Durante la campaña electoral del año pasado, en noviembre, el Ejecutivo de Rousseff impulsó la aprobación en el Parlamento de una norma para renegociar la deuda que mantienen los estados y los 180 municipios con el gobierno central. La ley, que propone renegociar la deuda y favorecería a los estados deudores, fue aprobada rápidamente en ambas cámaras, y diputados y senadores aplaudieron la medida. En Brasil los integrantes del Congreso son elegidos en municipios y estados, y suelen tener una fuerte impronta de sus lugares de origen, para los cuales intentan conseguir recursos o beneficios. Si lo logran, esto repercute después en la votación que obtienen en caso de que vuelvan a competir en elecciones.
Rousseff nunca reglamentó la ley para renegociar la deuda, que entre otras cosas plantea que la tasa de interés anual baje a 4%. Actualmente se sitúa entre 6% y 9%, dependiendo de varias variables. Esta reducción de la tasa de interés se aplicaría de manera retroactiva, una vez reglamentada la norma, desde enero de 2013.
Después del cambio de gobierno del 1º de enero, cuando Rousseff asumió su segundo mandato, el Ejecutivo planteó que es necesario analizar caso a caso y no reglamentar una norma que beneficie a todos de igual manera. Tampoco se comenzó a recorrer este camino, que consiste en negociaciones bilaterales. Se supone que éstas implicarán algún tipo de perdón de deuda a estados y municipios, lo cual no sería “coherente” con el ajuste fiscal que está impulsando el gobierno, precisó días atrás Rousseff.
Esta postergación perjudica a los estados y municipios cuyas finanzas están en rojo, como consecuencia, en parte, de la crisis económica que vive Brasil. Esto puede tener consecuencias graves, entre ellas que se queden sin financiamiento: las normas brasileñas establecen que los municipios que alcancen una deuda que represente 120% de su presupuesto anual no podrán asumir nuevos créditos de ningún tipo. El campeón en endeudamiento es San Pablo, tanto el estado como el municipio, con deudas de alrededor de 70.000 y 20.000 millones de dólares, respectivamente.
Ante este escenario, la prefectura de Río de Janeiro recurrió a la Justicia para que obligara al Poder Ejecutivo a recalcular la deuda del municipio con el gobierno central de acuerdo con la ley aprobada en noviembre. La Justicia le dio la razón al municipio y Rousseff advirtió: “El gobierno federal no puede decirles que tenemos espacio fiscal para resolver este problema, porque sería absolutamente inconsecuente de nuestra parte”. La mandataria aseguró que el gobierno está trabajando para solucionarlo.
El municipio de Río de Janeiro no fue el único en tomar acciones. La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que da al Ejecutivo 30 días para aplicar la nueva tasa de interés con efecto retroactivo a enero de 2013, sin necesidad de reglamentación de la norma aprobada en noviembre. La aprobación se logró con el respaldo de todas las bancadas, incluso las oficialistas.
El proyecto avanzó a la Cámara de Senadores, donde estaba previsto que se votara hoy, dándose por descontado que sería aprobada. Su presidente, Renan Calheiros, advirtió a Rousseff que si veta esta nueva ley el Congreso insistirá en su aprobación, lo que se convertiría en un nuevo punto álgido del enfrentamiento que mantienen los dos poderes.
El ministro de Economía, Joaquim Levy, pidió a la Comisión de Asuntos Económicos del Senado que postergara la votación para después de su comparecencia ante ésta, que está agendada para el martes. Se prevé que en ese encuentro Levy plantee alguna alternativa para mejorar la deuda de los estados y municipios sin que tenga un alto impacto en el gobierno federal.
El Senado aceptó la propuesta y ayer informó que la votación se postergaría hasta el martes. Sobre los argumentos brindados ayer por Levy, la senadora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil, que integra la base aliada del gobierno, dijo que el ministro no quiso hacer “juicios de valor” sobre la aprobación en Diputados, pero sí entregó unas tablas con datos. Grazziotin dijo que en esa tabla queda claro que si se aplica el cambio en la tasa de interés ahora, el gobierno federal estará renunciando a unos 1.000 millones de dólares en ingresos en 2015.