El canciller argentino, Héctor Timerman, envió una carta en la que pide a Estados Unidos que la investigación judicial sobre el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) “sea incluida en las negociaciones con la República Islámica de Irán”. Dijo que reitera esta solicitud, que Argentina ya había hecho y a la cual Estados Unidos no había accedido.
“No estoy al tanto de ningún plan para hacer eso”, dijo más tarde la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki. “Las negociaciones con Irán siguen centradas en el asunto nuclear y eso va a continuar”, agregó.
Timerman presentó esta solicitud en una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y también en otra destinada al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman. En esos textos afirmó que Argentina “observa con suma preocupación la creciente frecuencia con que muchos países son utilizados como escenarios en los que otros Estados intervienen para definir disputas en función de sus propios intereses geopolíticos” y “cómo se utilizan mecanismos de propaganda abierta o encubierta para tales fines”. Al respecto sentenció: “Mi país rechaza tales actos y pretende que no sucedan en su territorio”.
“Argentina no tiene ningún interés estratégico, ni militar ni de inteligencia, y menos de espionaje, en la zona de Medio Oriente. Nos oponemos, por principios políticos y morales, a cualquier acto que promueva la violencia o la violación de la soberanía tanto en forma abierta como en forma encubierta”, dijo, antes de insisitr: “Argentina se ve en la necesidad de reiterar que nuestro territorio no sea utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países”.
Timerman consideró que “el pueblo argentino no tiene que tolerar, y mucho menos sufrir, que su país sea un teatro de operaciones políticas, de inteligencia, o peor aun, de hechos y acciones más graves, por conflictos” que le son ajenos.
Dijo que el esclarecimiento de hechos como el ataque a la AMIA corresponde al Poder Judicial, y si bien ratificó su confianza en esa institución, mencionó que todavía no hubo condenas por ese caso, y que desde hace años no hay novedades en la investigacón sobre el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel.
El canciller pidió que el personal diplomático acreditado en el país “observe las normas y conductas estipuladas por la Convención de Viena o el derecho local en los casos no regidos por dicho acuerdo internacional, en especial sobre la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicio”.