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La nueva ministra de Agricultura de Brasil, Kátia Abreu, habla en la ceremonia de transmisión del cargo, el lunes en Brasilia. Foto: Valter Campanato, Agencia Brasil

Tierra de por medio

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Dos ministros brasileños polemizan sobre los latifundios en su país.

La diversidad de sectores representados en el gabinete de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, hacía prever diferencias en las opiniones de los distintos ministros. A seis días de instalado el segundo Ejecutivo de Rousseff, esas diferencias, en este caso entre una defensora del agronegocio y un defensor de la reforma agraria, quedaron a la vista.

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Patrus Ananias, del Partido de los Trabajadores (PT), asumió ayer su cargo como ministro de Desarrollo Agrario, una cartera que tiene intereses encontrados con la de Agricultura, encabezada por Kátia Abreu. Mientras que Desarrollo Agrario se dirige sobre todo a las poblaciones rurales más necesitadas, en especial al desarrollo de pequeñas unidades agrarias y a la agricultura familiar, el Ministerio de Agricultura se enfoca en las grandes unidades productivas y las políticas para el desarrollo del agronegocio. A estas diferencias se agregan otras que aportan los ministros.

Abreu fue, hasta su designación, la líder de la bancada ruralista y presidenta de la Confederación Nacional de Agropecuaria (similar a la Asociación Rural del Uruguay). Se la conoce en Brasil como Miss Deforestación, por su posición contraria a las normas impulsadas por los gobiernos del PT para limitar esa práctica.

Ananias fue el primer ministro de Desarrollo Social y Combate del Hambre, una cartera creada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su primer gobierno, que tuvo a cargo el programa Bolsa Familia, que permitió que miles de personas que estaban bajo la línea de pobreza pasaran a integrarse a la clase media. La cartera que ahora lidera ha tenido entre sus objetivos históricos la reforma agraria, aunque ésta no figura en el programa de gobierno de Rousseff.

También hay grandes diferencias en cuanto al apoyo político con el que cuentan una y otro. Abreu es respaldada por los empresarios del agronegocio, pero no cuenta con el apoyo de su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Los dirigentes del PMDB han asegurado que la designación de Abreu fue una decisión personal de Rousseff, ya que no hubo negociaciones ni conversaciones con el partido. De hecho, la mayor parte de sus integrantes con cargos en el Ejecutivo o el Legislativo no estuvieron presentes en la asunción de la ministra.

Irritados

Los principales dirigentes del PMDB, el partido más grande de Brasil y principal aliado del gobernante PT, entienden que se les ha restado lugar en el gabinete que está armando Rousseff, y consideran además que las iniciativas de formar un frente de izquierda, que la presidenta respalda, son en realidad intentos de restarle poder en el Congreso.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo que si Rousseff le quita algún cargo más a su partido, su bancada en el Senado se comportará como independiente y no como oficialista. El año pasado la bancada de diputados del PMDB tomó esa medida porque consideró que en distintos proyectos Rousseff había impuesto su postura sin consultar con ellos.

Por su parte, Ananias es uno de los pocos ministros del PT que realmente cuenta con el respaldo del partido, incluso el de sus sectores más izquierdistas, vinculados a movimientos sociales, en particular los relacionados con el Movimiento de los Sin Tierra o el de los Trabajadores Sin Techo. Según estas organizaciones, unos 90.000 campesinos esperan en campamentos la implementación de la reforma agraria.

El Censo Agropecuario de 2006 reflejó que casi la mitad de las tierras cultivables de Brasil (45%) corresponden a grandes propiedades rurales (así son calificadas las que cuentan con una superficie superior a las 1.000 hectáreas), que representan 1% de los establecimientos rurales. Las pequeñas propiedades (menores a las diez hectáreas) representan 48% de los establecimientos rurales y ocupan 2,3% de las tierras cultivables.

Los movimientos sociales aseguran que la cifra de campesinos candidatos a recibir tierras repartidas por el gobierno podría aumentar a cinco millones, si se considera a quienes dejaron de reclamarlas porque se cansaron y se fueron a vivir a las ciudades.

A la vista

Era de esperar que a lo largo de este gobierno ambos ministros chocaran, al menos en la interna de la Explanada de los Ministerios, pero no estaba en las previsiones el enfrentamiento frontal que Ananias dejó planteado con el discurso que dio ayer, al asumir la cartera.

Desde su asunción, Abreu ha reafirmado en distintas declaraciones sus ideas más cuestionadas. Reiteró que apoya el proyecto de ley que traslada la facultad de delimitar tierras indígenas del Ejecutivo al Congreso -donde hay una poderosa bancada ruralista y ningún representante de los intereses indígenas-. También aseguró que no es necesaria una reforma agraria integral sino una puntual para resolver los problemas con las comunidades indígenas, que “salieron de las selvas y pasaron a expandirse en las áreas de producción” agrícola.

Pero la más polémica de sus declaraciones fue la que hizo en una entrevista con el diario Folha de São Paulo. “El latifundio no existe más”, dijo, antes de criticar el uso de “un discurso viejo, antiguo, irreal, para justificar la reforma agraria”. Un informe de la revista Carta Capital publicado en 2009 señalaba que la propia Abreu tiene varias propiedades rurales de más de 1.000 hectáreas, algunas de las cuales son calificadas por movimientos sociales como improductivas (lo cual las hace objeto de la reforma agraria).

Abreu asumió el lunes, y el martes Ananias le respondió de manera indirecta. “Ignorar o negar la existencia de las desigualdades y las injusticias es una forma de perpetuarlas. No basta con derrumbar la cerca de los latifundios, es necesario derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social”, dijo, marcando su posición contraria a la de la ministra en el tema de los latifundios. Sobre estas grandes propiedades, agregó que “algunas son improductivas” y que por lo tanto deben ser objeto de la reforma agraria. “El derecho a la propiedad no puede ser incontrastable, incuestionable, y prevalecer sobre los demás derechos”, dijo Ananias, y reivindicó la posibilidad de expropiar tierras que sean improductivas o produzcan por debajo de sus posibilidades.

El ministro opinó también que es necesaria “la aplicación efectiva de la función social de la propiedad” para que la reforma agraria “se implemente correctamente, democráticamente, de acuerdo con la ley”, con el objetivo de dar tierra a “las familias y los trabajadores” que no cuentan con ese recurso.

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