El problema no es exclusivo de la administración de Macri; el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández también enfrentó reclamos de los gobernadores por cómo distribuía los recursos entre las provincias. Ése fue uno de los caballitos de batalla del candidato de Cambiemos durante la campaña electoral. En aquel entonces, Macri aseguró que Fernández manejaba esos fondos a discreción según sus cercanías políticas y que no impulsaba un federalismo “en serio”. Sin embargo, a menos de dos meses de haber asumido la presidencia, les retiró a las provincias recursos que antes les había adjudicado Fernández, a partir de un fallo judicial, y aumentó a más del doble la tajada que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires, que él mismo gobernó por dos períodos antes de convertirse en presidente y que ahora es liderada por su ex jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que del otro lado del río se conoce como “coparticipación” alude a cómo se reparte la recaudación de los impuestos que cobran el gobierno y las provincias. La división se da primero entre la nación y las provincias, y después entre cada una de ellas. Las dos divisiones han variado de forma significativa en las últimas décadas, sobre todo mediante pactos.
Uno de éstos estableció en 1992 que el gobierno nacional retendría 15% de la recaudación de las provincias; en 2006, ese pacto se convirtió en ley, estableciendo que ese 15% iría a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Algunas provincias se opusieron y tres recurrieron a la Justicia: Córdoba, San Luis y Santa Fe. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo e instó al gobierno nacional a que dejara de retener ese 15% en el caso de estas tres provincias. Mediante un decreto, la presidenta aprobó el cambio, pero no para esas tres provincias, sino para todas, porque asumía que si no lo hacía así todas recurrirían a la Justicia. En ese entonces, Macri, que ya había sido electo, dijo que la presidenta quería “ver cuántos problemas nuevos” podía “crear” para el nuevo gobierno.
Cambio de mano
Macri anuló el decreto de Fernández un mes después de asumir y se limitó a aplicarlo sólo en las tres provincias comprendidas en el fallo judicial. Según informaron los diarios La Nación y Clarín, el presidente había avisado a los gobernadores que daría este paso en el encuentro que mantuvo con ellos en Olivos en diciembre. Durante esa reunión, también se comprometió a consensuar una nueva ley de coparticipación, en lo que pareció un intento de que los gobernadores no reaccionaran apresuradamente ante este decreto, en especial los 13 del Partido Justicialista (PJ), de los cuales diez pertenecen al Frente para la Victoria (FpV).
La anulación del decreto generó molestias, pero no tantas como las que causó el siguiente anuncio: la participación de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de recursos aumentó 168%, es decir, pasó de recibir 1,4% de la recaudación total a recibir 3,75%. Según el texto del decreto, el cambio se dispuso “en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo”. Si bien el decreto no lo indica, el jefe de gobierno de Buenos Aires dijo que el incremento obedecía al traspaso de parte de la Policía Federal al gobierno porteño. Con la modificación, la ciudad pasó a contar con una coparticipación mayor que la de 11 provincias, que también son responsables de sostener a la Policía Federal en sus territorios.
Los gobernadores criticaron la medida; dijeron que fue sorpresiva e incluso insinuaron que podría haber motivos políticos, ya que la ciudad de Buenos Aires es el único bastión del partido del presidente, Propuesta Republicana.
“No nos asombra, porque ya hemos visto de qué se trataban el diálogo y el consenso que tanto pregonaban. Sí provoca alarma, porque aumenta la concentración de recursos en el distrito con mayor ingreso per cápita”, dijo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, del FpV. Pero las críticas no llegaron sólo desde este sector del PJ. También el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, criticó el cambio: “Si seguimos dándoles más a los que tienen más, seguimos ampliando la brecha”.
Además, diputados, senadores y juristas criticaron que Macri recurriera otra vez al decreto porque entienden que el tema debió ser votado en el Congreso, donde hay representantes de las provincias.
Incluso el único gobernador que apoyó la candidatura presidencial de Macri criticó la medida y anunció que recurrirá a la Justicia. Se trata de Ricardo Colombi, integrante de la Unión Cívica Radical, que gobierna Corrientes. En declaraciones a periodistas, Colombi recalcó que fue “el único gobernador del país” que apostó “al cambio”, en referencia a su apoyo a Macri, y que “por eso” tiene “más que fundamento” para recibir “respuestas urgentes” a la situación.
Aunque no respaldaron a Macri, los 13 gobernadores del PJ también reclamaron respuestas. El fin de semana se reunieron y firmaron un documento en el que califican de “pésima noticia” el aumento del porcentaje que recibirá “la jurisdicción más rica del país”, que “profundiza” una “injusticia” que ya se estaba cometiendo por la falta de relación entre la asignación de los recursos y las necesidades de las provincias.
Además, criticaron que la anulación del decreto de Fernández genera una “profunda inequidad” entre las tres provincias a las que sí se les aplica -Córdoba, Santa Fe y San Luis- y las demás, y reclaman que a ninguna de ellas se le retenga el 15% destinado a la Administración Nacional de la Seguridad Social. “Es imperioso que esta problemática se resuelva a través de la política; de lo contrario, todas las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial, y la Corte ya fijó un antecedente muy claro del que no podrá alejarse”, concluyeon.
Los gobernadores también pidieron una reunión con el gobierno, y hoy tendrán un encuentro con el ministro del Interior (que se encarga de las relaciones con las provincias), Rogelio Frigerio.
Allí, además de reclamar por los fondos de la coparticipación, los 13 gobernadores provinciales también reclamarán que se reactive el traspaso de fondos para obras de infraestructura. El Ejecutivo nacional no se pronunció acerca de estas demoras denunciadas por los gobernadores. Pero, según informó ayer La Nación, el envío de dinero para las obras de las provincias está trancado, y en buena medida seguirá en esa situación hasta que se terminen de auditar algunas licitaciones aprobadas durante el gobierno anterior que la actual administración supone que son irregulares.