La Comisión de Trabajo del Senado chileno comenzó a tratar ayer el proyecto que reforma el Código de Trabajo, con el objetivo -anunciado por la ministra de Trabajo, Ximena Rincón- de “modernizar” las relaciones laborales, para que sean “justas y equilibradas entre las partes”.
Ya fue aprobada por Diputados el 17 de junio y el gobierno prevé que se convierta en ley a fines de agosto.
Uno de los principales puntos de la reforma es la aparición de la noción de “sindicato titular” para cada empresa (en Chile los sindicatos se organizan por empresa, no por rama). Hasta ahora era posible conformar un grupo de negociación por fuera de los sindicatos para negociar acuerdos por separado. La reforma obliga a pasar por el sindicato para negociar. Éste será quien decida a la hora de aplicar a los trabajadores no sindicalizados lo acordado en las negociaciones. Ahora es el empresario el que toma decisiones al respecto.
“El problema hoy es que el sindicato negocia y después el empleador, al día siguiente, extiende esos beneficios a los no sindicalizados. Entonces, ¿qué incentivo tiene un trabajador para afiliarse a un sindicato?”, dijo ayer en la comisión la senadora de Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic.
En caso de que no haya sindicato en la empresa, los trabajadores se podrán organizar en “grupos negociadores” que carecerán de fueros sindicales (que los protegen de, por ejemplo, ser despedidos durante las negociaciones) y de derecho al paro.
Este punto está destinado a darles más poder a los sindicatos e incentivar la afiliación en un país en el que 14,6% de los trabajadores está sindicalizado (según cifras de 2012 del Ministerio de Trabajo). En el conjunto de los países que integran la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, el promedio era de 16,9% en 2013, y en Uruguay (uno de los países más sindicalizados de la región) esta tasa era de 25% en 2010.
Al poner fin a la posibilidad de negociar por fuera de los sindicatos, también se evita que algunos empresarios usen las negociaciones paralelas a su favor. Por eso este punto es saludado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, que representa a la mayoría de los trabajadores, por la izquierda dentro de la coalición de gobierno, Nueva Mayoría (NM), y por otros partidos, como Revolución Democrática.
En cambio, ni los sectores de derecha del oficialismo y de la oposición ni el sector empresarial coinciden del todo con respecto a ese punto. Desde la derecha de NM, el presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, advirtió que, aunque la actual ley “se usa como una herramienta antisindical dejando de lado al sindicato”, no quiere que ahora “se produzca un abuso del sindicato para determinar a quién le llega el beneficio [de las negociaciones] o no”.
El proyecto de ley impide sustituir en sus tareas a un trabajador que hace paro por otro que no lo hace. Hoy esto está permitido, no así contratar a otro para que cumpla sus funciones, excepto si se trata de una contratación temporal.
Sin embargo, en cada empresa, sindicato y dirigentes deberán acordar previamente las tareas mínimas que deberán mantenerse en caso de paro, para evitar afectar los bienes de la firma o el interés público. Este punto genera rechazo también en la izquierda, porque algunos entienden que los términos no son claros, y lamentan que haya sectores de actividad que por ser considerados esenciales queden excluidos del derecho a parar.
El último punto polémico de la ley -en particular para la izquierda- es la creación del “pacto de adaptabilidad”. Permite a un sindicato que representa a más de 30% de los trabajadores acordar con los empleadores condiciones excepcionales de trabajo que podrán durar hasta tres años, para adaptarse a una circunstancia particular y mejorar la competitividad. En ese marco se podrá salir de la legislación establecida y hacer que la jornada laboral sea de hasta 12 horas consecutivas. La CUT reclama que esos pactos sólo sean posibles cuando el sindicato represente a 65% de los trabajadores.
El último punto cuestionado del texto establece que la negociación colectiva tendrá un piso mínimo, que en algunos aspectos no podrá ser menor a lo pactado el año anterior, para evitar retrocesos. Sin embargo, este piso no incluye indexar los sueldos al Índice de Precios al Consumo, como reclama la CUT. Ademas, la reforma obliga a que en las negociaciones con los empresarios haya por lo menos una mujer en representación de los trabajadores.
Voces en contra
Nadie está del todo conforme con este proyecto. Esto parece algo habitual para Bachelet, cuya popularidad volvió a marcar un mínimo en junio. Según informó la encuestadora Gfk Adimark, sólo 27% de los encuestados aprueba su gestión (el porcentaje más bajo de este gobierno y de su administración anterior, de 2006 a 2010). Además, su tasa de rechazo alcanza el récord de su antecesor de derecha Sebastián Piñera: 68%.
Desde la oposición de derecha insisten en que la reforma afectará el empleo y la competitividad de las empresas y destacan que la economía creció 0,8% en mayo, el menor incremento en lo que va del año, según el Indicador Mensual de Actividad Económica, publicado ayer. En esa línea, el presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente y senador, Hernán Larraín, dijo ayer que, aunque en el mediano plazo la reforma pueda ser positiva para la economía y la productividad de las empresas, en el corto plazo y en el marco de la agenda laboral del ejecutivo va a ser negativo. “Si se hace bien, puede ser productiva, beneficiosa; puede ayudar al desarrollo de la economía. Tal cual está planteada, hay algunos aspectos que la amenazan. Chile está viviendo un momento de mucha incertidumbre”, aseguró. Larraín y el resto de la derecha chilena opuesta a los cambios legislativos insisten en que las reformas del gobierno (Educativa, Tributaria y Laboral, entre otras) generan incertidumbre para la inversión.
Juan Pablo Swett, que representa a los empresarios en las negociaciones por la reforma laboral, afirmó: “Nosotros hemos hecho ver varios casos donde el aterrizaje de la reforma, varios puntos de ella, tienen impacto bastante negativo en distintas industrias, distintos sectores, y creemos que esa visión se tiene que reconocer en el Senado”.
Ayer comparecieron ante la comisión de la cámara alta representantes de las centrales sindicales chilenas y de la principal, CUT. Coincidieron en reclamar que no se retroceda en lo alcanzado en Diputados y que se avance a partir de allí. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, integrante del Partido Comunista (miembro de NM) fue clara ayer ante la comisión del Senado: “Como CUT, anhelamos una nueva legislación construida en una democracia plena, una legislación que dé derechos laborales para el sector público [que tiene prohibido parar], un estatuto del temporero [trabajador zafral] que atienda la realidad laboral del agro. Queremos ver las condiciones laborales de las mujeres y los jóvenes [...]. Pero sabemos que no podemos hacer todos estos cambios de inmediato, por eso decimos que lo aprobado en la Cámara de Diputados es un piso mínimo y sería lamentable que se retroceda”.
Hace unos días, el diputado de Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, se opuso a la reforma: “Escuchamos al gobierno y a la NM afirmar con grandilocuencia que este proyecto pone fin definitivamente al Plan Laboral de la dictadura. Y desde nuestro punto de vista, no es ni lo uno ni lo otro. No se va a acabar Chile, como pregona la derecha, ni se termina lo esencial del Plan Laboral impuesto a sangre y fuego por la dictadura”.