El proyecto de ley tiene como objetivo incentivar las investigaciones de la industria farmacéutica y de cosméticos acerca de los recursos vegetales, animales o microbianos que existen en Brasil, o las que utilicen el conocimiento de los pueblos originarios. La norma fue enviada a la Cámara de Diputados, que la aprobó, pero ahora debe avalar las modificaciones incluidas por los senadores en el proyecto.
De acuerdo con el texto, las empresas que utilicen los recursos de las comunidades originarias brasileñas, entre los cuales se incluyen sus saberes ancestrales, deben devolverles a esos pueblos 1% de los beneficios que obtengan por la comercialización de los productos elaborados con esos recursos. La devolución podría ser monetaria, en forma de transferencia tecnológica, derechos en patentes o distribución de productos.
En el texto original se establecía que las comunidades cobrarían sólo si ellas habían aportado el elemento principal del producto comercializado. Después de varias protestas, el Senado modificó la norma para que el pago corresponda si se utiliza cualquier recurso de las comunidades originarias, sea o no el principal elemento. Esto sucede, por ejemplo, con el perfume Chanel Nº 5, que durante muchos años contó con óleo de una variedad específica de palo de rosa que crece en la Amazonia. De hecho, este ingrediente dejó de utilizarse en ese producto por la complejidad de los trámites burocráticos que eran necesarios para acceder a ese palo de rosa amazónico, que crece en el territorio ancestral de una comunidad originaria. El efecto de la ley es retroactivo; se deberá pagar 1% sobre las ganancias que se empiecen a generar una vez aprobada la ley con los productos que se hayan empezado a comercializar en el año 2000.
Si bien este cambio fue celebrado por comunidades indígenas, el proyecto mantiene varios aspectos que han sido criticados por éstas. Entre ellos figura que la norma no prevé la posibilidad de que una comunidad niegue a una empresa el acceso a su biodiversidad o a sus conocimientos ancestrales.
Algunas propuestas de enmienda fueron rechazadas en el Senado. Por ejemplo, el Partido Comunista de Brasil había presentado una solicitud para que pudieran acceder a los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios sólo las empresas que sean brasileñas o aquellas que se vincularan con una institución nacional.
Hubo varias protestas mientras esta norma se tramitaba en el Congreso. En una de ellas varios manifestantes presentaron al Ministerio de Medio Ambiente una carta firmada por 80 organizaciones civiles que defienden los derechos de los pueblos originarios: “Los pueblos y comunidades indígenas son plenamente conscientes de la actual ofensiva verificada en Brasil contra sus derechos fundamentales”, por un Congreso dominado por conservadores y con una gran presencia de diputados y senadores que respaldan los intereses ruralistas.
Las comunidades indígenas más visibles de Brasil han manifestado a distintos medios y organizaciones que se sienten decepcionados porque en la campaña electoral tanto la presidenta Dilma Rousseff como quien fue su contendiente, el hoy senador Aécio Neves, se comprometieron a respetar los derechos de las comunidades indígenas. Rousseff fue quien impulsó este proyecto de ley desde el Ejecutivo, y Neves votó en contra de una de las enmiendas que eran reclamadas por los indígenas. Esa enmienda en particular planteaba que se sustituyera en el texto la expresión “poblaciones indígenas” por “pueblos indígenas” para asegurarse de que puedan recurrir la norma invocando tratados internacionales.