Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la mayor organización de trabajadores rurales de Paraguay, se concentraron el jueves en Asunción con pulverizadores manuales cargados de agrotóxicos y con botellas con agua de arroyos que consideran contaminados por la fumigación de cultivos. Querían que dos funcionarios les permitieran fumigar su jardín con una mezcla de glifosato y endosulfán, que aceptaran tomar un tereré con el agua de esos arroyos, o accedieran a reconocer que la contaminación es peligrosa, informó el jueves el periódico E’a. El desafío estaba dirigido a Jorge Gattini, el ministro de Agricultura, y a Francisco Regis Mereles, el titular del organismo a cargo de controlar las fumigaciones (el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, conocido como Senave).
Gattini había dicho que los agrotóxicos no son tan dañinos como argumentan los campesinos, y Mereles, que antes de titular del Senave fue presidente de la Asociación de Productores de Soja, había declarado públicamente: “Hay uso correcto de los agroquímicos, no hay peligro para nadie”.
Esa protesta fue una de muchas que han impulsado los trabajadores rurales paraguayos, y en particular la FNC, contra las fumigaciones ilegales desde que empezó el año. Uno de los resultados que obtuvieron, después de que la Policía reprimiera varias de sus movilizaciones, fue la aprobación de un protocolo de actuación policial ante conflictos referidos a la fumigación de cultivos.
Ese protocolo establece que en caso de un conflicto de ese tipo la Policía tiene que comunicarlo a su Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales. Éste deberá averiguar si los productos que se utilizan para fumigar están autorizados por el Senave, y si se cumplen las reglas establecidas en la ley, como la de mantener ciertas distancias entre el área rociada y las zonas de viviendas o cursos de agua naturales. Si esas reglas no se cumplen, la Policía deberá ocuparse de detener las fumigaciones.
La FNC exigía al gobierno de Horacio Cartes mayores controles al uso de agrotóxicos, frecuentes en las plantaciones de soja. Los campesinos denuncian que los grandes productores no respetan las leyes que regulan esas prácticas, y que envenenan sus tierras y sus cultivos. En respuesta, el ministro Gattini aseguró semanas atrás que “el problema de contaminación no es el uso de fitosanitarios sino el exceso de dosis y su mala aplicación”.
Sin embargo, el gobierno ha reconocido sus limitaciones en la tarea de vigilar estas prácticas y ha manifestado su voluntad de mejorar su fiscalización. El jefe de comunicación del ministerio, Alberto Ledesma, explicó que “los controles de agroquímicos se han hecho de forma aleatoria” y que las plantaciones de soja son muy grandes para controlarlas. Estimó que ocupan algo más de dos millones de hectáreas, número que la FNC eleva a tres millones. Según la organización campesina, en ese territorio se utilizan cada año 60 millones de litros de agroquímicos.
Paraguay es el tercer exportador de soja en el mundo, y la federación denuncia que estos cultivos están desplazando a otros tradicionales y con ellos a los campesinos que los producen, todo esto con la anuencia de las autoridades. “El Ministerio de Agricultura está defendiendo un modelo de producción que depende de la sojización y además está acusando a la FNC de hacer una lucha ideológica, con lo que está incitando a la represión campesina por parte del Estado”, dijo a la agencia de noticias Efe el secretario general adjunto de la FNC, Marcial Gómez.
Con o sin protocolo
El propio presidente paraguayo había reconocido que los controles que aplica su gobierno a las fumigaciones de plantaciones de soja no son suficientes: “Tenemos que revisar si estamos con la cantidad de gente ideal para poder hacer los controles. Tengo entendido que no; sería una debilidad nuestra”. Estos problemas no se resuelven con el protocolo de acción policial.
El titular del Senave, Mereles, llegó a plantear que la solución era la autorregulación de quienes usan y venden los agrotóxicos, informó E’a. El periódico recordó que en sus tiempos de dirigente de los productores de soja, el ahora titular del Senave llegó a pedir al Poder Ejecutivo que interviniera ese servicio por “abuso de autoridad e inconstitucionalidad” cuando éste intentó obligar a los productores a avisar con 24 horas de anticipación antes de fumigar un campo.
Otras respuestas
A fines de enero, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, compareció ante una Comisión Especial del Senado que investigaba la denuncia de ocho campesinos movilizados contra las fumigaciones, quienes dijeron haber sido torturados el 15 de ese mes en la localidad de Tapiracuái Loma, en el departamento de San Pedro. El caso está en manos de la Fiscalía.
El ministro, además, fue consultado por la represión policial a un centenar de campesinos en otra zona de ese departamento, en General Resquín, cuando protestaban contra una fumigación en una plantación de soja cerca de sus cultivos. La Policía usó gases lacrimógenos y balas de goma, y uno de los trabajadores rurales perdió un ojo por esos disparos. Los campesinos han denunciado que esos funcionarios actúan muchas veces sin orden del juez y como guardias al servicio de los sojeros, mientras que la Policía ha argumentado que las protestas campesinas son violentas.
Las intervenciones de los legisladores en esa sesión señalaban que si bien se están regularizando las actuaciones policiales contra los manifestantes, con el objetivo de que actúen a pedido de un juez, la existencia de una orden judicial no es una garantía de que la fumigación cumpla con los requisitos legales. “El último procedimiento fue con orden judicial, pero [la fumigación] no se ajusta al marco legal. En el tema fumigaciones casi no existe ningún respeto al marco legal”, dijo Hugo Richer, senador del Frente Guasú. Su par Luis Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico, dijo que aunque exista orden judicial de proteger una fumigación, si ésta no cumple con los requisitos no se puede “aceptar que un juez ordene la protección de un envenenamiento”.
En este sentido, De Vargas consideró que hay resoluciones judiciales que ponen a la Policía “entre la espada y la pared”. A estas situaciones apunta el protocolo recién aprobado, por el cual hay que verificar las condiciones de fumigación.
Actuación fiscal
En otra protesta campesina contra el cultivo de soja, el sábado 1º de febrero, las balas de goma de la Policía hirieron a 16 trabajadores rurales. Al día siguiente, en Luz Bella, otra localidad de San Pedro, fue asesinado de 12 balazos uno de los participantes en esa manifestación, Neri Benítez Galeano. Desde entonces la FNC está movilizada también para reclamar que se investigue este asesinato, y manifestó en un comunicado que ese crimen “tiene todas las características de un ajusticiamiento” vinculado a la militancia de Galeano.
“Los fiscales actúan claramente contra los compañeros del campo y a favor de los intereses de los sojeros y de los grandes productores agrarios”, dijo a Efe Marcial Gómez. No es la primera vez que los trabajadores rurales paraguayos cuestionan la voluntad de los fiscales al investigar casos en los que ellos son las víctimas. Por ejemplo, han criticado los procedimientos y las decisiones adoptados en la investigación de la llamada “matanza de Curuguaty”, el desalojo de una ocupación campesina de tierras que terminó con 11 ocupantes y seis policías muertos el 15 de junio de 2012. El caso sirvió de argumento para el cuestionado juicio político por el que fue destituido el presidente Fernando Lugo.
Por esos hechos no fue procesado ningún policía, pero sí 11 campesinos, acusados de invadir la propiedad y de homicidio. Todos ellos están en algún régimen de detención preventiva -seis en prisión domiciliaria y cinco en la cárcel de Tacumbú- mientras se espera el juicio, para el que todavía no hay fecha, en un proceso que según denuncian los acusados tiene varias irregularidades.
Los cinco campesinos presos en Tacumbú iniciaron el domingo 16 una huelga de hambre para reclamar su libertad, y argumentan que en junio ya habrán cumplido el máximo de dos años de prisión preventiva previsto en la ley. Los cinco huelguistas -Néstor Castro, Rubén Villalba, Felipe Balmori, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana- denunciaron en un comunicado que están en la cárcel sin “una sola prueba seria” en su contra y que la Fiscalía violó sus derechos y fabricó evidencia.
Exigen además que se entreguen a trabajadores rurales esas tierras que habían ocupado en 2012, que están en litigio entre el Estado y la familia del dirigente colorado y empresario Blas Riquelme, que murió a fines de ese año.
Además de los cargos que se presentaron contra ellos, otras actuaciones fiscales los tocaron de cerca. El miércoles 5, el fiscal José Zarza presentó cargos contra Martina Paredes, familiar de uno de los campesinos muertos en Curuguaty, y contra otros dos activistas, Darío Costa y Mariano Castro, por considerarlos los “cabecillas” de una ocupación “simbólica” de tierras muy cerca del lugar de la matanza. Aunque el fiscal fue al terreno y no encontró ocupantes sino una división de la tierra en parcelas y cultivos, emitió órdenes de captura contra ellos por “invasión de inmueble”.
Para el día siguiente fue convocada una protesta frente a la Fiscalía General del Estado para repudiar la “criminalización de la lucha de los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty” y en rechazo a la orden de captura emitida por Zarza. “Hicimos ocho hectáreas de cultivos en una chacra comunitaria para autoconsumo, para sobrevivir. Es una persecución injusta y es una masacre más contra nosotros. Luchamos por la libertad de los compañeros y por que las tierras sean devueltas al Estado”, dijo Paredes.
Con sus sucesivas protestas, además de lograr que se aprobara el protocolo de actuación policial, los campesinos paraguayos pudieron hacerse oír. En cambio, no consiguieron que el ministro de Agricultura los recibiera el jueves, ni llegar a fumigar su jardín -que encontraron protegido por un grupo de policías antimotines-, ni mucho menos que Gattini y Mereles les aceptaran el tereré.