“Al igual que en el caso de Ayotzinapa [lugar en el que estudiaban los 43 estudiantes desaparecidos en setiembre en el municipio de Iguala, estado de Guerrero], las masacres en San Fernando son sintomáticas de la guerra sucia de la corrupción y la narcopolítica que ha consumido partes de México en la última década”, consideró la organización civil Archivo de Seguridad Nacional (ASN), fundada en 1985 por periodistas y académicos estadounidenses, al publicar parte del expediente sobre la matanza de San Fernando, que la Procuraduría General de la República desclasificó a pedido suyo.
Según el texto, Álvaro Alba Terrazas, uno de los policías detenidos por esta matanza, dijo a los investigadores que policías y agentes de tránsito recibieron un pago para entregar prisioneros al Cártel de los Zetas. “Sé que la Policía y los funcionarios de tránsito en San Fernando ayudan a la organización Zetas, porque en vez de llevar a los detenidos a la cárcel municipal, se los entregan a los Zetas”, dijo Alba, de acuerdo con el documento publicado en la página de ASN.
Según ese testimonio, los policías colaboraron con los Zetas en interceptar personas, que después les entregaban, y toleraron las actividades del grupo narcotraficante. El expediente de la Fiscalía pudo ser publicado porque el 10 de diciembre el ASN hizo una solicitud por intermedio del Instituto Federal de Acceso a la Información de México.
De acuerdo con lo publicado por ASN en su página web (http://ladiaria.com.uy/UGX), los policías municipales participaron en la “ejecución sumaria de 72 migrantes” en agosto de 2010, pero también en “un número incalculable de asesinatos similares que terminaron en el descubrimiento, en abril de 2011, de otros cientos de cuerpos en fosas comunes en la misma parte del estado de Tamaulipas”.
Otro documento desclasificado el lunes por la organización, proveniente del consulado estadounidense en Matamoros, indica que 17 “zetas” y 16 policías del municipio de San Fernando han sido detenidos por esas muertes y que además los funcionarios están acusados de “proteger a los miembros de los Zetas, responsables del secuestro y asesinato de pasajeros de autobuses en la zona de San Fernando”.
Para ASN, asesinatos “como éstos son muy preocupantes” debido a que atrás de ellos se encuentran cárteles de las drogas con “la colaboración de, como mínimo, la Policía local”. El comunicado agrega que los documentos desclasificados dejan muchas dudas, entre ellas qué ocurrió con los funcionarios arrestados. Para la organización es un logro que las autoridades mexicanas desclasificaran esa información, aunque todavía falta mucho para conocer todo lo ocurrido en este caso.
También fueron revelados cables del consulado estadounidense en Monterrey y otros documentos diplomáticos de Estados Unidos que muestran cómo los Zetas ejercían “el control sobre la Policía y otros funcionarios en el estado de Nuevo León [fronterizo con Tamaulipas] y cómo los agentes corruptos eran blancos de cárteles rivales”.
La matanza de estos 72 inmigrantes fue atribuida por las autoridades mexicanas a los Zetas. Según éstas, los Zetas secuestraron a los inmigrantes y como no recibieron el pago de un rescate que pidieron a sus familiares, les ordenaron que trabajaran para ellos. Como se negaron, los ejecutaron.