Durante el fin de semana, el diario O Estado de São Paulo publicó un informe sobre la Funai que parece respaldar las denuncias que desde hace tiempo hacen las comunidades indígenas brasileñas acerca de lo que consideran una falta de interés del gobierno de Dilma Rousseff en el organismo y en sus cometidos.
La administración de Rousseff fue la que menos tierras indígenas delimitó desde el regreso de la democracia en 1985. Ya se sabía que las delimitaciones aprobadas en el período de gobierno pasado y el actual -que permiten declarar la tierra como ancestral e impedir su exploración por parte de empresas que explotan recursos naturales- habían sido pocas, pero no que eran las menores desde 1985.
El informe también revela que desde octubre de 2013 el organismo tiene un gobierno interino, dirigido por el procurador Flávio de Azevedo, que desde su asunción no toma decisiones relevantes -entre ellas la delimitación de territorios ancestrales- porque entiende que como autoridad interina no le corresponde.
Cleber Buzatto, el secretario ejecutivo del Consejo Indígena Misionario -una de las organizaciones más conocidas del área-, indicó que además el interinato hace a Funai más permeable a las presiones contrarias a los intereses de las comunidades indígenas.
Además, Funai contó durante el gobierno de Rousseff con un presupuesto cada vez menor: cuando la presidenta asumió contaba con casi 200 millones de reales (unos 70 millones de dólares) y en 2014 bajó a 154 millones (unos 54 millones), una reducción de casi 25%.
También disminuyó la cantidad de recursos humanos que tiene a su disposición en todas las áreas, pero en particular en el grupo que se dedica exclusivamente a la delimitación y demarcación de tierras, en el cual el número de funcionarios permanentes bajó de 21 a 16, mientras el número de antropólogos que trabajan para toda la fundación descendió de seis a dos.
Consultado por O Estado, el secretario ejecutivo de la organización civil Instituto Socioambiental, André Villas-Bôas, dijo que ante el desarrollo de grandes obras cerca de zonas indígenas lo lógico sería que los organismos que defienden los intereses de esas comunidades se fortalecieran, cosa que no sucedió. Villas-Bôas sostuvo que durante el gobierno de Rousseff quedó clara una premisa que probablemente se mantenga en este segundo mandato: “Desarrollo a cualquier precio”.
Pepe Vargas, ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales -que se encarga de mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo-, ha sido consultado en varias ocasiones sobre la postura del gobierno ante la propuesta de enmienda constitucional que le quita al Funai la potestad de delimitar las tierras indígenas y se la otorga al Congreso. Los indígenas rechazan esta posibilidad porque en el Congreso es muy fuerte la bancada ruralista, no tanto por su cantidad de miembros sino por la influencia que tiene en otros legisladores, sin diferenciar entre partidos políticos. Además, entre quienes respaldan a esta bancada se encuentra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien tiene la potestad de decidir qué proyectos se someten a votación y cuáles quedan postergados durante años.
En todas las ocasiones en que fue consultado, Vargas repitió que el gobierno de Rousseff está en contra de esta propuesta de enmienda y no descartó la posibilidad de que, si es aprobada en ambas cámaras, Rousseff la vete.