creación de la Federación Asiática contra ese delito. Hoy también es la encargada de la coordinación de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Consultada por la diaria, Diez-Bacalso dijo que hoy “todavía hay desapariciones en Filipinas” porque el conflicto con el NPA sigue activo y, como en el caso relatado en el video, desaparecen personas sospechosas de integrar ese grupo armado, que controla algunas partes montañosas del país. Desde que se impuso la ley marcial, que rigió entre 1971 y 1982, hasta la fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó 1.000 casos de desapariciones forzadas.
En un repaso por la situación de la región, Diez-Bacalso dijo que en Indonesia no hay casos recientes de este delito, sin embargo destacó que se mantiene la impunidad para los crímenes cometidos entre 1965 y 1967. Agregó que en 2004 el entonces presidente de la AFAD en ese país, Munir Said Thalib, murió envenenado con arsénico y el caso sigue impune.
En Cachemira, mientras tanto, se suman nuevas desapariciones, debido a la lucha independentista. Allí son 8.000 los casos registrados. La activista denunció que hay también numerosos casos de “fosas comunes” y una “atmósfera de temor” en ésa y otras regiones indias que reclaman la independencia. A esto se suman las amenazas que sufren los defensores de los derechos humanos, señaló.
También siguen desapareciendo personas en Sri Lanka, y esos delitos permanecen impunes, aunque la guerra civil (1983-2009) terminó. En Tailandia se registran casos puntuales, dijo, entre éstos el de un abogado defensor de los derechos humanos, desaparecido en 2004.
Según el informe de la Comisión de Derechos Humanos hay 36.000 casos de desapariciones en Nepal, ocurridos durante los diez años del conflicto interno del país (1996-2006). La activista explicó en su presentación que, en el marco del proceso de transición democrática que transita ese país desde hace más de siete años, en 2012 el Parlamento impulsó una Ordenanza para la Verdad y la Reconciliación por las Desapariciones, que en su opinión se trata de “un documento de la impunidad tanto en la forma como en la sustancia”, porque “se centra en amnistías y conciliación que son contrarias a la justicia y la verdadera paz”. En Cachemira hay 8.000 casos, señala el informe. En Sri-Lanka, eran 6.000 a finales de los años 80 y ahora se sumaron más, en el marco de la guerra civil.
En Timor Oriental, 30% de la población murió o fue víctima de desapariciones forzadas durante la ocupación por parte de Indonesia (1975-2002), y aunque sí existió una comisión de Verdad y Reconciliación, “la justicia no llegó”, lamentó Diez-Bacalso.
La activista dijo que la desaparición en Asia sigue siendo “un método para asustar a las comunidades y las familias” y para “desanimar a los insurgentes”. La secretaria general de AFAD trabaja en este tema y visitó Uruguay para buscar apoyo del canciller Luis Almagro, que tiene contactos en Asia por su carrera diplomática. También se reunió con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, que integra el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, para informarlo de la situación particular de Asia, donde pocos países reconocen o aplican la Convención contra la Desaparición Forzada y aun menos reconocen la autoridad de ese comité.