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Otilia Lux. Foto: Pablo Vignali

... y justicia para todos

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La guerra civil en Guatemala terminó hace dos décadas y las familias de las víctimas consideran que todavía no se hizo justicia. La anulación del juicio contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, es una de las pruebas más contundentes. Sin embargo, hubo un avance en los últimos años gracias al trabajo de nuevas fiscales y a la lucha de las mujeres -esposas, madres, hijas de las víctimas- que llevaron adelante las denuncias, según relató a la diaria la activista indígena guatemalteca Otilia Lux, que la semana pasada visitó Montevideo. Un ejemplo es el caso Sepur Zarco, que en febrero de este año llevó a la cárcel a dos ex militares por los delitos de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica.

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Pasaron casi dos décadas desde que realizaron la investigación y presentaron el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre lo ocurrido durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996). ¿Cómo fue la elaboración de ese informe?

-Se dio por un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno que se firmó en Oslo, Noruega, para que se instalara esta comisión de la verdad, a la que se llamó Comisión de Esclarecimiento Histórico en relación a la Violación de los Derechos Humanos y Hechos de Violencia. Una comisión que tuvo sus amigos y sus detractores. Los detractores son aquellos que no querían que se dijera la verdad de lo acontecido. Sin embargo, la sociedad guatemalteca y las personas que dijeron “el que nada debe nada teme” apostamos a este informe, que hicimos con base en un mandato de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]. Lo lideramos tres comisionados: uno nombrado por la ONU, el otro nombrado por las universidades de Guatemala, y yo, que fui nombrada por las víctimas de la guerra. Los tres dirigimos la comisión y había 250 investigadores que eran internacionales, con el propósito de que no hubiera ningún sesgo. Trabajamos durante dos años, entregamos un informe con hallazgos muy impresionantes que reflejan la tragedia que vivió Guatemala. Nosotros comparamos esta información obtenida con lo sucedido en Argentina, Chile, El Salvador, Nicaragua, Sudáfrica. Encontramos datos sobre la desaparición de más de 600 aldeas, escuchamos con los otros comisionados más de 7.000 testimonios individuales y colectivos. Aunque no nos dio el tiempo de estudiarlo todo, hicimos una gran labor, titánica, en la que encontramos 200.000 muertes contabilizadas por todos los testimonios que dieron las personas, y lo corroboramos con material desclasificado que nos facilitó la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Consideramos que sobre los datos de la comisión trabajamos apegados a la objetividad. Incluso hubo personas que dijeron: “Bueno, si hay asuntos personales y desean tocarlos, pueden tocarlos”. En mi caso, no quise tocar ningún asunto personal -porque mi padre fue una de las víctimas-, con el propósito de hacerlo objetivo. Este informe siempre lo guardamos con mucha esperanza, porque dijimos: “En algún momento habrá justicia en Guatemala”. Siempre lo pedimos, desde el 25 de febrero de 1999, cuando entregamos el informe y lo declaramos el día de las víctimas en el Congreso. Cuando entregamos el informe, nos encontramos con un dato impresionante, condenable y abominable: que en Guatemala se cometió un genocidio contra el pueblo maya. Tenemos una ley de reconciliación que dice que los delitos políticos no serán juzgados; sin embargo, y afortunadamente, dejaron abierto, como excepción, los casos de delitos de lesa humanidad. Eso nos permitió realmente mantener la esperanza de que algún día llegaría la justicia en Guatemala, y afortunadamente la tuvimos.

¿Cómo empezó ese proceso?

-Ya hace un par de años, cuando llegó una de las fiscales, muy compenetrada con el trabajo de la Justicia, que acogió las demandas que hicieron las organizaciones de mujeres, porque fueron las mujeres las que levantaron este tema, ya hace más de una década. Pero nunca era atendido por el Ministerio Público y mucho menos por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con esos cambios que hubo, la fiscal dijo: “Hagámoslo”. Entonces ella empezó a hacer todo el proceso del genocidio. Y llegó, afortunadamente, la doctora Yassmín Barrios, una extraordinaria mujer, jueza, penalista, que tuvo a bien ver este caso. Se hizo todo el debido proceso, de acuerdo con la orientación que recibían las mujeres. Tuvieron a los peritos en las audiencias públicas y se comprobó que el delito se cometió, que esos datos están aquí y que lo que dicen las denunciantes es verdad. Además, la comisión de la verdad corroboró estos datos. Entonces la presidenta [del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo], que era la doctora Yassmín Barrios, sentenció al general genocida Efraín Ríos Montt con 80 años, pero hubo presiones tan fuertes en Guatemala -como la del Cacif [Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras], el sector más recalcitrante en Guatemala, que tiene la economía del país en sus manos-, que se anuló el proceso. Y empezó otra vez, pero como ya saben a dónde va, lo obstaculizan.

Un caso que sí terminó con la condena a los culpables fue el de Sepur Zarco.

-El caso de Sepur Zarco es muy importante. Este es un caso que nosotros reportamos también en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Sinceramente, las mujeres q’eqchi fueron esclavas, y además de esclavas fueron violadas sexualmente como forma de tortura. Y, por otro lado, las despojaron de las tierras de sus maridos. Esas mujeres sufrieron demasiado. Incluso hubo algunas que dijeron: “Nos quedábamos embarazadas, ¿y qué podíamos hacer?”. Si hubieran estado ahora, en este momento, cualquiera de las mujeres les habríamos dicho: “Han sido violadas por gente como esta, hay formas de no tener esos embarazos indeseables”. En ningún momento hubo esa orientación para estas mujeres, que lo expresaron de manera muy fuerte, y se logró una condena. Se logró que se dictaminaran 30 años de cárcel para estos dos hombres señalados por ellas como quienes dirigían. Afortunadamente, estas mujeres se acordaron de sus nombres, indagaron, buscaron documentación, pruebas, y se logró que se les aplicara la sentencia. Entonces esto ya es un logro para la justicia, y es un logro para que se respeten los derechos humanos, es un logro para decirle a la humanidad que esto no se vuelva a repetir. Pero también es un logro importante para decirle a la humanidad que hay formas de diálogo civilizado para poder arreglar las cosas, buscar soluciones efectivas e inteligentes. Esto nos muestra que la justicia sí es posible cuando realmente hay voluntad política y cuando el profesional que imparte justicia ve con los ojos, el alma y la inteligencia la justicia y el derecho, sobre todo el derecho internacional. El derecho internacional pone normas cuando hay un conflicto armado interno, pone normas cuando hay una guerra. Ellos violaron el derecho internacional, les importó realmente un comino. Por otro lado, siempre hay una subvaloración para los pueblos indígenas. La verdad es que el pueblo maya de Guatemala fue el que sufrió la peor parte. Hay un dato estadístico: 83% de las víctimas eran indígenas; no tenían nada que ver con el conflicto, pero como estaban en sus territorios y por ahí pasaban tanto Ejército como guerrilla, ellos también tenían que sufrir.

¿Hubo algún tipo de reparación?

-Hubo. Nosotros dejamos recomendaciones, como la de crear un programa para el resarcimiento a las víctimas. El mismo Estado se comprometió. En los primeros años, el Estado creó un fondo para reparar a las víctimas en relación con los objetos que habían perdido, pero también hay una reparación cultural de los pueblos. Lo otro era cómo van a reparar la pérdida de mi familia: con justicia. Por ejemplo, las mujeres hoy se ven reparadas. Ya no vuelve mi padre, ya no vuelve mi hijo, ya no vuelve mi esposo. Pero hubo justicia. Eso también es una cuestión que reconcilia el alma, aunque el otro esté vedado en su libertad. Nosotros siempre decimos que fue una guerra en tiempos de la Guerra Fría, entonces había dos actores que estaban en contienda en el plano internacional: la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos, para mantener a toda la América crea su seguridad nacional, que fue una política para que todo aquel que pensara progresiva o democráticamente se eliminara porque era un peligro de que despertara otras mentes de democracia y progresismo. Creo que esos aspectos también contribuyeron fuertemente, porque ponen la plataforma en contra de todos aquellos que pensaban que todo se podía resolver en nuestra querida Guatemala con una forma más visionaria, democrática y humana. Si hablabas de la justicia eras el enemigo.

¿Hasta qué punto ese pasado quedó saldado?

-Es una deuda todavía pendiente en Guatemala. Si no se castiga a los autores del genocidio, Guatemala va a quedar con este asunto pendiente, sin que la justicia se aplique realmente. Pero no se debe a las fiscales que están ahora, fue porque las presiones fueron bastante fuertes. Esa deuda de la aplicabilidad de la justicia real y verdadera es un faltante. No creo que hayamos llegado a 100%, todavía nos falta. Por otro lado, hace falta también resolver muchas de las causas de la guerra, como la pobreza, la explotación económica; eso todavía está latente. También está el racismo, porque eso lo observamos por el trato que se les dio a los mayas. ¿Por qué 83% de las víctimas fueron mayas? Ese porqué queda siempre latente, y en la postura contra el racismo estamos luchando para que hagan políticas sociales apropiadas, que los presupuestos nacionales vayan orientados a nuestras necesidades. Falta todavía.

Decía antes que los indígenas se llevaron la peor parte durante la guerra civil. ¿Qué pasa ahora?

-Los abusos continúan, sólo que en aquel momento la violación a los derechos humanos de los indígenas se debía a que consideraban que eran aliados de la guerrilla, entonces el Estado violó, asesinó, torturó, capturó y desapareció. Ahora hay otro tipo de persecución contra los indígenas: es por el extractivismo. Ahora los indígenas se atrincheran, se resisten a que llegue una empresa transnacional para la extracción minera, porque es nuestro territorio, es la madre tierra, y no la podemos deteriorar. Entonces no podemos permitir que destruyan el agua que nos corresponde y que les corresponde también a las demás personas. Creo que ese es el punto común de los pueblos indígenas: quisiéramos que todos los grupos humanos entendieran que lo que estamos defendiendo es la vida, el agua, y el agua no se detiene, sigue corriendo; cáptenla ustedes también pero para bebida, no para mover maquinaria que genere capital sólo para una familia. Otras formas de explotación se dan cuando, por ejemplo, se paga el salario mínimo o cuando los alimentos no llegan a muchos niños, y hay niños desnutridos. También eso es calificado como un genocidio que se está dando lentamente, porque es eliminar a los niños con el propósito de que no continúen los pueblos indígenas.

¿Han perseguido y asesinado a activistas en Guatemala? Pensando en lo que sucede en Honduras, por ejemplo.

-Sí, en Guatemala tenemos la detención de líderes que se han resistido. Han encarcelado, han asesinado a hombres líderes, han disparado a mujeres, y las mujeres afortunadamente se han salvado. Así que sí, en ese sentido tenemos la misma situación que Honduras y otros países. En Honduras asesinan a la dirigente indígena Berta [Cáceres] y a su segunda, en menos de un mes. Esto muestra lo que pasa muchas veces con las mujeres que salen al frente de la resistencia para salvar su río, el agua de su pueblo. Yo creo que debe hacerse un llamado mundial. Nosotras lo hemos hecho en la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe], lo hemos abordado las mujeres indígenas y las mujeres afro, también otras mujeres aliadas lo han incorporado en su discurso. Considero que hay que verlo más allá: el agua no puede privatizarse, el agua es un bien común para todos los seres humanos.

¿Cuáles son hoy las preocupaciones de Guatemala?

-Bueno, en Guatemala hay grandes preocupaciones, como la violencia terrible que nos asedia a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Hay distintas formas de violencia, la violencia que se ejerce sobre las niñas de 10, 11 y 12 años que están dando a luz. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos también como parte de la violencia -pero aquí tiene mucho que ver con tipos de desarrollo neoliberal que ejercen presión con el Estado- problemas profundos como el extractivisimo, el aprovechamiento de las aguas de los ríos, a los que vacían para la industria. Tenemos también el problema de que no se consulta a los territorios indígenas, entonces se constituye una conflictividad social como lo es el tomarse los ríos para generar energía eléctrica. Pero no se hace con el fin o el propósito de facilitarle más energía eléctrica a Guatemala, sino para venderla. Eso también es sumamente fuerte para nosotros, porque la gente que opone resistencia prácticamente es desinformada, desacreditada y criminalizada. Hay también un acuerdo entre quienes ejercen este tipo de trabajo industrial y el gobierno, también con algunos que son operadores de justicia. Hay líderes que por oponer su resistencia en defensa de la madre tierra y del territorio son perseguidos o son capturados y procesados. Afortunadamente, en Guatemala hemos tenido mujeres fiscales y juezas muy efectivas, y en este sentido han sido tan apegadas a la ley que han revisado los casos, y afortunadamente hemos obtenido la libertad de los líderes que opusieron resistencia para que se respetaran los bosques y las aguas. Porque como nosotros decimos, defendemos la vida, y la vida también es el contexto, el entorno. Si ellos viven en estas tierras y territorios, si su entorno son los bosques, las grandes faunas o los grandes ríos, que se respete. Porque es la vida de ellos. De eso viven, de eso se abastecen. Hoy tenemos carencia del agua, pero se está orientando a represas para generar energía eléctrica, por un interés individual y no colectivo. Lo otro, y que también se ve a lo largo de América Latina, es la pobreza, que se profundizó más en Guatemala. Habíamos bajado el porcentaje y ahora lo volvimos a ver un poco más alto, casi de 60%. El desempleo, que afecta a la juventud, que sigue siendo cooptada por el crimen organizado, por el narcotráfico, porque estamos muy cerca de México y de Estados Unidos, entonces esto también nos asedia y nos preocupa fuertemente.

Leía hace unos días que Guatemala es el tercer país con más femicidios en América Latina.

-Así es. En Guatemala ha habido, desde 2004 hasta esta fecha, un incremento de femicidios. A mí me tocó ser coautora e impulsé bastante la ley contra el femicidio en el Congreso cuando era diputada. Todas las mujeres hicimos un frente común para que esa ley pudiera salir en el primer año de nuestro ejercicio como diputadas, y lo logramos. Esta ley ha permitido que las instituciones que imparten justicia crearan fiscalías especializadas con el propósito de obtener los casos, profundizarlos, y que haya una resolución positiva o sentencias que puedan ejercerse sobre aquellos hombres que hayan cometido ese delito. Entonces sí, es cierto, y nos preocupa fuertemente. Somos un país que salió de una guerra terrible, y ahora nos encontramos con un problema porque los procesos de la paz que se firmaron en ese momento no se desarrollaron como estaban estipulados, y mucho menos hubo la responsabilidad del Estado para decir dónde estuvieron los focos principales de la guerra como para atender a las personas, con tierras, con alimentos, con trabajo, con educación, con salud. Si eso hubiera sucedido, considero que el proceso de paz en Guatemala habría dado un resultado mucho más positivo. Cuando se acabó la guerra, los mismos militares abrieron las puertas al narcotráfico. Eran los que cuidaban las fronteras, eran los que realmente daban lugar al tráfico de armas, al tráfico de drogas, al tráfico de patrimonio tangible que tiene Guatemala como producto de una gran civilización maya. Entonces también eso se les atribuye a los militares de la época, que eran los que tenían prácticamente el poder; por eso mismo nosotros lo llamamos “el Estado Ejército”, porque el Ejército impartía justicia, el Ejército era el Ejecutivo y el Ejército era el Legislativo. Ellos eran prácticamente el Estado. Nosotros teníamos que estar supeditados a sus decisiones.

Hace un año asumió Jimmy Morales como presidente de Guatemala. ¿Cómo es la relación de este nuevo gobierno con los indígenas?

-Yo lo que veo es que el señor Jimmy Morales no es más que la réplica de los otros gobiernos. Se ve que es un hombre tranquilo, pero no entró con un plan de gobierno y eso lo ayudó, aunque las cosas se repitieran de la misma manera. Repetición significa que los presupuestos no van a resolver necesidades o situaciones que necesitan las diversas poblaciones. No se ha resuelto el problema de la violencia común en Guatemala. Estamos en lo mismo, no tuvimos acciones que nos pudieran garantizar que es un gobierno con un trabajo planificado. Porque no lo planificó. Por eso es que da pasos para acá, pasos para allá, retrocede, está improvisando, no está estable. Entonces los ministerios van resolviendo casos administrativos pero no logran cumplir con su propio objetivo cualitativo. Es un gobierno, siento yo, muy blando. Queremos un gobierno que entre con su plan y que no se deje presionar. Por lo mismo que es blando cree que hay que quedar bien con todos los que lo presionan, menos con la gran mayoría. Creo que se equivocó el señor, lamentablemente. Debería hacer una revisión muy concienzuda del trabajo que ha hecho durante estos meses. Ya termina el primer año y va a salir reprobado, realmente, porque no vemos los avances cualitativos. En conclusión, un gobierno bastante débil, muy blando, que no entró con un plan decidido. Entonces, sí, estamos en una Guatemala en donde no está pasando nada.

¿Qué postura adopta la sociedad civil en este sentido?

-Hoy la juventud está cambiando en Guatemala. A partir de lo que pasó el año pasado, que nos levantamos en contra de la impunidad, en contra de las grandes mafias que tiene el Estado. Fue un punto de inflexión. Nos levantamos, en toda Guatemala, para pedirle la renuncia al presidente [Otto Pérez Molina], y ese presidente hoy está preso porque se detectó que fue el cabecilla de las mafias de las altas corrupciones en todos los niveles. El caso de corrupción conocido como “La Línea”, el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el caso de la cooptación del Estado, el caso también de “El Botín” del Registro General de la Propiedad, un botín bastante llamativo, que nos sorprendió, y el caso de La Portuaria, la terminal aérea guatemalteca. Lo del año pasado ha demostrado lo que podemos hacer los ciudadanos para sacar a la gente corrupta y tener al grupo que administra justicia en la línea de administrar justicia.

¿Qué mecanismos tiene la sociedad civil para interactuar con el gobierno?

-En estos días hay un llamado para expresar el descontento por una parte, pero hay otra cosa también. Descubrieron que en el caso de El Botín del Registro de la Propiedad están involucrados el hijo del presidente y el hermano del presidente. Entonces hoy están arraigados, no pueden salir del país, y están estudiando el caso para poder llamarlos a audiencia. En ese proceso están el hijo y el hermano del presidente. ¡Y su eslogan era “ni corrupto, ni ladrón”! Es una paradoja. Ahora, según las noticias, también el hijo del vicepresidente está involucrado con el lavado de dinero. No queríamos más esto, pero esto nos demuestra que la cosa continúa. Estamos en alerta. Quisiéramos que acabaran esas desigualdades, esas injusticias, ya no queremos más violencia, no queremos más violencia sexual para las niñas ni queremos más acoso sexual para la juventud en las calles. Promocionamos la vida digna y los derechos de las mujeres, y pedimos que todos vivamos en paz y en armonía. Ya no queremos más injusticias.

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