Tres columnas integradas por unos 500 compañeros y familiares de los desaparecidos recorrieron desde el 13 de noviembre una decena de estados. En varias de esas regiones hubo ayer movilizaciones en solidaridad con el gran acto convocado en el centro de Ciudad de México. También hubo manifestaciones en decenas de países.
En el marco de las movilizaciones en solidaridad con los integrantes de la caravana, en los últimos días, hubo varios disturbios y ataques a sedes del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional, del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, las caravanas se desarrollaron de manera pacífica y se desmarcaron de los hechos violentos.
La mayoría de los mexicanos considera responsable al gobierno -nacional, estadual y municipal- por la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de setiembre, concluyó una encuesta divulgada por el diario El Universal. Un tercio considera que los principales responsables son el ahora ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que están acusados de ser los autores intelectuales de las desapariciones. Además, 74% de los mexicanos no cree en los avances de la investigación, que apuntan a que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero. A su vez, 53% opina que el gobierno federal “se ha esforzado poco o nada” por encontrar a los estudiantes. Lo mismo opina 68% de los consultados respecto de las autoridades del estado de Guerrero, del que forma parte Iguala.
Ayer un grupo de unos 500 estudiantes bloqueó durante algunas horas una de las avenidas de acceso al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, pero fue dispersado por la Policía, que cerca de allí recibió ataques con cócteles molotov. A los estudiantes de Ayotzinapa se sumaron en las protestas los de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional.
Reacción oficial
“Hemos llegado a los límites de la tolerancia. El gobierno tendrá que actuar en caso de que haya violencia en las marchas; no se puede combatir la violencia con más violencia”, dijo ayer el ministro de Trabajo, Alfonso Navarrete. También Peña Nieto se refirió a este tema. “Atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos. En un estado democrático como el nuestro es inaceptable la violencia, cualquiera sea su origen”, dijo. El miércoles había afirmado que detrás de las manifestaciones hay “un interés de generar desestabilización”.
Ayer Amnistía Internacional señaló que el presidente “sigue sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México”, y que en los últimos años han sido una constante “la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos”. Para esta organización, Peña Nieto “muestra, una vez más, la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y [de] la manifestación [social]”.
Mientras México vive un malestar fuerte, no sólo por la violencia que golpea al país sino también por la corrupción, Peña Nieto dio a conocer ayer su declaración patrimonial. Allí detalla ingresos por 3,4 millones de pesos mexicanos (unos 250.000 dólares) y un patrimonio de 45,2 millones que incluye cuatro casas, un apartamento y cuatro terrenos. En esta declaración se reitera algo que ya había llamado la atención en su anterior declaración de patrimonio que se hizo pública, la de 2012: seis de las nueve propiedades figuran como “donación” de uno de sus padres.