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La Justicia ordenó la detención de dos ex asesores de la presidenta de Corea del Sur

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Miles de personas salieron a las calles de Corea del Sur para exigir la renuncia de la presidenta, Park Geun-Hye, el sábado, un día antes de que se ordenaran las detenciones de varios de sus ex asesores.

A fines de octubre, fue detenida por tráfico de influencias Choi Soon-il, amiga de Park desde hace 40 años. Una investigación judicial reveló que Choi asesoraba a Park en asuntos de Estado sin contar con autorización para ello ni ocupar ningún cargo público.

La detención de Choi fue dispuesta por acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Se sospecha que aprovechó su acceso a información privilegiada y a altos cargos del Ejecutivo para presionar a los empresarios más grandes del país para que, por ejemplo, hicieran donaciones a sus fundaciones. También se sospecha que se enriqueció de manera ilícita con esos fondos. Después de entregarse a la Policía, Choi confesó haber accedido a información confidencial.

A su vez, la presidenta reconoció públicamente que fue asesorada por Choi y pidió disculpas por cualquier irregularidad en la que hubiera incurrido.

Según los medios surcoreanos, Choi y Park tienen una amistad cercana desde su infancia debido a la relación entre sus padres. El padre de la presidenta, el dictador Park Chung-hee (1961-1979), recibía asesoramiento espiritual de Choi-Ta-Min, un reconocido líder religioso autoproclamado jefe de la Iglesia de la Vida Eterna.

Después de que se conociera el acceso que tuvo Choi a los documentos de gobierno, la presidenta despidió a varios de sus asesores. Ayer la Justicia ordenó que dos de ellos sean detenidos: el ex asesor de coordinación política de Park An Chong-bum, de quien se sospecha que colaboró con las extorsiones de Choi a empresarios, y el ex secretario de asuntos presidenciales Jeong Ho-seong, que según se cree, le enviaba los documentos confidenciales a Choi.

La presidenta pidió disculpas el viernes y dijo que quiere que se la investigue pese a que la Constitución prohíbe que el presidente en funciones sea investigado.

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