El “caso Soquimich” o “caso SQM”, un entramado de empresas que inflaba el valor de sus acciones y financiaba actividades políticas, sigue sacudiendo el escenario político chileno. El presidente del directorio de Soquimich, una empresa minera privatizada durante la dictadura, líder de la producción mundial de litio, es el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, que se hizo con la firma durante el gobierno de su suegro.
En el marco de la investigación a SQM por presunta evasión fiscal, especulación y financiamiento ilegal de campañas, aparecieron boletas de 2012 y 2013 a nombre del nombre de Giorgio Martelli, militante del Partido Por la Democracia, que integra la alianza que actualmente gobierna Chile, Nueva Mayoría. Martelli también fue administrador de la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2005, cuando alcanzó la presidencia por primera vez.
En la última campaña electoral, Martelli se ocupó de recaudar fondos, y las fechas de las facturas permiten sospechar que el dinero pueda haber servido para financiar la carrera de Bachelet al segundo mandato.
“Giorgio Martelli, al igual que muchas otras personas, ha participado en las campañas de Nueva Mayoría y ha contribuido como muchos otros. Eso nosotros jamás lo hemos puesto en duda”, dijo ayer el vocero del gobierno, Álvaro Elizalde. El propio Martelli se autodefine como “operador” y confirmó que participó en la financiación de la campaña. Sin embargo, el vocero hizo hincapié en que las cuentas de campaña fueron verificadas por los organismos competentes sin que se señalaran irregularidades. “El tema de fondo es la forma en que se lleva adelante la campaña, y en ese sentido hemos sido categóricos: la campaña se desarrolló conforme lo establece la legislación vigente, y así ha sido acreditado múltiples veces”, insistió.
El caso SQM involucra a Nueva Mayoría, además, mediante otros de sus militantes, y la opositora Alianza por Chile también aparece vinculada mediante boletas que fueron incautadas y que estaban a nombre de personalidades vinculadas con ella.
Sin embargo, éste y otros casos de presunta corrupción afectan en particular la aprobación de Bachelet y de su gobierno. El apoyo a la mandataria bajó a 31%, un mínimo jamás alcanzado, según la última encuesta publicada ayer por la empresa Adimark. Su nivel de desaprobación llegó a 61%, un porcentaje que también es histórico, incluso si se compara con su mandato anterior.