El saldo de las protestas y la huelga que comenzaron el 27 de agosto en la provincia peruana de La Convención, en el departamento de Cuzco, es de dos muertos, un desaparecido y otra muerte sospechosa. El martes murió, herido de bala, un manifestante de 16 años, Jhapet Huillca Pereyra, que participó en enfrentamientos con la Policía cuando los activistas intentaban marchar hacia las ruinas de Machu Picchu, bloqueando el acceso a ese punto turístico. El responsable provincial de la Policía, René Jesús Cabrera, fue suspendido mientras se investiga lo ocurrido.
Ese día también fueron heridos cuatro policías. De acuerdo con el diario peruano La República, las fotos muestran que los manifestantes que atacaron a la Policía con piedras y “otros objetos contundentes” no eran más de 100, mientras que las autoridades aseguran que eran 600. El jefe nacional de la Policía, Jorge Flores Goycochea, dijo el jueves, al anunciar la suspensión de Cabrera, que los agentes habían usado gases lacrimógenos y vehículos lanza-agua contra los manifestantes, pero que se estaba investigando a tres policías que usaron sus armas de fuego.
El sábado también murió un alcalde, Rosalío Sánchez, del distrito de Kepashiato, en una situación poco clara. De acuerdo con su hijo, Rudy Sánchez, el alcalde fue introducido a la fuerza en el baúl de una camioneta en la que viajaban varios manifestantes detenidos hacia una comisaría. Los manifestantes también dicen que la Policía provocó la caída del auto en un río. Pero el jefe policial en la zona, Máximo Sánchez, dijo que el conductor hizo una mala maniobra y perdió el control del vehículo. En las mismas circunstancias también desapareció otro ocupante del auto, cuyo cuerpo aún no se había encontrado ayer, mientras que otras tres personas fueron rescatadas. Ayer, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del departamento, Carlos Alberto Pérez Sánchez, dijo que había paquetes de pasta base en el auto que cayó al río.
Además, un anciano de 70 años que participaba en las protestas apareció muerto en una carretera. De acuerdo con las autoridades, lo atropelló un vehículo el jueves y no se sabe si hay un vínculo entre su muerte y las movilizaciones.
A esto se suma que el bloqueo de distintas carreteras causó desabastecimiento en varias localidades y llevó a que permanecieran cerrados los comercios y los servicios públicos por medidas de seguridad. La ciudad de Quillabamba, epicentro de las protestas, tampoco tiene servicios de recolección de residuos, por lo que comienza a generarse un problema de salud pública.
El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, reiteró ayer el llamado al diálogo que ya han hecho las autoridades de Lima y pidió el “cese inmediato de la violencia” en La Convención. “Debemos frenar esta situación ahora mismo, ya que han fallecido varias personas en diversas circunstancias, pero en el contexto del paro que está ocurriendo en esta provincia”, dijo Vega, luego de lamentar la muerte del alcalde, según la agencia de noticias Efe.
Los manifestantes, cuyos representantes participaron ya en varias instancias de diálogo pero consideran que no los escucharon, reclaman que la primera ministra, Ana Jara, vaya a negociar a Quillabamba y ya rechazaron varias propuestas de diálogo del gobierno, tanto en Lima como en Cuzco. Jara volvió a llamar al diálogo el domingo, sin mencionar la posibilidad de ir hasta el lugar. Varios diputados de distintos partidos convocaron una conferencia de prensa ayer, para reclamarle al gobierno que agote los esfuerzos para establecer un diálogo con la población de La Convención.
El origen
Los pobladores de La Convención rechazan la construcción del Gasoducto del Sur, una de las obras emblemáticas del gobierno, porque fueron excluidos de esa concesión un proyecto de planta de fraccionamiento (para envasar garrafas de gas a bajo precio) y otro de central térmica, dos obras que, entienden, hubieran aportado más puestos de trabajo a su provincia.
También se niegan a que se modifique la porción de los impuestos a la producción de gas que recibe la región. Se podría modificar debido a que el gobierno central entiende que, como las autoridades locales no ejecutan la totalidad del dinero que reciben, no lo necesitan.
Los manifestantes se oponen además a un proyecto de construir una hidroeléctrica, en la localidad de Santa Teresa. Cuestionan la iniciativa por su impacto ambiental y denuncian la corrupción de las autoridades locales. De acuerdo con La República, siete de los diez alcaldes de la provincia han sido denunciados por actos de corrupción, y los manifestantes reclaman al gobierno central que presente una denuncia penal en su contra.
Sin embargo, algunos integrantes del gobierno señalan que la protesta -que fue creciendo en intensidad debido a las víctimas que dejó el conflicto- está vinculada con la campaña para las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. Ayer, los manifestantes trasladaron su protesta hacia la ciudad de Cuzco para darle más visibilidad a su causa.