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La Justicia francesa investigará el patrimonio de los Le Pen por sospechas de que omitieron bienes en la declaración de 2014.

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La Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública de Francia (HATVP, por sus siglas en francés) anunció ayer que investigará el patrimonio de Marine Le Pen, la presidenta del Frente Nacional (FN), y el de su padre, el fundador de ese partido de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, por considerar que su declaración de bienes inmobiliarios de 2014 es “anormalmente” baja. Según un comunicado divulgado por el diario francéLe Monde, la institución advierte que existen “serias dudas” en cuanto a “la exhaustividad, exactitud y sinceridad de sus declaraciones”. En particular, acusa a Jean-Marie de omitir bienes en la declaración, y a padre e hija de declarar “ciertos activos inmobiliarios” que tienen en común con un valor menor al real. Según los medios franceses, se sospecha que los ultraconservadores redujeron en dos tercios el valor de varias propiedades comunes en las ciudades Saint-Cloud y Rueil-Malmaison, en las afueras de París. En términos monetarios, se estima que la presidenta del FN pudo haber “omitido” en total “varios cientos de miles de euros” de su patrimonio, y que su padre evitó declarar un millón de euros, la posesión de una cuenta bancaria en Suiza y lingotes de oro.

El HATVP denunció las declaraciones de los Le Pen ante la Fiscalía, ya que los hechos podrían “constituir infracciones penales”, aclara el comunicado. Una falsa declaración de patrimonio de este tipo puede castigarse en Francia con hasta 45.000 euros de multa, tres años de prisión y diez sin ocupar cargos públicos.

Tras conocerse la decisión, Marine Le Pen anunció que apelaría ante el Consejo de Estado por “abuso de poder” acerca de la valoración de sus activos por parte del HATVP, y denunció “una voluntad sistemática e indignante de dañarla” con una investigación que, sostuvo, no tiene “absolutamente ningún fundamento”. Su padre, por otro lado, denunció que la investigación es parte de la estrategia de “acoso social y psicológico” al que se somete a todos los que “se oponen al gobierno”.

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