El domingo los venezolanos eligen a los 167 diputados que constituyen la Asamblea Nacional de Venezuela. Actualmente, como desde hace 15 años, una cómoda mayoría parlamentaria pertenece al oficialismo. Sin embargo, esta situación podría revertirse en unos días. El último sondeo de intención de voto, publicado hace una semana por la encuestadora Keller y Asociados, concluye que 59% del electorado apoyaría a la oposición -agrupada en su mayoría en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- y 25% daría su voto al oficialismo, representado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Otro sondeo, de la firma Datanálisis, indica, por un lado, que 92% de los venezolanos considera que la situación del país “es mala o muy mala” y, por el otro, que la popularidad del presidente Nicolás Maduro se mantiene entre 20% y 25%.
La campaña política empezó el 13 de noviembre, y Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, la inauguró con una afirmación contundente: dijo que junto a estas elecciones parlamentarias Venezuela vivirá el “ocaso de una hegemonía política”. En ese discurso, el dirigente opositor aseguró que se acerca “un nuevo tiempo de rescate de la democracia”, que va a exigir “muchísima responsabilidad, seriedad, capacidad de conducción y unidad” por parte de la coalición.
Confiado en una posible victoria opositora, Torrealba aseguró que el gobierno de Maduro está “acorralado”, y anunció que el triunfo no será de una “coalición de partidos” sino de un “pueblo unido luchando por la libertad y la democracia”, tal como se lo pidió Antonio Ledezma, ex alcalde opositor detenido en febrero. Embanderada con los lemas “Venezuela quiere cambio” y “Venezuela quiere unidad”, la campaña de la MUD se centra en combatir la crisis económica que enfrenta el país y en celebrar la posibilidad de alternancia en el poder, después de más de una década de mayoría chavista. Habla de cambio político y promueve conformar una organización “unida” frente a un abanico de partidos diferentes con propuestas similares.
Entre las leyes que la MUD plantea en su agenda parlamentaria, se encuentran las de “abastecimiento pleno” -para enfrentar la escasez de productos básicos que vive Venezuela, particularmente grave desde 2013-, “coordinación policial”, “protección salarial y anticipos de prestaciones sociales”, “pensiones universales no contributivas”, “descentralización” de servicios públicos e “impulso al desarrollo de viviendas”, así como medidas anticorrupción. Además, la oposición propone aprobar una ley de medios “públicos y comunitarios” para “eliminar la hegemonía mediática de cualquier parcialidad política” y “asegurar el equilibrio informativo”.
Entre las otras leyes que propone se encuentra la de amnistía general, que será la primera medida que tomará en caso de triunfar el domingo, según informó Torrealba en una entrevista con la agencia de noticias Efe. Según explicó el dirigente, la ley “de amnistía y reconciliación” estaría dirigida no sólo a “los opositores encarcelados”, sino también a “una buena cantidad de dirigentes de base del oficialismo, ambientalistas, sindicalistas, indigenistas, que son perseguidos y hasta presos de este gobierno”.
Otro discurso
El presidente Maduro, por su parte, defiende la necesidad de que el oficialismo obtenga la mayoría parlamentaria para que “la patria continúe rumbo al siglo XXI” y no sufra “un traspié”. En un acto de gobierno que tuvo lugar en Caracas durante el Día del Estudiante venezolano -el 21 de noviembre-, el mandatario aseguró el triunfo chavista y “juró” que con éste se “radicalizará la revolución”. Agregó: “Ha llegado la hora y el momento de que cada quien se decida si está con la patria, si está con la revolución, si está con el socialismo o está con la oligarquía y la derecha excluyente”.
A su vez, el vicepresidente del PSUV, presidente del Parlamento y candidato a la reelección, Diosdado Cabello, dijo la semana pasada en un acto de campaña televisado que si el oficialismo no gana la mayoría de los escaños, habrá un “conflicto de poderes”, porque el presidente Maduro “no se va a dejar” manipular. Con lemas como “Somos pueblo valiente”, “Somos los de Chávez” y “Defenderemos la Patria, ¡como sea!”, el PSUV se presentó en la campaña electoral como la fuerza popular, revolucionaria, contraria a la oligarquía, que busca mantener la identidad de su propuesta política conservando los ideales políticos y de justicia social con los que gobernó el país el presidente Hugo Chávez. En este sentido, la campaña oficialista parece hacer hincapié en los posibles escenarios que desencadenaría una victoria opositora, en remarcar los logros sociales alcanzados por el gobierno, y en un llamado a la lealtad de sus votantes tradicionales.
No se observa
Si bien la campaña política empezó hace tres semanas, las elecciones de Venezuela están desde hace rato bajo el radar de varios países y organismos internacionales a raíz de la normativa electoral aprobada en 2013, que no permite la presencia de observadores internacionales durante las elecciones. En cambio, admite observadores nacionales -que cumplan requisitos específicos- y la figura de “acompañantes internacionales”, que pueden participar en el proceso siempre y cuando sean acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque los acompañantes podrán tener un acceso considerablemente amplio al proceso electoral, tienen prohibido difundir u opinar públicamente sobre lo que “observaron”. Específicamente, no pueden “emitir declaraciones ni opinión en general y en particular sobre los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral” ni “difundir o dar a conocer, por cualquier vía o medio, resultados preliminares, parciales o totales de la elección”, según establece el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Para el domingo, el CNE aprobó el acompañamiento de una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) -encabezada por el ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández-, y grupos del Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Parlamento Latinoamericano, entre otros. Además, fueron invitados por el CNE los ex presidentes de España José Luis Rodríguez Zapatero y de Panamá Martín Torrijos, y el senador colombiano Horacio Serpa. Sin embargo, la CNE no permitió la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo mismo que hace desde las elecciones presidenciales de 2006, por falta de confianza en el organismo, al que describen como “aliado de Estados Unidos”.
Aun así,el secretario general, Luis Almagro, ofreció enviar una misión de observación electoral. En una carta dirigida a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, Almagro señaló que “existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que usted desde el CNE debería garantizar”. Cabello reaccionó a la carta de Almagro y dijo que la OEA es una “amenaza” para Venezuela, y se refirió al organismo regional como “la más pervertida, corrompida y desprestigiada organización en el mundo”. Pero no fue el único enfrentamiento entre el gobierno venezolano y el secretario general del organismo.
Entre chispas
Que Maduro no quiera observadores de la OEA durante las elecciones no fue la única razón por la que Almagro se pronunció: también se manifestó contra el clima de violencia que vive la sociedad venezolana en la campaña electoral, con denuncias de varios candidatos opositores acerca de agresiones de algún tipo. Un ejemplo es el caso del diputado opositor Miguel Pizarro, que denunció el 22 de noviembre que una caravana que encabezaba durante un acto de campaña fue atacada con disparos por un grupo de encapuchados. Luego del incidente, Pizarro advirtió en su cuenta de Twitter que la oposición es “más fuerte que la violencia” y aseguró que va a seguir saliendo a las calles porque los venezolanos “quieren un cambio”, aunque el gobierno “los quiera callar”.
Tres días después, la violencia electoral se radicalizó cuando Luis Manuel Díaz, un dirigente local de la MUD, fue asesinado de un disparo tras una reunión de campaña en el estado de Guarico. La alianza opositora condenó la muerte del dirigente y aseguró que fue producto de “un discurso oficial que anuncia, promueve y justifica la violencia”. En un comunicado lanzado ese día, la MUD responsabilizó al Estado venezolano, “por acción y omisión, de cualquier acto de violencia en Venezuela”.
Almagro, por su parte, dijo en un comunicado que con la muerte del dirigente en un acto de campaña se busca “amedrentar” a la oposición y pidió al gobierno actuar para que las elecciones no sean “un ejercicio de fuerza, violencia y miedo”. Agregó que “lo sucedido no es un episodio aislado, sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la oposición”. Estas palabras causaron el enojo de Maduro, que trató a Almagro de “basura” y le pidió una rectificación.
En lugar de eso, el secretario general de la OEA le respondió con una carta que, entre otras cosas, señalaba: “No es ser basura, señor presidente Nicolás Maduro, condenar el asesinato de un político y hacer un llamado a detener ya la violencia en curso en el país, o decir que la muerte violenta de toda persona es un hecho execrable que nuestra conciencia no puede admitir [...]. Basura sería sostener lo contrario”.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles y Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, también aseguraron haber sido víctimas de ataques por parte de personas a las que vincularon con el oficialismo.
Ayer otra carta pública se refirió a las parlamentarias del domingo, firmada por los jefes de gobierno de España, Mariano Rajoy, y de Reino Unido, David Cameron, el ex presidente español Felipe González, el ex mandatario chileno Ricardo Lagos y el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, quienes pidieron unas “elecciones libres, transparentes y en paz” en Venezuela y llamaron “a los demócratas” a unirse a su petición. En la carta, publicada ayer por el diario madrileño El País, hicieron un “llamamiento a Venezuela para asegurar una Justicia independiente” y exigieron la liberación de “todos los opositores políticos encarcelados” arbitrariamente. Al final, advirtieron: “La democracia no funciona cuando el ambiente electoral está dominado por la violencia, las amenazas y la intimidación a la oposición”.