Es un recurso repetido. Alguien que se considera afectado por la publicación de una noticia entabla una demanda judicial contra los medios y periodistas que la divulgaron. La Justicia suele desestimar estos recursos. ¿Por qué, entonces, la práctica no cesa? Una respuesta posible es que los demandantes procuran de esta forma que la prensa los trate con deferencia. Es decir, que los y las periodistas se autocensuren cuando informen sobre ellos.
El abogado penalista Juan Fagúndez, veterano defensor de periodistas, definió como “angustia judicial” la sensación de cualquier persona demandada o convocada a los tribunales en carácter de testigo o indagado, aun cuando lleve las de ganar. Porque la posibilidad de perder se te cuela en tus pesadillas, porque tenés que buscar y pagar asesoramiento o representación legal, porque los interrogatorios son una enorme molestia y porque es muy probable que debas compartir durante un buen rato la sala de espera con tus acusadores.
El abogado Pablo Correa confirmó ayer a la diaria que el coronel Jack Martínez y su hijo Nicolás (edecán del ex presidente Luis Alberto Lacalle uno, y miembro del comando de la campaña de Luis Lacalle Pou, el otro) presentarán una demanda civil contra periodistas de la revista digital Fósforo, que reveló en abril pasado los números de matrícula de un par de camionetas usadas para incendiar contenedores de residuos. El usufructo de uno de esos vehículos es compartido por los Martínez en régimen de leasing, según informó el semanario Brecha el 21 de febrero de este año. Los demandantes presumen que Fósforo actuó con malicia. “¿Te pensás que justo salió la matrícula de mi coche de casualidad?”, dijo a la diaria Nicolás Martínez, con gestos de incredulidad.
Lo peculiar del caso es el anuncio de una demanda civil mientras se sustancia la instancia penal iniciada por el diputado colorado Fitzgerald Cantero poco después de conocido el informe de Fósforo. El apellido Martínez no salió a la luz a instancias de esa revista ni de Brecha, sino en las respuestas a consultas de la Justicia a la Intendencia de Montevideo y el Banco Comercial sobre la propiedad de la camioneta. Padre e hijo se zambullirán en el fuero civil sin haber sacado aún la cabeza del proceso penal que los tiene como indagados. La presunción de inocencia es sagrada, pero esto es como poner el jet-ski delante de la 4x4. Atribuirles a los periodistas de Fósforo tal alevosía (que ellos ya sabían, en abril de 2013, que el número de matrícula correspondía al vehículo de los Martínez) refleja una teoría conspirativa exagerada: es preciso extremar la imaginación para creer que un medio lanzó un dato falso para que explotara en tu cara diez meses después. Pero el padre, el hijo y su líder político ni siquiera consideran la posibilidad de un error de buena fe: “Alguien mintió. Vamos a ir hasta el hueso para que la mentira no quede impune”, dijo Lacalle Pou.
La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo cuestiona las “leyes mordaza” penales, sino también el abuso del fuero civil. “Estas acciones pueden tener la intención de amedrentar al medio y los periodistas o al menos buscar la autocensura”, dijo en 2005 el entonces presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la organización, Gonzalo Marroquín.
Recuérdense apenas cuatro ejemplos. Celeste Álvarez demandó en 2007 una reparación de 40.000 dólares a la periodista Ana María Mizrahi, de Televisión Nacional, por entrevistar al tupamaro que asesinó en 1972 a su padre, el coronel Artigas Álvarez. El coronel retirado Ricardo Mangini, señalado en declaraciones de un testigo al diario La República como homicida del estudiante Nelson Rodríguez Muela en 1972, acusó en 2008 por injurias al autor de ese informe, Roger Rodríguez. Ese mismo año, Pablo Gonçalvez (condenado por homicidio y violación) y su esposa exigieron 200.000 dólares al programa televisivo La culpa es nuestra, que emitía Canal 10, por un sketch humorístico que ilustraba las condiciones privilegiadas de reclusión del primero. Hasta una periodista, Mónica Bottero, directora del suplemento Galería del semanario Búsqueda, reclamó en 2006 a El País y a su colega Leonardo Haberkorn 100.000 dólares de indemnización por “daño moral, profesional, a la vida de relación y a la intimidad”. Los cuatro demandantes perdieron los juicios.
El Parlamento eliminó en 2009 algunos obstáculos penales al ejercicio de la libertad de expresión, pero la judicialización continúa. Un funcionario de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez, acusó de difamación e injurias en octubre a periodistas del diario El Eco de Nueva Palmira por informar sobre irregularidades en el manejo de multas de tránsito. El caso de los Martínez es sólo el más reciente.
La finalidad de la tortura no es obtener información, como suelen alegar los represores, sino sembrar el miedo en la sociedad que recibe después a los torturados. De un modo similar, demandas como la que prometen los Martínez afectan a todo el periodismo y derivan, con frecuencia, en autocensura, en desinformación, en un verdadero tormento para la prensa y para toda la sociedad.