A finales de la semana pasada, los usuarios del tuve, el subte de Londres, tuvieron que buscar otros modos de trasladarse, porque los trabajadores de ese servicio hicieron un paro de 24 horas. Protestaban por las condiciones salariales bajo las que deberán pasar a trabajar en turnos nocturnos y los fines de semana a partir de setiembre.
Aprovechando el enojo que generó el paro en millones de usuarios, Cameron anunció la mayor reforma de los derechos sindicales desde tiempos de Thatcher (1979-1990). La reforma apunta a dificultar la organización de movilizaciones sindicales en un país en el que los paros generales están prohibidos.
El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el miércoles y se va a tramitar hasta setiembre, establece que un paro sólo puede convocarse si por lo menos 50% de los afiliados al sindicato participa en la votación en la que se defina. Además, en los servicios públicos considerados esenciales, como la salud, la educación, los bomberos, el transporte, la seguridad fronteriza y el sector energético, el paro será legal sólo si lo vota más de 40% de los afiliados.
Hoy sólo hace falta que el paro sea votado por más de la mitad de los presentes en la asamblea.
El nuevo texto también exige informar a la dirección de la empresa 14 días antes de implementar la medida de protesta, y establece que los empresarios podrán contratar a personal temporal mediante agencias de trabajo para romper el paro.
Según detalló el diario británico The Guardian, los sindicatos deberán además informar cómo realizarán la difusión de la movilización, revelando su plan de comunicación por medio de las redes sociales, por ejemplo, y también deberá dar a conocer los movimientos previstos durante las protestas. Otro punto polémico impide que grupos de más de seis personas participen en las acciones sindicales para difundir un paro o para evitar que durante la medida otros trabajadores accedan a su puesto laboral. Así lo dispone para evitar que los trabajadores que decidan ir a trabajar sufran una “intimidación” por parte de los huelguistas. En caso de no cumplir esa disposición, los trabajadores movilizados podrán ser detenidos.
A esto se suma una disposición de la ley que afecta directamente al opositor Partido Laborista. El proyecto prevé que cada cinco años los sindicalistas sean expresamente consultados sobre si aceptan que el sindicato done parte de la cuota de adhesión que paga al laborismo. Esos aportes se hacen de manera automática, porque los sindicatos británicos son los que fundaron al Partido Laborista a principios del siglo XX. Los representantes del laborismo y de los sindicatos creen que se trata de una maniobra política con la que va a resultar afectada la principal fuente de financiación del principal partido opositor. Los sindicatos que no respeten esta norma enfrentarán multas de hasta 20.000 libras (unos 33.000 dolares), algo que tampoco existe actualmente.
El ministro de Negocios, Sajid Javid, dijo que las medidas apuntan a que “los paros sólo se lleven a cabo cuando los apoye una mayoría clara” y “se hayan explorado todas las demás opciones”. Agregó: “Los sindicatos tienen un papel constructivo que jugar, pero nuestro gobierno equilibrará sus derechos con los de la gente que trabaja y las empresas”.
Paul Kenny, el secretario de una confederación sindical general, GMB, advirtió que “este enfoque sesgado envenenará la relación entre los trabajadores y sus jefes”, y criticó que se intente recortar la financiación al Partido Laborista. “Es un ataque totalmente tendencioso a la financiación de los partidos” porque “no hay propuestas para obligar a las empresas a preguntar a sus accionistas cuando donen al Partido Conservador o para limitar las donaciones de los ricos”, dijo.
En cambio, la vicedirectora general de la central patronal Confederación de la Industria Británica, Katja Hall, saludó esta reforma “modernizadora” que “refleja mejor las prácticas y la fuerza laboral” actual.
El último informe oficial sobre la sindicalización en Reino Unido indica una baja constante desde 1995, cuando 32,4% estaba afiliado. En 2014, 25% de los trabajadores estaba sindicalizado; en el ámbito privado el porcentaje es de 14,2%, mientras que en el sector público llega a 55%.