Un comité especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado en respuesta al conflicto entre Argentina y los fondos de especulación financiera, elaboró una serie de principios para una regulación internacional de las reestructuraciones de deuda soberana. Sus recomendaciones serán trasladadas a la Asamblea General de la ONU, que deberá pronunciarse al respecto en setiembre.
El documento concluye que todos los países deben tener la posibilidad de reestructurar su deuda sin ser coartados por “medidas abusivas”. Establece que cuando una propuesta de renegociación de deuda sea aceptada por una “mayoría calificada” de acreedores, los términos de ese acuerdo se aplicarán a la totalidad de éstos. En el caso argentino, el Estado acordó condiciones con una amplia mayoría de acreedores, 92,4%, pero un grupo de fondos especulativos (que compran a precios bajos bonos de deuda de países en crisis), que representan algo más de 1% de los bonistas, no aceptaron los términos de ese acuerdo y reclamaron ante la Justicia estadounidense que sus bonos sean pagados en mejores condiciones. Al respecto, el documento establece el principio de la “inmunidad soberana” de los estados frente a tribunales extranjeros.
Esta iniciativa fue impulsada por Argentina mediante el G-77 más China, para establecer reglas internacionales que hoy no existen en el sistema financiero. Según informó la agencia de noticias Efe, fueron países en desarrollo los que impulsaron la tarea del comité, presidido por el embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, mientras que países más ricos -Estados Unidos, Japón y algunos países europeos- se mantuvieron al margen porque entienden que este tema no debe definirse en el ámbito de esta organización. Llorenti consideró que esa resistencia a debatir el tema en la ONU se debe a que esos países pueden incidir más en otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional.