La procuradora general de México, Arely Gómez, anunció que los forenses austríacos identificaron los restos del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz, desaparecido junto a 42 de sus compañeros hace ya casi un año, el 26 de setiembre de 2014. La Universidad de Innsbruck ya había identificado en diciembre un fragmento de hueso de otro estudiante, Alexander Mora Venancio.
De acuerdo con la PGR, los estudiantes fueron detenidos por la Policía municipal de Iguala porque las autoridades locales tenían miedo de que sabotearan un acto político del alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, y fueron entregados a un grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos. Éstos los mataron, incineraron los cuerpos en un basurero del municipio de Cocula y arrojaron las cenizas al río San Juan. Algunos de esos restos, recuperados por las autoridades, fueron enviados a Austria.
En la Universidad de Innsbruck se aplicaron distintas técnicas para la identificación genética de esas muestras, y una de ellas encontró “indicios que establecen la posible correspondencia” de uno de los fragmentos de hueso con la familia materna de Jhosivani, informó la Procuraduría. Explicaron que existe una probabilidad de 72 a 1 de que el fragmento de hueso que ahora fue identificado pertenezca a alguien de esa familia.
Para los familiares de los estudiantes, que han sido muy críticos con toda la investigación de la PGR, esos indicios y probabilidades no son suficientes. Uno de sus voceros, Felipe de la Cruz, dijo que los expertos del Grupo Argentino de Antropología Forense que han investigado el caso les dijeron que estas pruebas no brindan certezas, y que además ellos no pueden confirmar que esos restos hayan sido encontrados en el río San Juan. “El problema es que la PGR ya asegura que son los restos de él porque existe una pequeña coincidencia, y es muy baja”, dijo De la Cruz al diario La Jornada. Según informó la agencia de noticias Efe, el informe de la Universidad de Innsbruck estableció 72 puntos de coincidencia genética entre los restos y el ADN de los familiares en el caso de Jhosivani, mientras que en el de Alexander esos puntos son 1.201.
De la Cruz vinculó este anuncio con las críticas que ha recibido la investigación de la PGR de parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar estas desapariciones. El GIEI concluyó que los cuerpos no pudieron ser cremados en el basurero, y planteó la hipótesis de que los mataron porque uno de los varios ómnibus que usaron para trasladarse a una manifestación en otro estado trasladaba droga. Pidió que se investigue un ómnibus mencionado en testimonios y que se interrogue a militares que pudieron haber sido testigos. “Nosotros sabíamos que iba a haber una respuesta por parte del gobierno federal para desvirtuar el informe de la CIDH”, dijo De la Cruz.
Las críticas que recibió México por este caso, que sigue sin esclarecerse, llegaron también desde el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que en un informe sobre este país consideró “tardías y deficientes” las investigaciones al respecto y pidió que se apliquen las recomendaciones del GIEI.
Ayer hubo otro anuncio del gobierno mexicano vinculado con el caso. Se informó de la detención de Gildardo López Astudillo, que según la investigación oficial es uno de los líderes del grupo Guerreros Unidos y dio la orden de llevar a los estudiantes al depósito de basura de Cocula y de incinerar los cuerpos, después de confundirlos con integrantes de un grupo rival, Los Rojos. El GIEI consideró en su informe que no había elementos que explicaran esa supuesta confusión.
Miguel Ángel Osorio Chong, el ministro del Interior, dijo sobre la detención de López: “Es una buena noticia para que quede claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano se comprometió a encontrar la verdad y, por supuesto, encontrar a los culpables, y en ese proceso estamos”.