“Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos con Chile: iniciar un proceso de transformación profunda a nuestro sistema educativo que permita asegurar calidad, gratuidad, integración y [poner] fin al lucro en la educación”, dijo ayer la presidenta chilena, Michelle Bachelet, al firmar el proyecto de reforma en un acto oficial. El texto ingresa hoy a la Cámara de Diputados, con un plazo de 30 días para ser tramitado.
Bachelet fue electa con la promesa de responder a los reclamos del movimiento estudiantil, que comenzó a movilizarse durante su primer mandato, en 2006, y se convirtió en masivo en 2011. La gobernante dijo que la reforma presentada ayer busca “terminar con distorsiones, como que se lucre con fondos públicos y que esos recursos no sean usados en la educación”.
Pero la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) resolvió el domingo, en una asamblea, no apoyar esta reforma y convocó una manifestación para mañana en Valparaíso, ciudad sede del Congreso. “La Confech tiene claridad y sabe cuáles son los pilares de la educación de mercado y que [...] en el gobierno no hay voluntad de avanzar en la dirección contraria a la educación de mercado y enfrentarse realmente a los que lucran”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confech, Melissa Sepúlveda, después de la reunión.
Sin embargo, Bachelet aseguró ayer que con ese proyecto -que Sepúlveda tachó de “incompleto” y “parcelado”- su gobierno está “dando el primer paso de la reforma educacional quizá más significativa de los últimos 50 años”. Dijo que esta iniciativa responde a las demandas planteadas “en las calles” y apunta a tener “una educación de calidad, gratuita e integradora; la tarea más noble”.
El texto prohíbe el lucro por parte de quienes gestionan establecimientos de educación secundaria (algo que de momento es legal) y los obliga a reinvertir los fondos que les asigna el Estado. Además, los liceos que reciban fondos del Estado ya no podrán seleccionar a los alumnos que ingresan según criterios “socioeconómicos, étnicos o culturales”, o cualquier otro criterio “arbitrario”. Sin embargo, los centros educativos llamados “emblemáticos”, por la excelencia de su nivel de enseñanza, tendrán un estatuto particular. Si bien no podrán elegir a sus alumnos con pruebas académicas que representen “una selección social”, sí podrán seleccionar a los alumnos en función de si están entre los mejores de su liceo o escuela de origen.
Por último, los liceos que reciban fondos del Estado ya no podrán pedir, además, cobrar matrícula a los alumnos, algo que en Chile se conoce como el “copago”. El objetivo de esta medida es que, dentro de diez años, se acabe “la exclusión en virtud de la capacidad de pago de la familia y asegurar la gratuidad efectiva para todos los estudiantes del sistema público y particular subvencionado”.
Además, el proyecto prevé crear dos organismos a cargo de repensar la educación preescolar y su control. Bachelet prometió enviar, antes de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, en junio, otros textos que reformarán la educación terciaria y, más adelante, se modificará también la formación docente.