Los triunfos electorales de Ley y Justicia se dieron en dos etapas: el 24 de mayo, durante las presidenciales, cuando ganó Andrzej Duda, y el 25 de octubre, cuando Szydlo fue elegida primera ministra y el partido obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento. Atrás de los dos dirigentes, desde la sombra, el que mueve los hilos es el ex primer ministro y actual presidente del partido, Jaroslaw Kaczynski. El partido gobernante en Polonia es definido como ultraconservador, nacionalista, católico y antieuropeo, caracterizaciones que ahora le podrían jugar en contra. La asunción de Szydlo, en noviembre, desencadenó una avalancha de reformas en varias áreas que son vistas con lupa por distintos organismos internacionales y de derechos humanos.
La primera ministra, que conquistó al electorado mostrando el perfil más conciliador que podía ofrecer su partido, ya cambió a cinco magistrados del Tribunal Constitucional por otros elegidos minuciosamente -no está claro si de forma legítima o no- y modificó una ley referida al sistema de toma de decisiones, para evitar que los jueces obstaculicen las reformas del gobierno.
Antes de la modificación, los fallos eran aprobados con la mayoría simple de los votos. De ahora en más, tienen que contar con el apoyo de los dos tercios del tribunal, lo que implica que un tercio de los jueces puede bloquear una resolución -y se trata de un grupo de 15 con, al menos, cinco nuevos magistrados elegidos por el gobierno-.
Esa norma fue modificada después de un disputado debate de 11 horas que tuvo lugar el 23 de diciembre. La reforma también retrasó a seis meses el plazo máximo en que deben emitirse los veredictos, suprimió toda mención a la independencia del tribunal respecto del poder político y obligó a la entidad a atender las demandas en orden cronológico, y no según su importancia. Gracias a esta reforma constitucional, todos los proyectos del partido pueden ser aprobados sin el freno de ese tribunal.
Cuando el presidente Duda firmó la reforma que neutraliza al Tribunal Constitucional, insistió en que ésta era necesaria para no entorpecer las decisiones “de la gran mayoría”. Sin embargo, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), pidió formalmente al gobierno que frenara la reforma para no perjudicar la “independencia y funcionamiento” del tribunal, en lo que definió como un “atentado contra el Estado de derecho”.
Para Danuta Przywara, la presidenta de la organización social polaca Fundación Helsinki para los derechos humanos, los cambios impuestos “limitan al mínimo la importancia del Constitucional, desequilibran los poderes y son una amenaza muy seria para los derechos y las libertades básicas”. En ese momento, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, llegó a comparar la situación de Polonia con la de un golpe de Estado. Y las reformas recién estaban emprendiendo vuelo.
La otra medida muy criticada tiene que ver con los medios de comunicación. El 7 de enero, Duda ratificó una Ley de Medios Públicos Nacionales, que refuerza el control del gobierno sobre la televisión y la radio estatales y pone en manos del Ministerio de Hacienda los nombramientos en estos medios, que hasta entonces estaban a cargo de una comisión independiente. La nueva norma obliga a los medios públicos a seguir la línea marcada por el gobierno y a darles un giro patriótico y nacionalista a sus contenidos, con el objetivo de “engrandecer” la imagen de Polonia.
Al día siguiente de aprobada la ley, el gobierno designó a los nuevos responsables de comunicación, en un gesto que tomó por sorpresa a muchos trabajadores. Pero el control sobre los periodistas empezó un tiempo antes. En diciembre, la periodista Karolina Lewicka fue suspendida luego de entrevistar al ministro de Cultura, Piotr Glinski, y preguntarle por qué intentó bajar de la cartelera una obra de teatro que calificó de “pornográfica”. A raíz de esto, la Asociación de Periodistas de Polonia acusó a Ley y Justicia de lanzar “una caza de brujas”.
Con la nueva ley de medios, el descontento y la protesta se agudizaron. “El gobierno quiere un Estado fascista, corporativo, de partido único”, dijo al diario El País de Madrid Piotr Stasinski, vicedirector de Gazeta Wyborcza, un diario progresista y referente de la democracia en Polonia que encabeza, junto con otros medios opositores, la lista que confeccionó el gobierno de los “traidores a la patria”.
Kamil Dabrowa, otro periodista, era el director de Radio 1 y fue uno de los despedidos al día siguiente de aprobada la cuestionada ley. “Por infracción de las nuevas normas éticas, por ir contra el espíritu nacional”, le explicaron, según contó. Entrevistado por el diario madrileño, Dabrowa aclaró en qué consistió ese “ir contra el espíritu nacional”: puso cada una hora el himno nacional polaco alternándolo con el de la UE, como protesta ante la nueva norma.
Como él, hubo varios. Según Dabrowa, lo que ocurre ahora es sólo el comienzo: “Ésta es la llamada ‘pequeña ley de medios’; la grande será en primavera [del hemisferio norte], y prevé transformar los medios públicos en Sociedades de Cultura Nacional”. Agregó que “se despedirá a 3.000 empleados” para contratar a otros afines al partido gobernante. “Hasta entonces, es un período de verificación de obediencia. Están limpiando el campo de maniobra para hacerse con el control del Estado”, dijo.
Impulsados por la promulgación de esta ley, y en contra del resto de las reformas, los polacos organizaron dos grandes manifestaciones, que tuvieron eco en varios rincones del país. En sus pancartas, la palabra más leída era “libertad”. Este fin de semana, la oposición polaca reunió a miles de personas en 36 ciudades del país. En Varsovia, la capital, Mateusz Kijowski, fundador del Comité para la Defensa de la Democracia, que lidera la movilización, dijo: “No somos revolucionarios. Los revolucionarios quieren destruir, nosotros queremos conservar la democracia y la libertad en Polonia”.
Las reformas en el Tribunal Constitucional y en los medios estatales marcan el deseo del gobierno de controlar la Justicia y, a la vez, perpetuarse en el poder manejando la información. A partir de esta premisa, la Comisión Europea (CE) decidió iniciar -por primera vez desde su creación en 2014- un procedimiento para evaluar si las normas de Polonia se ajustan al Estado de derecho, uno de los compromisos que el país adquirió cuando se sumó a la UE. El mecanismo se aplica en tres etapas: la primera es de diálogo bilateral, la segunda es de recomendaciones -y se esperan las explicaciones o correcciones que correspondan por parte del país- y la tercera, llegado el caso, es la de aplicar las sanciones.
En una columna de opinión publicada el sábado en la edición madrileña de El País, el canciller de Polonia, Witold Waszczykowski, planteó que el Tribunal Constitucional se hizo para “corregir las alteraciones” del gobierno anterior e insistió en que la nueva ley de medios tiene el objetivo de “introducir una legislación que restaure un sentido de servicio dentro de los medios públicos, garantizando al mismo tiempo el pluralismo, la independencia y la objetividad”.
La semana pasada, como parte de esa etapa inicial de diálogo, la primera ministra Szydlo se reunió con el Parlamento Europeo. En esa instancia consideró que su país “no merece” la evaluación de la CE y reiteró que en Polonia “no se están violando ni los derechos humanos ni los principios del derecho democrático”. Insistió: “Las reformas se han hecho de acuerdo a los tratados europeos y a la Constitución y la legislación nacionales”. Acerca de la reforma del Tribunal Constitucional, dijo que su partido no quiere controlarlo, sino “establecer un equilibrio”. En cuanto a la nueva ley de medios, acotó: “No incumple el derecho comunitario, nos basamos en ejemplos de otros países europeos”.
El vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, explicó que es “fundamental” evaluar la situación de Polonia y subrayó que “el objetivo es resolverla”, no “abrir una polémica”. Argumentó: “La UE está basada en una serie de valores que incluyen el respeto al Estado de derecho: la confianza mutua de los Estados miembros depende de esa confianza”.
Más restricciones
Otras reformas lanzadas desde que asumió la nueva primera ministra tienen que ver con dotar de más poder a la Policía y controlar las actividades que los polacos realizan cuando navegan por internet. Los proyectos de Ley y Justicia incluyen la prohibición del aborto y recortes a las subvenciones estatales para la fecundación in vitro. Además, el partido gobernante anunció que eliminará la educación sexual de las escuelas y retiró las subvenciones a publicaciones referidas con la homosexualidad.
En setiembre, unas semanas antes de las elecciones, la periodista Ewa Wanat fue despedida de la radio pública en la que conducía un programa que daba voz a la comunidad LGBT. “Era [un programa] muy atrevido. Aquí hasta los partidos progresistas son conservadores en lo social, por miedo a la iglesia”, explicó en diálogo con El País. Wanat habla del mismo país que en 2007 quiso cancelar el programa Teletubbies porque uno de sus personajes, Tinky Winky, “parecía gay”.
Polonia de los polacos
Un punto controvertido de la campaña electoral de Ley y Justicia pero que a la vez cautivó seguidores, fue su postura en torno a los inmigrantes. De hecho, las encuestas mostraron que su tajante oposición al plan de acogida de refugiados de la UE terminó de impulsar la popularidad del partido y también la de Kaczynski, que se mostró como el gran defensor de los intereses polacos.
El cerebro del partido llegó incluso a acusar a los refugiados sirios de “traer” a Europa enfermedades que ya fueron erradicadas: “Los refugiados están provocando brotes de cólera en Grecia y disentería en Viena. Traen parásitos que portan enfermedades contra las que están inmunizados en sus países pero no en Europa”, dijo. Para Kaczynski, la prioridad del partido es “proteger a los polacos” antes que “quedar bien” con la UE.
Tras ganar las elecciones, el discurso oficial se volvió más ambiguo y menos claro. En una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, publicada el lunes 4, el presidente Duda aseguró que aceptaría inmigrantes sólo si estuvieran interesados en vivir en su país, ya que no “retendría” a alguien que planea su vida en otro país.