A partir de Iguala

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La Policía sólo entró al campus universitario en tres oportunidades en los últimos 40 años; la última vez fue hace una semana, cuando con la excusa de detener a un ladrón, fotografió a estudiantes que participaban en una asamblea y disparó sobre uno de ellos. “La clase política necesita un mensaje claro”, dice Juan Carlos Barrón Pastor, doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional e investigador de temas de geopolítica de la región, con quien la diaria conversó en la Facultad de Humanidades en la UNAM.

-Estuviste el jueves 20 de noviembre en la marcha que llegó al Zócalo, que reclamaba la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Contame acerca de esa movilización.

-La marcha me pareció una demostración de civilidad. Es muy bueno ver que personas de este país y particularmente de esta ciudad han perdido el miedo a movilizarse. Después de 2006 hubo un desencanto por la movilización y cada vez veíamos a menos gente movilizándose por temas que podían ser de interés nacional, y de repente, a raíz de este crimen la sociedad se ha vuelto a movilizar.

-¿Por qué la desaparición de los normalistas genera estallidos de protesta que otros crímenes no provocaron?

-Ya había habido muchos crímenes cometidos en este país y siempre se presentaban como resultado del crimen organizado, de un brazo oculto mafioso que operaba en las sombras. Poco a poco, este país se ha ido dando cuenta de que ese lado oscuro del poder está íntimamente ligado a políticos locales. Y aunque ya había habido indignación por otros hechos, ésta es la primera vez que hay un conjunto de evidencias que se pueden mostrar. Es la primera vez, además, que el atentado va contra un grupo social, los normalistas, que están muy bien organizados, fuertemente vinculados con organizaciones de todo el espectro ideológico, y entonces la afrenta contra ellos encontró una gran organización social, a diferencia de otros casos tan indignantes como éste, como pudo haber sido el de los bebés que murieron en la guardería ABC, o los migrantes a los que mataron en San Fernando, o las 60 familias completas a las que persiguieron y mataron en Cohauila ¹. Son todos casos atroces, pero que siempre se presentaban como si un grupo criminal estuviera cometiendo esos crímenes y los gobiernos locales o federales estuvieran persiguiendo a esos criminales y fracasaran. En cambio, de los normalistas no se puede decir eso. Es un problema legal grave, porque no se los llevaron los narcos, sino la Policía. Y la Policía de Iguala debió haber cumplido con un procedimiento legal para su detención, aunque fuera arbitraria. Tuvieron que haber hecho algún tipo de papeleo. Y además, dado que la Policía es una fuerza legal, no podrían desaparecer, tendrían que tenerlos en algún lugar, detenidos en alguna situación legal. Arbitraria o grave, como pasa en este país, pero dentro de un procedimiento legal. Si el gobierno admite que la Policía se los llevó y que los mataron, está admitiendo que esa Policía, que es parte del Estado, llevó a cabo esa acción. Entonces resulta más fácil hacer todo el engorro que se está haciendo.

-¿A qué te referís cuando hablás de “engorro”?

-El engorro es la explicación que ha dado el gobierno federal a toda la situación: es una explicación inverosímil, que no se sostiene en términos de probabilidad. Básicamente, la narración oficial es que los normalistas estaban pidiendo dinero en Iguala, y como ya tenían un fuerte enfrentamiento político con la esposa del presidente municipal de Iguala, ella ordenó su detención, pero nada más su detención. Pero por la manera en que se pudo haber expresado, los policías se confunden, se equivocan, y entonces los secuestran y se los entregan a sicarios de un grupo que antes de eso no conocíamos, que se llama Guerreros Unidos. De acuerdo con la versión oficial, Guerreros Unidos los habría torturado y asesinado, y para borrar evidencia de tal cosa los quemó. Resulta inverosímil porque para poder hacer una pira funeraria para 43 cuerpos y que no quede el menor rastro habría tenido que ser una pira funeraria de condiciones muy específicas, a más de 1.200 grados de temperatura durante 15 horas o más. Se trata de unas condiciones que son muy difíciles de conseguir incluso en un crematorio establecido. Ése es el recuento de la atrocidad; oficialmente no están muertos sino desaparecidos por la Policía, y, por lo tanto, la Policía tiene que dar cuenta de ellos, sigue siendo responsable de presentarlos. El asunto se les va complicando a nivel internacional, porque se va haciendo impresentable la agenda de derechos humanos en México, algo que acá ya sabíamos que era una vacilada, un juego de política internacional, pero que hacia el interior no siempre se respetaba. Sabemos que los índices de impunidad en este país son gravísimos, los índices de torturas denunciados por Amnistía Internacional hablan de que en este país se ha institucionalizado ese tipo de prácticas y que no son excepcionales. Ésa es la cuestión.

-Siguen apareciendo fosas con cuerpos que no son los de los normalistas. ¿Eso es parte de la violencia institucionalizada?

-Justamente, pienso que en el discurso oficial es como si este evento fuera una cuestión excepcional, y el hartazgo de la gente se debe a que no es una situación excepcional y, además, todos sospechábamos que había una cierta colusión entre el crimen institucional y algunos líderes políticos locales. Ahora esto va floreciendo, lo vamos viendo, va quedando en evidencia. Tanto el alcalde como el gobernador de Guerrero son del partido de la supuesta izquierda [el Partido de la Revolución Democrática (PRD)], entonces había un buen número de personas que todavía pensaban que la respuesta vendría de un partido de izquierda. Que fueran cometidas atrocidades en estados con gobernadores del PRI [Partido Revolucionario Institucional] o del PAN [Partido Acción Nacional] era igualmente inaceptable en términos morales, pero entendible en términos ideológicos. Se suponía que la diferencia de los gobiernos de izquierda era que no iban a hacer eso. Ahora se cayó esa careta y es algo que está tocando todos los puntos de descomposición del Estado. En el aniversario de la Revolución Mexicana se solía hacer un desfile deportivo y se les daba a los militares sus nuevos rangos, había un bonito discurso, una cosa muy de los rituales estatales del siglo XX, y ayer [20 de noviembre] fue la primera vez que no se pudo llevar a cabo. Se canceló el desfile, se metieron todos al campo militar a hacer su puesta en escena. Lo que es importante es que al desfile van representantes de los tres partidos y esta vez los tres partidos pronuncian un discurso de unidad y llamado al orden y la paz social, y hablan de que el Estado tiene el derecho a usar la legítima violencia en caso de que las manifestaciones dejen de ser pacíficas. Eso sucedió al mismo tiempo que la sociedad iba tomando las calles [en la marcha en reclamo de aparición con vida de los 43 estudiantes] y en el caso de la Ciudad de México fueron decenas de miles, un número que tal vez no habíamos visto en esta ciudad desde los movimientos de solidaridad con el zapatismo.

-Ya antes habías mencionado que la movilización te recordaba a los movimientos de 2006. Hablás de un quiebre en ese año. ¿Qué pasó entonces?

-2006 es un momento clave. Muchos académicos sostienen que en México la transición democrática ocurre cuando se da la transferencia de poder del PRI al PAN, en el año 2000, y que a partir de entonces entrábamos en una supuesta normalidad democrática y ya no sería más la dictadura perfecta del siglo XX, sino que tendríamos un sistema electoral acorde a los nuevos tiempos. Para mí eso es una patraña, porque México se ha hecho experto en tener elecciones. Nosotros hemos legitimado a nuestros gobernantes desde 1824 por la vía electoral, y nunca hemos tenido democracia. En 2006 ocurren movimientos sociales que son importantes. El primero es el movimiento electoral en torno a la figura de Andrés López Obrador, un caudillo de la izquierda moderada, que acabó haciendo el ridículo. El segundo movimiento es el zapatista, que básicamente llamaba a no votar y a formar una gran red de organizaciones sociales genuinas o no corrompidas. En la práctica, al no conocer los contextos locales, los zapatistas se fueron a aliar con grupos políticos que en sus localidades estaban muy desprestigiados y que no tenían sintonía con su discurso. El tercer movimiento es el de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca, que hizo una movilización ciudadana como la que está ocurriendo ahora aquí, pero a nivel local, para quitar a su gobernador, porque se comprobó que había ordenado disparar contra unos maestros. A pesar de que tomaron la ciudad por cuatro meses, toda esa energía social no alcanzó para derrocar al gobernador. Esos movimientos, de manera conjunta, yo creo que influyeron en el ánimo de los mexicanos y nos hicieron pensar que ya no había ninguna opción; que, nos movilizáramos como nos movilizáramos, no había cambio posible.

-¿Eso explica el retorno del PRI y la victoria del presidente Enrique Peña Nieto?

-Llegó la elección de 2012, que fue típicamente priista, como si los 12 años de panismo no hubieran ocurrido. El funcionamiento del PRI consiste en que hay una elección que es legal, pero hay una serie de mecanismos informales para la compra y coacción del voto en poblaciones, y entonces el candidato que gana lo hace de manera contundente y legal, pero no por un voto libre e informado, sino por una compra y una coacción. En 2012 fue descaradamente así.

-¿Nadie protestó?

-Hubo un movimiento estudiantil, el Movimiento 132, que evidenció esta situación. Mostró, por ejemplo, las tarjetas con las que hacían las transferencias de dinero a las personas por los votos. También el Movimiento 132 tuvo la claridad de cuestionar a la televisora [Televisa], hacer las marchas y manifestaciones, en lugar de en el Zócalo o en los lugares tradicionales del poder, en las oficinas de las televisoras. Eso sacó de balance al gobierno, que en el Zócalo tiene muy estudiado como meter la Policía, pero en las oficinas de Televisa le rompieron la lógica. Además, llegó el uso de redes sociales para las movilizaciones estudiantiles. Después, el 132 se diluyó porque no había suficiente organización, solamente una consigna coyuntural que era evitar que Peña Nieto ganara la elección; no lo consiguieron y entonces el movimiento perdió su razón de ser. Al pasar la elección, se diluyó, pero es un antecedente que explica por qué el movimiento estudiantil está tan arraigado en este país, con tan buen uso de los medios electrónicos, de las redes sociales, páginas y radios por internet, sitios de discusión, blogs, que hacen que todo el aparato de propaganda, que funciona perfectamente para ciertas audiencias, no funcione prácticamente nada para un sector cada vez más creciente de la población, generalmente joven.

-Las redes sociales han sido claves en la denuncia de los secuestros de Ayotzinapa. ¿Fue eso lo que lo volvió un acontecimiento inocultable para el gobierno?

-El gobierno federal ha intentado argumentar que no se tardó en responder al caso de Ayotzinapa, sino que respondió conforme a sus tiempos legales, lo cual puede ser cierto. Pero en los tiempos electrónicos esos tiempos legales parecen una eternidad. Cuando estaban levantado a los chavos en las patrullas, las personas estaban filmando con sus celulares y estaban subiendo los videos a páginas como Desinformémonos o Sopitas, que era un sitio de videos para ridiculizar a los políticos y de pronto se convirtió en un sitio de internet importantísimo porque no tiene ningún filtro para que tú subas tus videos; era de videos chuscos y de pronto se convirtió en una herramienta política. En tiempo real, empieza a salir que los están levantando, periodistas empiezan a publicar en Facebook que en ese momento se estaban llevando a los normalistas. Entonces, que ahora nos digan que los torturaron, los quemaron vivos y los mataron unos tres días después..., de ser cierto, resulta que todo el mundo ya estaba enterado antes de que pasara.

-¿Cómo es Guerrero?

-Es un estado famoso porque allí está el puerto de Acapulco, que es históricamente muy importante porque es el puerto que pusieron los españoles para el comercio con Asia y uno de los principales centros turísticos del país. En las últimas décadas ese puerto ha sido un lugar estratégico para el tránsito de drogas de Colombia a Estados Unidos, que llegan por mar al puerto y entran a la ciudad de México y de Ciudad de México se van hacia el norte. Guerrero es el tercer estado más pobre del país, con la desigualdad más impresionante que te puedas imaginar. La zona de Acapulco a la que le llaman “zona diamante” es para gente con muchisisísimo dinero, y a dos cuadras de ahí tienes una pobreza brutal, y a dos horas de allí, en las montañas de Guerrero, tienes niveles de pobreza y hambruna tipo África. Entonces, Guerrero es una de las zonas más calientes del país, con mayor tradición de luchas sociales, de luchas guerrilleras. De hecho, su nombre viene de Vicente Guerrero, quien en la época de la independencia instaló en esa zona una guerrilla que saqueaba las diligencias que iban desde Acapulco a la ciudad de México, y viceversa. Y en la ciudad de Iguala, en Guerrero, se firmó el pacto por la independencia.

-¿Funcionan redes de narcotráfico allí?

-Todo indica que es un lugar estratégico para el tráfico de sustancias. Según información periodística, hasta 2006 Guerrero era productor de marihuana y a partir de 2008 empezó a hacerse productor de amapola, que es el principal negocio en la actualidad. En Guerrero se juntan un montón de factores que tienen que ver con el control militar, con el paso de drogas que vienen de Sudamérica, con la producción de la amapola, con la producción minera, y además el turismo, que es clave para el funcionamiento del crimen organizado porque se asocia al tráfico de personas, la trata de blancas o el turismo sexual, cosas de las que nadie está orgulloso. Pero también está el Guerrero profundo, la montaña, regiones prácticamente abandonadas en cuanto al desarrollo económico y social que solamente son objeto de programas clientelares. En Guerrero gobierna el partido de izquierda [PRD], el presidente municipal de Iguala también gobierna por parte de ese partido. Dado que Guerrero es el ejemplo clave del hambre que hay en este país, es objeto de muchos programas de asistencia social.

-¿Esos programas que mencionás incluyen propuestas educativas?

-Guerrero es, además, cuna de movimientos sociales, y las [escuelas] normales fueron una estrategia del gobierno de Lázaro Cárdenas para formar profesores rurales que pudieran ir a sus propias escuelas dentro de sus propias comunidades. Las normales fueron emblemáticas de un programa social de corte socialista que se llevó a cabo en los años 40. La idea era que la gente formara a sus profesores y con ellos se iniciara el cambio social. Ya llevan 30 años queriendo desaparecerlas o quitarles dinero. Es un actor incómodo en el escenario educativo nacional, las normales de Guerrero son particularmente incómodas y Ayotzinapa tiene fama de ser la non plus ultra de lo combativos que son.

-¿La desaparición de los normalistas puede hacer que la izquierda pierda el gobierno de Guerrero?

-Pienso que la lectura inicial del presidente y de su partido, el PRI, fue que podían capitalizar esa cuestión para poder exhibir al PRD como un partido represor y hacer capital político necesario para recuperar ese bastión para su partido. A mí me da la sensación de que todos los partidos están mostrando una miopía para leer lo que está pasando francamente impresionante. En el caso del PRD ya venía pasando que se estaban distanciando de sus principios originales, del movimiento social que creó el partido. Pero ha resultado sorprendente ver que el PRD, en lugar de estar discutiendo los temas nacionales asociados con esto, se queda en la discusión de por qué tenían a una persona así, como si fuera un caso excepcional, o si deberían renunciar o no el gobernador o el presidente del PRD. Una serie de discusiones que solamente les interesan a ellos.

-¿Se discute el futuro de Peña Nieto?

-En el círculo oficial, por supuesto, no se discute, aunque es evidente el clamor de la población que se moviliza en reclamo de que Peña Nieto renuncie. La demanda oficial es que se presente con vida a los 43 estudiantes, y yo creo que estamos a días de que la demanda oficial se convierta en la renuncia de Peña Nieto, porque todo el mundo lo está pidiendo dentro de la movilización. Eso hace que algunos pensemos que el gobierno del presidente está demasiado débil, pues todo parece indicar que no tiene la capacidad para resolver esta situación, y posiblemente muchas otras tampoco las pueda resolver. Además, sobra decir que la economía mexicana no crece y entonces la clase media, que normalmente no se involucra en este tipo de discusiones y que está preocupada por la seguridad, ahora está muy preocupada por la crisis económica y considera que Peña Nieto está fracasando en sus objetivos. Por otro lado, para nosotros, como académicos, algo que era muy importante para la viabilidad del sistema político mexicano era la instalación de un verdadero sistema anticorrupción que estaba dentro del eje de campaña de Peña Nieto, y ahora ese tema ya no se toca. De hecho, lo que ha caracterizado a este gobierno es una opacidad tremenda en sus recursos; el caso más reciente es el de una casa carísima que supuestamente compró la primera dama, que ni la actriz mejor pagada de Hollywood podría adquirir. Eso ha abonado la percepción de que la corrupción llega hasta arriba, cosa que a muchos no nos sorprende.

-¿Es viable la renuncia del presidente?

-Te confieso que, a título personal, me gustaría verlo, porque creo que este país lo que necesita es que los políticos dejen de tener la sensación de que pueden hacer lo que quieran. Ése sería un mensaje claro. Realmente, la población mexicana no es muy exigente con su clase política; el hecho de que esta clase política se sienta con autoridad y que pueda sentir que puede actuar con impunidad... pues sí necesita un mensaje claro, y ése sería el más claro. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que eso pase? Yo creo que faltan muchas cosas todavía. Primero, la organización social va a tener que pasar las fechas navideñas y todo ese momento de enfriamiento que ocurre en las actividades de la Navidad. Todas las universidades cerrarán la primera semana de diciembre, y me imagino que la expectativa es que regresemos el 15 de enero a ver qué pasó en esas seis semanas. Si la sociedad se adormece, no habrá primavera mexicana y Peña Nieto podrá seguir tranquilamente, como tantos presidentes en México, que han sido cuestionados pero luego de una pequeña crisis toman el rumbo y el timón, toman un preso político para agarrar de chivo expiatorio y con eso ganan la legitimidad para terminar su sexenio. Me imagino que ése es el plan oficial, y la movilización ciudadana va a tener ese reto. Hasta ahorita la organización ciudadana es muy incluyente porque el pliego es muy simple, la aparición con vida de 43 estudiantes, pero para pasar a un programa político o una demanda de renuncia del presidente, se requiere de un paso que la ciudadanía mexicana no ha dado desde la revolución. En este país ha pasado que la organización ciudadana alcanza para movilizar un estado como Chiapas, pero por las mismas dimensiones del país es muy difícil que haya una movilización ciudadana genuinamente nacional. No sería realista pensar que lo puedan hacer, pero sí sería deseable, y creo que hay muchísima gente que opina que hay que hacerlo. Entonces, pues capaz que pasa.