Los fiscales argentinos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron la imputación contra la ex presidenta Cristina Fernández en la investigación acerca de supuestas irregularidades en la gestión de obras públicas para favorecer al empresario Lázaro Báez. Los fiscales pidieron al juez Julián Ercolini que incluya en la causa nuevas pruebas, derivadas del análisis de otros 15 contratos que el gobierno de Fernández otorgó a Báez. Estos 15 contratos habían sido calificados como irregularidades por la Dirección Nacional de Vialidad. El organismo señaló que Báez presentó el mismo certificado y comprometió la misma maquinaria para obras distintas que se realizarían en simultáneo. Además, el organismo informó que las obras tenían un sobreprecio de al menos 30%.
Según los fiscales, estas nuevas pruebas demuestran que existió “una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes [en referencia a Fernández y a su esposo, Néstor Kirchner] en perjuicio de las arcas del Estado”. De acuerdo al cálculo de los fiscales, Báez recibió contratos por 2.200 millones de dólares durante los gobiernos kirchneristas, pero concretó menos de la mitad y con un sobreprecio de 65%. En denuncias anteriores los fiscales aseguraron que hubo un “plan sistemático” de “apoderamiento de fondos públicos”.
La ex presidenta ha negado todas las acusaciones y asegura que hay una persecución judicial y política en su contra. Deberá presentarse a declarar por esta causa el lunes. El diario argentino La Nación informó, citando fuentes cercanas a Fernández, que en esa instancia la ex presidenta pedirá que no se investiguen solamente los contratos adjudicados a Báez sino también los otorgados a otros empresarios, incluido Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Otra novedad judicial para Fernández provino del procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, quien consideró que la ex presidenta debe elegir una de las dos pensiones que cobra: una por haber ocupado ese cargo y otra porque su esposo fue presidente. El parecer de Balbín fue emitido a pedido de Carolina Stanley, titular del Ministerio de Desarrollo Social, que todavía está revisando algunas decisiones que se tomaron mientras terminaba el gobierno de Fernández.