En Italia se considera inminente el anuncio del presidente Giorgio Napolitano de que dejará el cargo que ocupa hace siete años y en el que se mantuvo en abril de 2013, contra su voluntad, debido a la difícil crisis política que vivía Italia en ese entonces. Napolitano se comprometió a quedarse “hasta que la situación del país y de las instituciones se lo permitieran”.
El presidente, integrante del Partido Democrático (PD), ha sido el fiel de la balanza en la convulsa política italiana y podría irse en un momento en el que las crisis económica y política ya no golpean al país como lo hacían hace unos meses.
Sin embargo, Italia enfrenta otros retos en estos días. El primer ministro, Matteo Renzi, llegó en febrero a liderar el Ejecutivo con promesas de reformas que revolucionarían Italia, tras vencer en las internas del PD a Pierluigi Bersani, a quien trató como un representante de la “vieja casta” de la izquierda italiana. Nueve meses después, Renzi tiene un escenario muy distinto del que cabía esperar: tiene en su contra a los sindicatos, que eran un bastión del PD, no consiguió superar la crisis económica, no logró concretar ninguna de sus reformas y su principal aliado político es el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
En este ambiente de malestar con el gobierno se desarrollaron las manifestaciones masivas del fin de semana, enfocadas en particular contra la reforma laboral que propone Renzi. En las protestas participaron sindicalistas, trabajadores, estudiantes y activistas sociales contrarios al Plan Laboral, con el que Renzi quiere sustituir al Estatuto de los Trabajadores, vigente desde 1970. El cambio ya está aprobado en el Senado pero aún no pasó por Diputados. El principal cambio, si se aprueba, será que las empresas con más de 15 empleados podrán despedir a los trabajadores sin darles argumentos ni indemnización, algo que ahora está prohibido. Hoy el trabajador tiene derecho a ser readmitido en caso de despido desde el momento de la contratación, pero con la reforma pasará a ser un derecho adquirido con la antigüedad.
Berlusconi fue el último político italiano que intentó impulsar este cambio en las condiciones de despido, pero se contuvo después de una serie de manifestaciones en su contra que llegaron a reunir a cerca de tres millones de personas.
Ante el convencimiento de Renzi de respaldar la reforma, la Confederación General Italiana del Trabajo, la principal central sindical, convocó un paro general para el 5 de diciembre y reprochó a Renzi su “cada vez más evidente predilección” por la patronal. Aseguró que sus reformas “reducen los derechos y la dignidad de las personas y no determinan el urgente cambio político y económico necesario para iniciar una fase de crecimiento en la economía y el empleo”.
El primer ministro argumenta que esta reforma permitirá que crezca la tasa de empleo y, por tanto, la economía, lo que beneficiará a las empresas. No ha recibido a los representantes sindicales, y en un comunicado su Ejecutivo manifestó: “El gobierno no debe negociar con los sindicatos porque las leyes se escriben en el Parlamento. Si los sindicalistas quieren negociar el contenido de las leyes, que se presenten a las elecciones. Las posiciones sindicales no deben tener ninguna influencia sobre los planteamientos del gobierno ni sobre los resultados electorales del PD”.