-¿Cuál es la situación ahora en el Cauca? ¿Cómo repercute en la población?
-En el Cauca siempre se ha manifestado un conflicto histórico, por parte del aparato estatal y también de los grupos armados, porque por el Cauca pasaron muchas fuerzas armadas: las FARC, el M19 [Movimiento 19 de Abril, desmovilizado en la década de 1990], inclusive el movimiento indígena tuvo en su momento su grupo armado (el Movimiento Armado Quintín Lame), el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En el Cauca se hicieron dos desmovilizaciones, la del Quintín Lame y otra en [la localidad de] Santo Domingo, del M19. Históricamente se han cruzado mucho los temas del conflicto armado y el conflicto político y social. Además, el Cauca es pionero en la recuperación de tierras, ahí surge el movimiento indígena y la lucha por la liberación de la madre tierra. Todo esto ha hecho que esté siempre en el ojo del huracán de los señores que manejan el gobierno, a quienes les gusta andar persiguiendo y estigmatizando para luego involucrarnos a nosotros como si fuéramos responsables de todo ese conflicto, de la incapacidad que ha tenido el gobierno de solucionar los problemas de base que es el problema de la tierra.
-¿Cuál es la situación actual?
-Recientemente hubo unos bombardeos. [Las FARC] estaban en cese [el fuego] unilateral. El gobierno siempre persiguió a la insurgencia y eso llevó a que las FARC reaccionaran al hecho de que los militares estaban invadiendo territorios que no eran de ellos. A pesar de estar en cese bilateral [que duró un mes, a partir del 11 de abril], persiguen, persiguen, persiguen, acosan, acosan y acosan. Ésa es la lectura que hace la comunidad indígena. La misma comunidad de Buenos Aires [el pueblo del Cauca bombardeado por el Ejército colombiano] denunció eso, que el Ejército estaba violando allí las normas del derecho internacional humanitario, por ejemplo, al acampar en un centro público. Hubo 11 militares muertos [el 11 de abril por un ataque de la guerrilla] y con ese hecho como argumento, el gobierno lo que hace es romper el cese el fuego mediante los bombardeos: el 20 y 22 se hace la masacre de los 26 guerrilleros en Guapi y eso lleva a que se acabe el cese unilateral [de las FARC]. Son dos acciones totalmente diferentes, una en defensa y otra en agresión. Nada justifica las muertes, pero hubo una acción constante del gobierno tratando de acabar con el prestigio que tenía el cese unilateral de la guerrilla. Eso hace que en el Cauca se esté dando un creciente desplazamiento. A la gente le ha tocado huir por los intensos bombardeos que hay en esa zona.
-Así que una de las repercusiones de esta situación es el desplazamiento forzado de población.
-Sí. Después de la masacre de los guerrilleros se da un desplazamiento de población, y la única presencia que hay ahora es el aparato represivo militar del Estado.
-En el conflicto militar los indígenas son reclutados tanto por el gobierno como por las FARC.
-Sí. Eso no se puede negar. Hay indígenas en la Policía, en el Ejército, en la guerrilla. En los paramilitares hubo indígenas. Eso tiene toda una connotación. A la gente no la obligan a que vaya, pero si hay necesidades, la gente va. Los paramilitares han comprado gente, pagaron para que se fueran con ellos. El Ejército y la Policía pagan para que se vayan con ellos. La gente se va para la guerrilla por necesidades y también por convicción o por conciencia. Yo no sé por qué, pero la gente se va para la guerrilla.
-¿Creen que el lugar que están teniendo en las conversaciones de paz es suficiente?
-No. Los espacios que ha tenido el movimiento indígena en La Habana fueron abiertos por el gobierno debido a las muertes de unos guardias indígenas y un médico tradicional, el año pasado, en la región de Toribío. En ese marco se trató de llegar a los que negocian en La Habana para hacer acuerdos. Pero eso no es suficiente. El pueblo indígena y el pueblo afro deben tener participación real y directa, porque el conflicto realmente está en sus territorios desde hace 50 años. Entonces no se trata de mendigar un espacio, porque estamos afectados históricamente por el conflicto.
-En la charla se habló de los acuerdos alcanzados en 1991 entre el gobierno y Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame, que desembocaron en la actual Constitución como un punto de retroceso para sus derechos. ¿Por qué lo ven así?
-En 1991 estábamos en auge respecto del tema de la recuperación de tierra. Nosotros veníamos mucho más organizados y estructurados. Había mucha más conciencia política. ¿Qué pasó en 1991? Nos reconocen en la Constitución, que ahora dice que Colombia es pluriétnica, pluricultural. Pero empezamos a desmovilizarnos porque empezamos a participar en el tema electoral. Los partidos ASI [Alianza Social Independiente] y Aico [Autoridades Indígenas de Colombia ] empiezan a participar, y empieza la cooptación de su dirigencia. Fuera de eso, otro beneficio que nos da [la Constitución] son los recursos de transferencia para las entidades territoriales [indígenas]. ¿Esos recursos qué hacen? No solucionan para nada la problemática indígena, pero sí generan corrupción de nuestros dirigentes mediante las mesas de negociación con el gobierno. El capitalista te da los recursos hasta donde él quiera y hasta donde él pueda sacar provecho. Cuando no te los da es cuando tienes que movilizarte y empezar nuevamente tu proceso. Eso llevó a que se frenara mucho la movilización. Algunos dirigentes piensan que el problema del movimiento indígena se soluciona comprando territorios que ya están copados por las multinacionales, entregados por intermedio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que es el que otorga los títulos de propiedad. ¿Qué hay que hacer ahí? Movilizarnos. Pero los dirigentes dicen “vamos a negociar para ver cuánto nos dan”. Eso generó más que un retroceso, un estancamiento del movimiento. Además, nos dieron tres escaños en el Parlamento para tener representación, y nosotros creamos nueve partidos políticos. Eso no nos unifica, eso nos divide. Participación política y reconocimiento político sí, pero eso sólo ocurre en el papel.
-Respecto de las negociaciones en La Habana, ¿ven algún avance para la comunidad indígena?
-No. En esa mesa de diálogo no tenemos parte, es una negociación entre las FARC-EP [el Ejército del Pueblo] y el gobierno nacional. Los indígenas, los representantes sociales le estamos exigiendo al gobierno que nos vincule, porque la problemática no es entre esas dos partes, es con la sociedad colombiana. El informe histórico que se entregó se está limitando a una época, y el tema indígena aparece como muy somero. La problemática y el inicio de la guerra también están vinculadas al tema indígena, porque los indígenas han participado en los grupos armados y en la violencia. El esclarecimiento no puede tener en cuenta sólo el sector campesino o una clase social, tiene que tomar en cuenta un panorama general de las comunidades que vivimos en los territorios.
-¿Hay alguna cifra establecida sobre cuál es la proporción de víctimas indígenas en el conflicto?
-No te puedo decir un porcentaje exacto, pero son muchos los muertos que tenemos, tanto en la guerrilla, como en el Ejército, como entre la población que no participa directamente en el conflicto.
-¿Qué esperan de la Comisión de la Verdad que se acaba de anunciar?
-Que se nos permita vincularnos con eso y que ayude a desarrollar mucho más los diálogos, la visibilización y la participación de los sectores sociales.
-¿Piensan que van a tener representantes ahí?
-Sí. Es necesario. Hay que generar presión para que tengamos participación en ese espacio.