En Brasil, la ideología no está necesariamente vinculada a la pertenencia a un partido o a las alianzas partidarias. En el Congreso, la bancada oficialista tiene la mayoría, pero, aunque el gobierno es de izquierda, una buena cantidad de diputados y senadores de la alianza de gobierno apoya iniciativas conservadoras. Así, este tipo de proyecto cuenta con mayoría.
Por ejemplo, la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para delitos gravísimos divide a la bancada oficialista: la apoya un sector del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), así como todo el Partido Progresista, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) lo rechaza. Por este tipo de situaciones se identifica a la bancada conservadora en Brasil por un nombre que no tiene en cuenta su pertenencia a partidos, sino sus intereses: la bancada “BBB”, por “Biblia, bala y buey”, este último término en referencia a los ruralistas.
En este contexto conservador, tres diputados -Erika Kokay (PT), Chico Alencar (Partido Socialismo y Libertad, Psol) y Jean Wyllys (Psol)- se propusieron relanzar el Frente Parlamentario en Defensa de los Derechos Humanos. La legislación brasileña permite que en ambas cámaras los parlamentarios se reúnan en frentes parlamentarios suprapartidarios según temas de interés, e incluso hay politólogos que consideran que los frentes parlamentarios ocupan en Brasil el lugar que en otras democracias ocupan los partidos políticos.
Este frente se fundó en 2013 para contrarrestar al ultraconservador pastor Marco Feliciano, que presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El 23 de abril fue solicitada formalmente su reactivación con el envío del acta de fundación a la presidencia de la Cámara de Diputados. “La reconstitución del frente tiene como objetivo ayudar en la reconstrucción de la credibilidad y confianza de la población en la Cámara de Diputados, constituyendo un espacio destinado a ampliar la lucha por los derechos humanos”, indica el acta.
El Frente Parlamentario en Defensa de los Derechos Humanos tendrá una dirección colegiada y contará con un Consejo Consultivo conformado por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales “que tengan un histórico compromiso con los derechos humanos”. Justamente, entre los objetivos del frente está el convertirse en un vínculo entre estas organizaciones y el Congreso e impulsar sus iniciativas en este ámbito.
El frente reúne a diputados de prácticamente todos los partidos, desde el Partido Comunista de Brasil hasta el derechista Demócratas o el Partido Progresista. Uno de sus coordinadores es Wyllys, un diputado homosexual muy reconocido en Brasil por su lucha por los derechos humanos y en particular por los derechos de las minorías sexuales.
Todos por un frente
Después de que comenzara el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a formar un frente de izquierda para enfrentar a los conservadores del Congreso. La idea de Lula era que se reunieran en ese frente partidos y dirigentes que apoyaron a Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando se enfrentó al candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Aécio Neves. Sin embargo, esta iniciativa no se concretó, en parte porque algunos de los sectores que respaldaron a Rousseff después se manifestaron decepcionados por algunas de sus políticas, en particular las económicas, que consideraron liberales.
Desde que Lula hizo esa propuesta, varios dirigentes han intentado llevarla adelante. Uno de ellos fue el presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, que en el acto del 1° de mayo anunció la creación de un “frente nacional de izquierda unificada” desde el cual “se organiza la resistencia”. En el acto, el diputado del PT Paulo Teixeira pidió que no se permitiera que el centro político se confunda con el ala conservadora, y dijo: “Es necesario resistir la agenda de Eduardo Cunha”, el presidente de la Cámara de Diputados, que integra el ala más conservadora del PMDB.
Los sindicatos -que también son representados en el Congreso por una bancada, aunque es marginal- manejan un delicado equilibrio con el gobierno de Rousseff, que propuso un ajuste fiscal que, entre otras cosas, limita algunos derechos de los trabajadores. Los tires y aflojes que marcaron los primeros meses del gobierno actual se disiparon en los últimos meses por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de tercerización al que se oponen tanto los sindicatos como el gobierno.
Hoy en Brasil se pueden tercerizar las actividades denominadas “medias”, pero no las que hacen a la producción final de una empresa. Por ejemplo, una universidad puede tercerizar el servicio de limpieza y seguridad, pero no puede contratar a profesores tercerizados. Si la propuesta, presentada en 2004 por un ex diputado del PMDB, es aprobada, se podrán tercerizar todas las actividades. La CUT y el gobierno aseguran que si se aprueba esta norma va a generar la precarización de las condiciones de trabajo de miles de personas, mientras que las patronales, como la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, dicen que permitirá crear miles de puestos de trabajo. El proyecto deberá ser votado en los próximos meses en el Senado.
La conformación de un frente nacional de izquierda parece estar lejos de concretarse, pero Tarso Genro, ex ministro de Lula, ex gobernador de Rio Grande do Sul y uno de los principales líderes del PT, anunció días atrás que impulsará este mecanismo en las elecciones municipales del próximo año en Río de Janeiro, donde se ha establecido por razones laborales. Hace unos meses, Genro propuso un frente de izquierda en el Congreso que tuviera algunos objetivos claros con los cuales comenzar: reformar el sistema de concesiones a los medios de comunicación, reglamentar un impuesto a las grandes fortunas, prohibir el financiamiento de empresas privadas a los partidos políticos en campañas electorales y habilitar nuevas formas de participación ciudadana.
En las últimas semanas, Genro ha manifestado que, para poder mantenerse en el poder y no permitir un regreso de la derecha, la izquierda debe unificarse y desmotivar la continua creación de grupos con más o menos peso que atomizan a ese sector ideológico.
Nanicos
Quienes no parecen tener interés en unirse a ese frente de izquierda son el Partido Socialista de Brasil (PSB, el que era liderado por Eduardo Campos y adoptó la candidatura presidencial de la ecologista Marina Silva tras su muerte) y el Partido Popular Socialista (PPS), dos partidos denominados “nanicos” (“enanos” en portugués), que están planificando una fusión. Ya mantuvieron varias reuniones nacionales y estaduales, y el 20 de junio ambos realizarán una convención nacional, en la que podría darse la firma de la fusión.
El presidente del PPS, el diputado Roberto Freire, dijo que esta fusión será “una alternativa a la izquierda y al enfrentamiento PT-PSDB”, mientras que el vicepresidente del PSB, Beto Albuquerque, dijo que la participación de su partido “en las elecciones del año pasado, con más de 23 millones de votos, muestra que la población también está cansada” de ese enfrentamiento. El partido llegó a ese número cuando asumió su candidatura Marina Silva, que en 2010 había obtenido más de 19 millones de votos con el Partido Verde.
Antes de 2014, el PSB era parte de la alianza que respaldaba a Rousseff, mientras el PPS respaldó la campaña de Lula en 2002 y después apoyó al PSDB.
El PSB no sólo está negociando con el PPS con miras a esta fusión, sino también con la senadora Marta Suplicy, que después de ocupar varios cargos como parte del PT -incluido el de ministra de Cultura- decidió dejar el partido y anunció que se uniría al PSB.