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Militares y familiares de acusados durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad, ayer, en Quito, Ecuador. Foto: José Jácome, Efe

Romper el hielo

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Se realizará el primer juicio por violaciones a los derechos humanos de detenidos políticos en Ecuador.

Ayer estaba previsto el comienzo del juicio “Vaca, Cajas, Jarrín”, el primero por crímenes de lesa humanidad en la historia de Ecuador, que juzgará a cinco ex militares y un policía por los delitos de detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada cometidos entre 1985 y 1988. Pero se postergó por problemas de salud de uno de los acusados. Las víctimas en este juicio son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive, Carajo, que fueron detenidos por militares el 10 de noviembre de 1985.

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Todo estaba pronto para que el juicio empezara ayer, pero los planes cambiaron cuando el abogado de uno de los procesados informó que su defendido sufrió problemas de salud durante la madrugada y que no podría concurrir. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador comprobó el estado de salud del ex militar y anunció que la audiencia se fijaría para otra fecha, aún sin definir. Para esta causa se convocó a juicio a ocho personas, pero tres están prófugas y no se los puede juzgar en ausencia, según informó la Fiscalía General. Los que sí serán juzgados son ex generales y ex coroneles, además de un general de la Policía, que son sospechosos de haber pertenecido “a la estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad” durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero, expresó la Fiscalía.

El caso Vaca, Cajas, Jarrín fue investigado por la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía ecuatoriana, creada en 2007 por el presidente Rafael Correa para indagar delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 1984, y forma parte de otros 136 casos que la institución lleva adelante. La CNJ convocó para este procedimiento a 69 testigos y señaló que se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.

Las víctimas fueron detenidas por militares el 10 de noviembre de 1985 en la provincia de Esmeraldas para luego trasladarlas, sin orden judicial, primero al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar, ubicado en la provincia de Pichincha. De acuerdo con el expediente fiscal, Cajas y Jarrín estuvieron detenidos 15 días, durante los cuales sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Luis Vaca, en cambio, continuó secuestrado y en situación de desaparición forzada durante tres años. Incluso, explica el expediente, llegaron a eliminar sus datos de filiación del Registro Civil. Vaca fue liberado a mediados de 1988.

Para Susana Cajas, la decisión que adopte la CNJ sentará un “precedente jurídico” en Ecuador y marcará “un antes y un después”. En diálogo con la agencia de noticias Efe, aclaró que revivir lo sucedido hace tres décadas le provoca, más que “odio, venganza o desquite”, “mucha tristeza y depresión”, aunque explicó que encuentra la fuerza para seguir en la necesidad de que se conozca la verdad y se recupere “una memoria, parte de la historia que fue contada solamente desde una versión oficial”. Y remató: “Hay que asumir esta responsabilidad frente al país y contribuir para que esto nunca más vuelva a pasar, para que exista una juventud que si quiere tener una participación política, realmente no tenga que, por un lado, acudir a las armas y que, por otro lado, no esté expuesta a la tortura, desaparición y ejecución extrajudicial”.

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