Ayer la Justicia chilena llevó adelante una audiencia para imputar formalmente a varios políticos de derecha en el marco de la investigación del caso de corrupción conocido como “caso Penta”, por el nombre del grupo empresarial al que involucra. Los imputados son varios dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -el ex titular del partido Jovino Novoa, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy- y el ex diputado Alberto Cardemil, de Renovación Nacional, el partido del ex presidente Sebastián Piñera (que gobernó en alianza con la UDI).
Todos aparecen como sospechosos de delitos tributarios. A Moreira y Zalaquett se los acusa de haber emitido boletas falsas, por servicios que nunca existieron, para financiar -con el pago de esos supuestos servicios- sus campañas electorales. Pero los dos gozan de inmunidad parlamentaria, por lo que no se les puede aplicar medidas como la prisión preventiva. A Novoa también lo acusan de haber entregado boletas falsas, pero en su caso para reducir la carga impositiva de su empresa, lo que significó una evasión fiscal de unos 24.000 dólares.
“Novoa ha incurrido de manera reiterada en los delitos de falsificación y facilitación de boletas por servicios no prestados”, dijo el fiscal Emiliano Arias. La defensa del dirigente no pudo tomar la palabra debido a que su cliente sufrió una baja de presión y fue internado. Cardemil será finalmente acusado en julio, a pedido de su abogado.
A Zalaquett se le dispuso arresto domiciliario nocturno, la obligación de presentarse a firmar cada semana y la prohibición de salir del país, también por emitir facturas falsas por montos que alcanzan varias centenas de miles de dólares destinadas a diversas empresas, Penta, entre otras. “La medida cautelar guarda proporción con la gravedad de los delitos, y la gravedad tiene que ver con el gran número de empresas vinculadas, diez personas jurídicas más una persona natural, más ocho empresas receptoras y dos emisoras”, manifestó la Fiscalía.