El procurador general mexicano, Jesús Murillo, dijo ayer que faltan “muchas cosas” por aclarar sobre la desaparición de 43 estudiantes por parte de policías municipales e integrantes del grupo de crimen organizado Guerreros Unidos el 26 de setiembre en el municipio de Iguala, del estado de Guerrero. Dijo que entre los pasos que faltan dar está la detención de seis personas sospechosas y la imputación de funcionarios por “desaparición forzada”. Pero agregó que quiere ser “cuidadoso” con esto último.
En una entrevista con la emisora local Radio Fórmula, reiteró que el caso no está cerrado, pero que después de cuatro meses la Procuraduría General de la República (PGR) logró establecer una “verdad histórica que puede comprobarse paso a paso” y permite presentar ante un juez a los autores confesos “por homicidio”. Murillo dijo que la investigación está “muy bien hecha”, a pesar de la dificultad que supone probar homicidios sin restos que puedan ser identificados. Según él, detenerse por la falta de restos identificados significaría dejar “impunes los homicidios”. Además, considera que la identificación de los restos del estudiante Alexander Mora por un equipo de expertos austríacos “certifica que el grupo fue asesinado” porque “él iba con los demás”. Las pericias austríacas no permitieron identificar otros 16 restos calcinados que, según se creía, podían corresponder a los estudiantes, y se va a recurrir a otra técnica que puede demorar varios meses, con el riesgo de que los restos queden destruidos.
Aunque en una conferencia de prensa realizada el martes junto al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, Murillo dijo que la investigación comprobó “científicamente” que los 43 jóvenes estudiantes de magisterio fueron asesinados, los familiares estiman que “no hay evidencias científicas de ello”.
En conferencia de prensa, el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales, aseguró que las autoridades mexicanas tienen “prisa e intencionalidad política” para cerrar el caso, y opinó que no se alcanzó el grado de verdad histórica que los familiares necesitan.
Según el abogado, quedan sin aclarar al menos diez puntos, entre ellos saber si realmente los jóvenes fueron asesinados. El testimonio de Felipe El Cepillo Rodríguez, el último detenido, y presunto integrante de Guerreros Unidos, que dijo haber dirigido el asesinato y la incineración de los 43 jóvenes -ordenando quemar todas sus pertenencias- fue presentado como esencial por parte de la Procuraduría. Sin embargo, para Rosales, esas declaraciones no son determinantes, porque El Cepillo admitió no haber presenciado de principio a fin los hechos de violencia contra los estudiantes. Rosales también señaló que no se investigaron las denuncias por torturas que realizaron detenidos en el marco de las investigaciones.
Además, los familiares anunciaron que llevarán el caso de los 43 desaparecidos ante diversos organismos internacionales, entre ellos al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, que tiene previsto evaluar a partir del lunes la actuación de México en esta materia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El expediente sigue abierto. Falta ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los resultados periciales solicitados al extranjero. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión y para la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sigue abierto”, dijo el presidente de esta institución, equivalente a nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.