La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) fue la precursora de los programas de espionaje telefónico que evolucionaron en los que implementó la Agencia Nacional de Seguridad y que fueron denunciados por el ex analista Edward Snowden. El diario USA Today reveló el martes que la DEA, que depende directamente del Departamento de Justicia, obtuvo, sin órdenes judiciales, información sobre las comunicaciones que se establecían entre ciudadanos estadounidenses y personas que vivían en otros países.
La DEA exigía a las compañías telefónicas estadounidenses y extranjeras que facilitaran los datos sobre el origen, destino y duración de llamadas dirigidas u originadas en 116 países, informó el diario estadounidense en base a información brindada por más de 12 personas que trabajan o han trabajado en el organismo. “La mayoría de los países eran de América Central y del Sur y el Caribe, y otros del oeste de África, Europa y Asia. Incluía a Afganistán, Pakistán, Irán, Italia, México y Canadá”, dijo uno de los ex trabajadores. Otro agregó que los llamados a Colombia eran los más espiados.
En algunas ocasiones la DEA informó a los gobiernos de esos países que se iba a recolectar esos datos, pero fueron las menos.
Llevaba a cabo estas actividades con el consentimiento del Departamento de Justicia. En 1998 la encargada de la lucha contra las drogas de ese departamento, Mary Lee Warren, le envió una carta al jefe de la DEA, Thomas Constantine, en la que le decía que el programa era “una de las iniciativas federales más importantes y efectivas en la lucha contra las drogas”. Su objetivo era rastrear las rutas de las redes de distribución de los cárteles.
La existencia de este programa se conoció en enero, cuando el Departamento de Justicia reveló que la DEA había recolectado información sobre llamadas dirigidas al extranjero, pero recién el martes se supo cuál era la verdadera dimensión de este programa, que comenzó a recolectar información en 1992 y fue clausurado en 2013 por el titular del Departamento de Justicia, Eric Holder. Ayer, la organización Human Rights Watch presentó una demanda contra la DEA por obtener registros telefónicos de manera ilegal.