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Luiz Sérgio, integrante de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Petrobras, durante la presentación del informe, el martes, en Brasilia. Foto: Valter Campanato, Agência Brasil

Trama revisada

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Entregó su informe final la comisión del Congreso brasileño que investigó a Petrobras.

Después de casi un año de trabajo, la comisión de Diputados que investigó la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras finalizará su tarea el viernes, con la presentación de un informe final, en el que se critica el alto número de “delatores” de la causa judicial. Además, se exime de toda responsabilidad a la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva. Tampoco figuran los 49 políticos que están siendo investigados por la Justicia en el marco de esta causa.

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Esta comisión, conocida como CPI Petrobras por sus iniciales en portugués, fue un reflejo de la relación con el gobierno del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y de su situación en la Justicia.

Se instaló con bombos y platillos y con la promesa de indagar hasta el fondo, pese a la resistencia del oficialismo, en particular del Partido de los Trabajadores (PT), ya que se temía que se convirtiera en una caza de brujas dirigida por Cunha. La mayoría de los diputados que la integran son afines al presidente de la cámara baja, y sus campañas recibieron donaciones de las empresas vinculadas en la red de corrupción, lo que también generó polémica.

Durante la investigación se convocó sobre todo a jerarcas y ex jerarcas del PT, bajo el argumento de que si no estaban involucrados en la red, eran unos incompetentes por no haberla detectado. Sin embargo, es el Partido Progresista (PP, aliado del gobierno) el que tiene a más políticos que podrían estar involucrados, según la Justicia, que lleva adelante investigaciones preliminares sobre ellos.

El PT hizo todo lo que pudo para evitar que se convocara, por ejemplo, a la ex presidenta de Petrobras Graça Foster, que dejó la dirección de la petrolera después de que saltara el escándalo. Pero Foster fue convocada. En esos momentos, Cunha incluso llegó a exigir respeto por la “independencia” de la CPI ante las “presiones” del gobierno.

La CPI comenzó con tono amenazante, ocupando los principales titulares en las páginas web de la cadena O Globo y los diarios Folha y O Estado de São Paulo. Pero se fue apagando, primero cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) dio a conocer la lista de 49 políticos sobre los que existían indicios de que podrían estar involucrados, y después cuando Cunha -que estaba en esa lista- empezó a verse cada vez más comprometido. Los golpes finales fueron fuertes: el STF otorgó al Ministerio Público el permiso para investigar a Cunha y una declaración de él ante la propia CPI lo comprometió: asistió “voluntariamente” a brindar declaración y negó tener cuentas secretas en Suiza, sobre las cuales tienen indicios la Fiscalía de Suiza y la Procuraduría General de Brasil. Mentir ante una comisión del Congreso es una falta grave, y en los próximos días el Comité de Ética de la cámara baja comenzará a investigar si Cunha lo hizo.

El informe final será votado el viernes y se prevé su aprobación, porque en la comisión hubo un consenso bastante amplio. El texto fue presentado por el encargado de la investigación, Luiz Sérgio (integrante del PT pero cercano a Cunha). Allí se cuestiona el número de “delatores” con los que cuenta la investigación de la Justicia sobre el caso Petrobras; se responsabiliza a los empresarios por corromper a los políticos en la petrolera; y se exonera de toda responsabilidad a Cunha, a Foster, a Rousseff y a Lula.

“Es importante resaltar un hecho que ha pasado desapercibido para la población: los delatores no mencionan una vinculación de los ex presidentes de Petrobras José Sérgio Gabrielli y Graça Foster, o de ex consejeros de la estatal, como la presidenta Dilma Rousseff. Tampoco hay en las actas de la CPI ninguna evidencia en este sentido, sea en relación a la presidenta Dilma o al ex presidente Lula”, dice el informe final.

Sobre Cunha, concluye: “Pese a las innumerables noticias publicadas recientemente sobre cuentas bancarias en el exterior de las cuales el diputado Eduardo Cunha sería beneficiario, el hecho es que esta CPI no recibió prueba alguna de estas afirmaciones”. Cabe señalar que no estaba entre los objetivos de la comisión investigar si Cunha tenía o no cuentas en el exterior, como sí lo era analizar si había una responsabilidad política en la red de corrupción de Petrobras.

La CPI pedirá que se investigue a 68 personas que ya son objeto de investigaciones judiciales. Ninguno de los 49 dirigentes -actuales y ex ministros, diputados y senadores- que son investigados por la Justicia está incluido en la lista. Sérgio resumió el lunes: “La conclusión más importante de esta CPI es que Petrobras fue víctima de un cartel de malos proveedores”.

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