Cuando empezó la campaña electoral de 2015, Guatemala vivía un momento particular: luego de varias semanas de intensas protestas callejeras contra el gobierno, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, renunció a la presidencia y fue encarcelado, acusado de integrar una red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”. Jimmy Morales, sin experiencia en la política pero muy conocido en el país por sus programas humorísticos, canalizó el descontento popular y se lanzó como el candidato “del cambio”, el que desafiaba todos los esquemas de la política tradicional guatemalteca y, sobre todo, el que limpiaría la maquinaria estatal de la grave corrupción estructural. Su mensaje pegó fuerte en un electorado desesperado por una renovación, y el outsider, candidato del partido conservador Frente de Convergencia Nacional (FCN), ganó las elecciones con más de 70% de los votos.
Pero las promesas del candidato y las acciones del presidente, como pasa muchas veces, parecen no coincidir. El aspirante presidencial que repitió hasta el cansancio el eslogan “Ni corrupto, ni ladrón” durante la campaña, ahora se ve salpicado por un escándalo de corrupción que involucra a su hijo, José Manuel Morales Marroquín, y a su hermano, el también comediante Sammy Morales. El comentario más generalizado entre los guatemaltecos es, sin embargo, que el presidente Morales está improvisando.
Gusto a poco
Una de las críticas más recurrentes al gobierno de Morales es que no tiene un plan de gobierno sólido, sino un conjunto no articulado de medidas y acciones. El gobernante presentó su proyecto de gobierno recién en mayo, cuatro meses después de iniciado su mandato. Al lanzarlo, dijo que su gestión se centraría en tener “cero tolerancia” a la corrupción, fortalecer las instituciones, dinamizar el sector productivo, reducir en 10% la desnutrición crónica, promover un sistema de salud “integral”, mejorar la calidad de la educación y erradicar la pobreza. Según el texto oficial, la administración se esforzaría, además, en fomentar a las micro, pequeñas y medianas empresas, aumentar el número de policías y desarrollar una reforma tributaria. El día de la presentación, Morales insistió en que su gobierno “promoverá el nacionalismo” para fortalecer la “unidad” dentro de la diversidad cultural, “con la afirmación del orgullo de ser guatemaltecos y guatemaltecas”.
En teoría, lo que contienen las 42 páginas tiene sentido: es un proyecto de derecha, con prioridades bien marcadas que aparecen al lado de otras estrategias pensadas más a largo plazo. Pero en la práctica, pasaron nueve meses y no se vio un avance.
En el ámbito de la seguridad, hubo acciones regionales para terminar con la actividad de las pandillas, pero se llevaron adelante sólo porque contaron con el apoyo de Estados Unidos. Por otro lado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP, fiscalía) están impulsando acciones contra las estructuras corruptas enraizadas en el aparato estatal, mientras la Superintendencia de Administración Tributaria tomó medidas contra la evasión tributaria. Sin embargo, las denuncias que rodean al presidente no ayudan a darle credibilidad.
Una de las medidas más sólidas del gobierno guatemalteco fue la reforma en el sistema de Justicia impulsada por los tres organismos del Estado, que avanza rápido con el apoyo de la CICIG y el MP. La iniciativa, presentada al Parlamento el miércoles 5, incluye una reforma constitucional, el reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional de justicia y el fortalecimiento de la transparencia. Si es aprobada por el Poder Legislativo, la propuesta será sometida a una consulta popular.
El camino de Jimmy
Además de ser criticado por encabezar un gobierno que parece no tener rumbo, Morales tuvo que lidiar con la polémica que desató el nombramiento de algunos funcionarios de su administración. El primer caso fue el de la ingeniera Sherry Ordóñez, a quien designó como titular del Ministerio de Comunicaciones a las pocas horas de convertirse en presidente. Ordóñez renunció 11 días después, cuando trascendió en los medios que era contratista del Estado, lo cual le impedía ejercer un cargo público. El presidente siempre afirmó que la ingeniera cumplía con los requisitos que establece la ley, y dijo que renunciaba al cargo por “razones personales”.
La administración del ex comediante también sufrió una crisis de credibilidad cuando, incumpliendo una de sus promesas de campaña, el partido oficialista aceptó en sus filas a ocho diputados provenientes de otras agrupaciones políticas. Lo hizo días antes de que entrara en vigencia una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que penaliza esta práctica, el transfuguismo.
La misma desconfianza surgió cuando se definió la integración de la Corte de Constitucionalidad, cuyos miembros son nombrados por distintos entes estatales como la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento y la presidencia. Varias organizaciones civiles exigieron que el proceso de selección fuera transparente y los entes involucrados respondieron implementando mecanismos que se adaptaran a esas demandas. Lo hicieron todos excepto el presidente, que designó a su magistrado en secreto. Cuando fue cuestionado al respecto, el mandatario -que hizo de la transparencia un eje de su campaña- se limitó a decir que la ley no lo obligaba a nombrarlo de manera pública.
El analista guatemalteco Mario Itzep, miembro del Observatorio Indígena, dijo al medio digital La Hora que todavía “no existe claridad” en el país, que no se presentaron reformas para combatir la corrupción, que “no hay medicamentos” y que “bajó la calidad” en la educación. “En cuanto a los pueblos indígenas, hay un abandono total”, agregó Itzep. Con él coincidió Álvaro Montenegro, representante del movimiento ciudadano Justicia Ya, quien agregó que Morales “no intentó romper con los antiguos moldes políticos”, sino que, más bien, renovó “los mismos cuadros que hay desde hace tiempo”.
De rebote
Si la transparencia fue uno de los puntos centrales de la campaña de Morales, la lucha contra la corrupción fue lo que presentó como prioridad. Pero su gestión estuvo empañada desde el vamos por denuncias de corrupción y maniobras turbias que lo involucran directa o indirectamente.
Algunas sospechas empezaron unos días antes de que asumiera la presidencia, en enero, cuando se negó a revelar quién pagaría la estadía de 100 días de él y su familia en un lujoso hotel de la zona más exclusiva de la Ciudad de Guatemala, que costó 66.000 dólares y levantó sospechas sobre un posible pago de favores políticos. Morales explicó que se hospedó allí por motivos de seguridad e insistió en que no tenía la obligación de aclarar el tema porque se trataba de “un acuerdo privado”.
El caso de corrupción más cercano al presidente involucra a su hijo y a su hermano, y salió a la luz el 1° de setiembre, cuando el MP y la CICIG descubrieron una estafa de 397.000 dólares en el Registro General de la Propiedad, consistente en la contratación de servicios que nunca fueron prestados y la firma de contratos laborales irregulares.
Entre las irregularidades detectadas figuraba la contratación de una empresa para proveer desayunos para 524 personas durante un evento que nunca se llevó a cabo. Las autoridades notaron que el Registro de la Propiedad pagó 11.964 dólares por un servicio que no se proporcionó. La empresa en cuestión era propiedad de los padres de la ex novia de Morales Marroquín. La investigación reveló que el hijo del mandatario guatemalteco quiso ayudar a sus antiguos suegros y le pidió a su tío Sammy que le consiguiera una factura para justificar la compra de los desayunos. El hermano del presidente obtuvo una factura del restaurante Fulanos y Menganos, que durante muchos años fue sede del FCN. El hecho de que el propietario de este local sea Gilmar Othmar Sánchez, diputado al Parlamento Centroamericano por el FCN, también deja mal parado al gobierno de Morales.
El 15 de setiembre, un juzgado decretó la prohibición de salida del país de Morales Marroquín y su tío mientras la CICIG investiga qué grado de participación tuvieron ambos en la simulación de una compra del Estado y en la presentación de documentos falsos.
A los tres días, y después de esquivar a la prensa durante dos semanas, Morales dijo en un acto público que no se referiría al tema para no entorpecer la investigación y que confiaba en la Justicia para resolver el caso. Además, acusó a los medios de lanzar una campaña de desprestigio contra su gobierno por dejar de pagar las pautas publicitarias. “Se acabó la fafa [sobornos], se acabó la publicidad [...] Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad; perdónenme, señores de los medios de comunicación. Si ese es el dolor, perdónenme”, dijo el mandatario.
El 20 de setiembre, mientras se intensificaban las críticas de la prensa a su gestión, Morales decretó un “estado de prevención”, supuestamente como medida para prepararse frente a las fuertes lluvias. Con ese decreto se restringían libertades fundamentales como las de locomoción, manifestación y expresión. La oposición política y distintas organizaciones civiles acusaron a Morales de usar la situación meteorológica del país como pretexto para silenciar a los medios, y el decreto fue suspendido después de 48 horas. El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social denunció al presidente y al vicepresidente por intentar violar los derechos civiles mediante el decreto, aunque ambos tienen inmunidad.
El ex humorista también causó malestar cuando en una entrevista con el diario The New York Times le ofreció “mano de obra barata” al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para construir el polémico muro entre este país y México. Aunque Morales argumentó que fue una “broma”, a los ciudadanos guatemaltecos en Estados Unidos no les causó mucha gracia. Tal vez ya perdió su don.