El deterioro de la seguridad en gran parte del país, la falta de combustible y la escasez de algunos productos básicos, así como irregularidades en el pago de los salarios a los funcionarios y la corrupción generalizada, son algunos de los temas que más preocupan a la gente en Libia. La producción de petróleo está casi detenida y las estaciones de servicio son atacadas o desabastecidas debido al tráfico de combustible y a una mala gestión de las importaciones que el país debe realizar ante la falta de producción propia suficiente.
Estos problemas son síntomas de una desorganización política que se arrastra desde la caída y el asesinato del ex gobernante Muamar Gadafi, en 2011, en medio de una intervención militar internacional que apoyó a la oposición armada del país. El resultado del derrocamiento de quien llevaba las riendas del país desde 1969 fue el resurgimiento de las rivalidades entre las tribus que componen la población libia. Esto se ha traducido en enfrentamientos armados entre milicias que salieron fortalecidas durante el levantamiento contra Gadafi, y en un bloqueo político.
Además, el sistema político está trabado por las diferencias entre los liberales, ganadores de las primeras elecciones legislativas, y los islamistas (entre ellos representantes del movimiento de los Hermanos Musulmanes). Con una ley que proscribió a quienes hayan ejercido cargos durante los gobiernos de Gadafi, los islamistas consiguieron de hecho dominar el Poder Legislativo, mientras que el Ejecutivo sigue en manos de políticos moderados y laicos, ganadores de las legislativas de julio de 2012. Todo esto llevó a que no se pudiera redactar una Constitución, fortalecer el sistema judicial, ni crear fuerzas armadas y Policía nacionales, algo que deja la seguridad del país en manos de milicias que continúan defendiendo intereses diversos.
La incidencia de las milicias en la política se pudo ver en la irrupción de grupos federalistas que ocuparon los puertos petroleros del Golfo de Sirte, o la del general retirado general Jalifa Hafter, apoyado por las milicias de Zintán, que se sublevó contra los grupos armados islamistas y con ese objetivo tomó el Parlamento a fines de mayo, algo que desató la convocatoria a las elecciones de ayer.
Las tropas de Hafter en Bengasi, la segunda ciudad del país, habitual cuna de diversos movimientos de resistencia, siguen luchando contra islamistas dominados por Ansar al Sharia, una organización vinculada a la red Al Qaeda. Sin embargo, con motivo de la elección habían prometido mantener un alto el fuego, que fue parcialmente respetado, motivo por el que no todos los centros de votación pudieron abrir en esa ciudad. Además, problemas de seguridad y técnicos impidieron que se votara en colegios electorales en Derna, en el noreste, y obligaron al cierre de centros de voto en Kufra, en el sureste, o en Al Yamil, en Trípoli, donde desconocidos robaron urnas en por lo menos ocho circuitos, según medios libios citados por la agencia de noticias Efe.
“En esta etapa, el recurso a las urnas es la única opción que tienen los libios”, dijo el presidente de la Comisión Electoral libia, Emad al Saih. En su opinión, los comicios establecerán las bases de una alternancia pacífica del poder y ayudarán a concretar un Estado democrático.
Sin embargo, además de las amenazas a la seguridad, que quizá hayan disuadido a algunos habilitados a votar, los inscriptos en el padrón electoral, que se renueva para cada votación, son muy pocos. En 2012, cuando se celebraron las primeras elecciones legislativas después de la caída de Gadafi, se anotaron en el padrón 2,7 millones de libios, mientras que para la elección de ayer lo hicieron sólo 1,5 millones de los 3,4 millones de votantes potenciales, según el último censo. Para incentivar la participación, ayer fue declarado feriado.
Los votos se emitían para elegir a 168 hombres y 32 mujeres que van a integrar el Congreso de los Diputados, que sustituirá al actual Congreso Nacional General. El cambio de nombre es un intento de mejorar la imagen de una entidad que perdió legitimidad por su incapacidad a la hora de imponer su autoridad. Con el mismo objetivo se prohibió la participación de los partidos en la elección, por lo que los 1.628 candidatos se presentaron como independientes, aunque en los hechos las fuerzas políticas siguen aportando su apoyo a ciertos candidatos.
Está previsto que el Poder Legislativo, cuya composición se dará a conocer dentro de “varios días”, trabaje hasta que se logre aprobar una Constitución por referéndum. En ese texto trabaja la Asamblea Constituyente electa en febrero, bajo la supuesta supervisión del Congreso, que debe aprobarla antes de someterla a una consulta popular prevista para el año que viene. Además, el nuevo Parlamento deberá decidir si el próximo presidente será electo por los diputados, como quieren los islamistas, o por voto directo, como reclaman los liberales.