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Manifestación en las calles del centro histórico de Lima, el lunes, para exigir la derogación de la Ley Laboral Juvenil. Foto: Ernesto Arias, Efe

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Presión juvenil logró que el Congreso peruano derogue una norma que era respaldada por el Ejecutivo.

Tras cinco marchas protagonizadas por miles de jóvenes, el Congreso peruano derogó la Ley Laboral Juvenil, que establecía nuevas normas para los trabajadores de entre 18 y 24 años. El oficialismo lamentó que la derogación haya avanzado sin que se consideraran alternativas.

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“Esta ley iba a beneficiar a casi dos millones de jóvenes que hoy día no tienen ningún tipo de formación académica ni estudios superiores, y tienen la dificultad de insertarse a un trabajo de manera formal”. Estos jóvenes “están siendo sacrificados [...] no tienen absolutamente nada y no tienen ni siquiera derecho a enfermarse”. Con estas duras palabras lamentó ayer el presidente peruano, Ollanta Humala, que el Congreso haya decidido derogar la Ley Laboral Juvenil, que el gobierno había propuesto meses atrás como una medida para solucionar el alto desempleo juvenil, que alcanza a 18%.

La norma ofrecía salario mínimo y seguridad social a los más jóvenes, pero reducía las vacaciones de 30 a 15 días y no consideraba el pago de horas extras ni el derecho a cobrar despido. Estos puntos fueron criticados por los jóvenes que se manifestaron de forma masiva en cuatro oportunidades. Los distintos movimientos denominaron a la norma “Ley Pulpín”, en referencia a una bebida infantil, con lo que remitían a que con el intento de convencer a los jóvenes de que la ley era para su beneficio estaban tratándolos de niños o de tontos.

La ley fue aprobada en el Congreso en diciembre y, junto con las movilizaciones, comenzaron los arrepentimientos de algunos legisladores que votaron a su favor. Oficialistas y opositores indicaron que no habían sido informados correctamente sobre el contenido de la norma, y algunos firmaron una petición para que se volviera a votar en el Congreso y la norma fuera ratificada o derogada. Finalmente, el presidente convocó a una sesión extraordinaria del Legislativo, que se llevó a cabo el lunes y contó con más de cinco horas de debate.

Menos amigos

La derogación de la norma fue posible porque el partido Perú Posible cambió su voto. Esta formación, liderada por el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), suele respaldar las iniciativas oficialistas, pero en este caso optó por tomar otro camino. También colaboraron con la derogación de la norma seis diputados oficialistas, incluida la vicepresidenta, Marisol Espinoza.

El gobierno sale sumamente debilitado de esta situación. Además de los votos en contra dentro de la bancada oficialista, se produjo la salida de uno de sus diputados, Sergio Tejada, quien renunció al gobernante Partido Nacionalista y abandonó su banca.

“Los políticos deben cultivar la lealtad”, dijo el presidente Humala tras lamentar que este “joven congresista” renuncie “ad portas” del año electoral, algo que “no se ve bien”, opinó. Tejada anunció su renuncia en un programa de televisión del canal América Televisión. “[En el gobierno] no hay ninguna voluntad de escuchar a aquellos que hemos tenido una posición discrepante, a aquellos que hemos pedido que se escuche a la gente, a los jóvenes que están en las calles”, aseguró, para después considerar como un “grave error” que el gobierno insistiera con una ley que le ha traído “graves problemas” en su relación con la población, especialmente con los jóvenes. “Da la impresión de que este gobierno ha dado un giro autoritario y represivo, y eso para mí es inaceptable”, concluyó.

Sin resultado

Hasta último momento el oficialismo intentó que la ley se mantuviera vigente. Primero, antes de que comenzara la sesión, la primera dama, Nadine Heredia, exigió en su cuenta en Twitter que quienes se opusieran al proyecto plantearan alternativas para solucionar el desempleo juvenil. Después, ya durante la sesión, el diputado Daniel Abugattás, propuso que a la norma se incorporaran las condiciones reclamadas por los jóvenes, pero ninguna de las gestiones dio resultado.

El cruce entre gobierno y oposición llegó a tal punto que afectó el viaje que Humala haría a Costa Rica para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevará a cabo del 27 al 30 de enero. La autorización para que Humala viajara era el primer punto de la agenda de la sesión legislativa del lunes, pero desde la oposición se advirtió que la situación social no era propicia para que el mandatario se ausentara. Mientras desde la oposición se hacían estas advertencias, Humala envió un oficio para retirar ese punto de la agenda, señalando que había decidido cancelar el viaje para ocuparse de asuntos internos, “que son muchos”.

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