En 2001 Argentina declaró el cese de pagos de su deuda soberana por 102.000 millones de dólares debido a la crisis económica que atravesaba. En 2005 y 2010 implementó dos reestructuras de la deuda, que 92,4% de los acreedores aceptó.
El 7,6% restante no lo aceptó y una pequeña parte de ellos -0,45%- inició acciones legales en Estados Unidos. Se trata de fondos de inversión especulativa, que se dedican a comprar deudas de Estados o empresas a un valor menor al nominal para después, cuando el Estado o la empresa esté recuperada, recurrir a la Justicia y reclamar que se le devuelva todo el valor nominal.
El de Argentina no es el primer antecedente; en Perú sucedió algo parecido en los 90, y según el fallo judicial -también llevado a cabo en Estados Unidos- una empresa identificada como un fondo buitre compró deuda peruana -20 millones de dólares a 50% de su valor nominal, o sea, pagando 10 millones de dólares- “con la intención y el propósito de entablar un juicio” después y exigir que se le pagara el 100%, los 20 millones de dólares. En ese caso judicial también la victoria fue de los fondos buitres; actualmente se están haciendo compras de deuda de España, esperando la recuperación de su economía.Los fondos buitres lograron en Estados Unidos dos victorias judiciales ante Argentina en tribunales de primera instancia y de apelaciones, que fueron apelados ante la Corte Suprema. Esta corte anunció ayer que no tratará el caso, por lo que se aplicará la última sentencia, que fue favorable a los fondos basándose en lo que se conoce como la cláusula pari passu, que establece que todos los acreedores merecen el mismo trato.
Cuestión de fondos
La mala noticia para Argentina no es sólo que tiene que pagarles a los fondos buitres, sino que este fallo judicial abre la puerta a nuevos reclamos. Del 7,6% de acreedores que no acordó, sólo 0,45% recurrió a la Justicia, pero ahora podría hacerlo el resto. Y el escenario podría ser todavía peor: los acreedores con los que el gobierno ya acordó en 2005 o 2010 podrían reclamar también que se les pague el 100%, recurriendo a la misma cláusula pari passu.
El gobierno argentino manifestó en su último escrito ante la Justicia estadounidense que si se le obliga a pagar la totalidad de la deuda a los fondos buitres, abriendo la puerta a otros reclamos, el país corre un “serio e inminente riesgo de default”. Argentina tiene los fondos necesarios para pagar los 1.300 millones de dólares que reclaman los fondos buitres que ganaron en Estados Unidos, pero no para pagarles a todos los acreedores con los que no se llegó a un acuerdo. En este caso la suma llegaría a 20.000 millones de dólares, más de dos tercios de las reservas del Banco Central.
Contrarreloj
La Corte Suprema tenía tres opciones: rechazar el caso -tal como sucedió-, aceptarlo o dilatar su tratamiento. Esta última hubiera sido una buena opción para Argentina, que necesita tiempo. Primero, porque el 30 de junio vence una serie de pagos con los acreedores con los que sí logró un acuerdo: si la sentencia favorable a los fondos buitres entra en vigor antes, debe pagar primero a los denunciantes y después a los demás acreedores. Si deja de pagar a cualquiera de los dos, entra en default técnico.
Segundo, porque en el último día de 2014 deja de regir la cláusula pari passu, incluida en los canjes de deuda que se realizaron en 2005 y 2010, y los acreedores con los que ya se pactó no tendrán derecho a reclamo. Ayer varios medios daban por descontado que Argentina pediría a la Corte Suprema una reconsideración del veredicto, pese a que el tribunal no suele otorgarlo -no lo hace desde hace 15 años-, porque serviría para retrasar la entrada en vigor de la sentencia.
Los fondos buitres podrán pedir que se retire la medida cautelar que mantiene suspendida la sentencia, por lo que quedará en manos del juez de la causa, Thomas Griesa, disponer cómo se implementará su cumplimiento.
Las alternativas de Argentina son cumplir con el fallo y pagar, intentar una negociación -lo que parece poco probable porque los fondos buitres ya se negaron a negociar en abril del año pasado-, o no reconocer la decisión de la Justicia estadounidense. Esta última opción implicaría que Argentina entre en un default técnico por no pagar parte de su deuda soberana.
“Entre nuestras obligaciones está la de pagar a nuestros acreedores, pero también la de no dejarnos extorsionar por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria”, dijo anoche la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional. “Esperemos que todos reflexionen y podamos honrar, no sólo al 92%, como lo vamos a hacer, sino al 100% de nuestros acreedores”, agregó.