Un total de 545 personas fueron juzgadas por los distintos hechos violentos que se desataron después de que el Ejército desalojara, en agosto de 2013, en El Cairo, dos campamentos que se habían instalado en protesta por el golpe de Estado contra Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes. El Ejército utilizó armas de fuego y hasta excavadoras para desarmar los inmensos campamentos, que incluían desde baños químicos hasta puestos de comida ambulantes.
La represión de los acampantes fue tal que ese mismo día se contabilizaron unos 300 muertos, pero nunca se divulgó una cifra definitiva de cuántos heridos graves fallecieron en los días siguientes, en los que hubo otros operativos de represión en los que también murieron personas.
Los seguidores de los Hermanos Musulmanes reaccionaron ante esas acciones represivas y en ese marco fue invadida una comisaría y asesinaron a su subdirector, Mostafa el Attar. Por esos eventos, y otros que siguieron al desalojo, fueron acusadas 545 personas, de las cuales 16 fueron absueltas ayer. De las 529 restantes, casi 400 fueron juzgadas en rebeldía porque están prófugas.
El proceso judicial contó con una sola sesión antes del veredicto final y a esa instancia no se permitió que asistieran los abogados de varios de los acusados, ya que se consideró que estaban “discutiendo de política”. Tras esa primera instancia, que fue el sábado, el presidente del tribunal, Said Yusef Mohamed, anunció que el veredicto se haría público el lunes. El juicio pudo hacerse sólo en dos jornadas justamente porque no se permitió que los abogados presentaran sus defensas ni que los testigos hicieran declaraciones, entre otras irregularidades que han llevado a que organizaciones como Amnistía Internacional dieran una voz de alerta. Cuestionaron la rapidez del proceso y la dureza de la condena.
El fallo final será trasladado a Hauqi Alam, el mufti egipcio, la máxima autoridad religiosa, que emitirá una opinión sobre la condena. Si bien su declaración no es vinculante, se considera que es necesaria una ratificación suya para ejecutar la condena en casos de pena capital. El fallo definitivo se emitirá el 28 de abril y entonces podrán presentar sus apelaciones los abogados defensores.
El abogado egipcio Naser Amin, miembro del semigubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos, indicó que no cree que se llegue a aplicar la pena de muerte y señaló en declaraciones a la agencia de noticias Efe que en la mayoría de los casos el tribunal de apelaciones anula las sentencias de muerte y ordena que se realice un nuevo juicio con otros magistrados.
Gamal Eid, director de la Red Árabe, que reúne a organizaciones de derechos humanos de varios países del norte de África, consideró que el veredicto es “un desastre” y “un escándalo” para Egipto, y que “incluso si son juzgados en rebeldía no se puede sentenciar a muerte a 529 acusados en tres días”. Por su parte, los Hermanos Musulmanes emitieron un comunicado y algunos de sus portavoces hablaron con medios internacionales. Manifestaron su sorpresa con este fallo, que consideraron “impactante y sin precedentes”, y sostuvieron que el proceso judicial fue “una clara violación de todas las normas de justicia humana y legal”. Además, aseguraron que el Poder Judicial egipcio es “corrupto” y está siendo utilizado por el Ejército “para reprimir la revolución egipcia e instalar un régimen brutal”.