El gobierno brasileño aprobó un proyecto de ley para indemnizar con 25.000 reales -unos 11.000 dólares- a los trabajadores conocidos como “soldados da borracha” (“soldados del caucho”), que fueron reclutados mediante engaños durante la Segunda Guerra Mundial para extraer látex en la región amazónica, y de los cuales muy pocos lograron volver a sus hogares.
En el marco de la Segunda Guerra era necesaria una alta producción de látex, del que se obtiene el caucho, para la fabricación de neumáticos y armas. Japón había invadido Malasia, donde se extraía ese material, y Estados Unidos recurrió a la zona amazónica, para lo cual firmó con Brasil el Acuerdo de Washington. El gobierno de Getúlio Vargas se comprometió a aumentar su producción anual de látex de 18.000 a 45.000 toneladas para proveer a Estados Unidos.
Con el objetivo de cumplir con el acuerdo se crearon nuevas instituciones: el Servicio Especial de Movilización de Trabajadores hacia la Amazonia, la Superintendencia para el Abastecimiento del Valle Amazónico y el Banco de Crédito del Caucho, entre otras, concentradas en el noreste de Brasil, que era -y sigue siendo- la zona más pobre del país.
Allí reclutaban trabajadores con promesas de casa, comida, transporte y medicamentos, y de que serían enviados de vuelta a sus lugares de residencia cuando terminaran con la extracción. Los reclutados eran alojados en edificios militares y luego hacían el viaje a la zona de extracción, que duraba entre dos y tres meses.
Unas 60.000 personas fueron reclutadas, y entre 20.000 y 30.000 murieron en la Amazonia, víctimas de enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, de ataques de animales salvajes, de desnutrición o incluso asesinadas. Quienes vivieron la experiencia cuentan que estaban en condiciones de semiesclavitud, que trabajaban de las 4.00 a las 20.00 y que comían lo que podían cazar, porque no les daban alimentos excepto harina y sal. Además, los pagos eran muy exiguos porque el Estado les aseguraba que estaban endeudados y que debían pagar los pocos alimentos que recibían y el alojamiento.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial terminó la fiebre extractiva y el gobierno brasileño incumplió con su promesa de llevar a los trabajadores a sus casas. Se estima que menos de la tercera parte de los sobrevivientes lograron volver; la mayoría quedó en la selva. Los que regresaron fueron reconocidos como héroes nacionales y se les adjudicó una pensión equivalente a dos salarios mínimos -unos 640 dólares-, lo mismo que a los soldados brasileños que lucharon junto a los estadounidenses. Ahora el gobierno les brindará -en 2014 o 2015- esta indemnización de unos 11.000 dólares, que podrán cobrar tanto los sobrevivientes como sus familiares. Esta iniciativa generó molestias en varios de los sobrevivientes, que aseguran que merecen una indemnización mayor por el esfuerzo que realizaron en la selva, a la que llegaron engañados por el propio gobierno.
El proyecto se aprobó en una sesión conmemorativa en la Cámara de Representantes, al final de la cual tomó la palabra uno de los sobrevivientes, Belizário Costa, de 96 años, para decir que la indemnización es “una miseria”, que “es lo mismo que los diputados gastan en el desayuno”. Además, responsabilizó a la presidenta Dilma Rousseff y a la diputada comunista Perpétua Almeida de no haber reclamado una indemnización mayor. “Nosotros ganamos la guerra. Nuestros gobernantes hoy no nos valoran. Cuando nos contrataron nos prometieron todo y hoy ni siquiera tengo casa. Gano dos salarios mínimos que ni siquiera dan para comprar la comida”, aseguró.
Una de las correligionarias de Almeida, Vanessa Grazziotin, hizo hincapié en que se estaba realizando “una sesión conmemorativa por el hecho de que el gobierno está destinando más de 300 millones de reales” a indemnizaciones.
El diputado que presentó la propuesta hace 11 años, Arlindo Chinaglia, del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo que la ley prácticamente no tuvo consultas porque era urgente aprobarla por “la edad avanzada de los interesados”, ya que “todos” tienen más de 80 años.
El Sindicato de los Soldados y Extractores del estado norteño de Roraima ya está reclamando al gobierno por un arreglo mejor para los sobrevivientes. “Tenemos que actuar para resarcir las condiciones a las que fueron sometidos durante la gestión de Vargas”, aseguro su vicepresidente, Jorge Teles.