El segundo mandato de Kabila, que llegó al poder en 2001, expiró en la medianoche del lunes porque así lo establece la Constitución de Congo. Sin embargo, Kabila decidió permanecer en el cargo y el lunes de noche anunció la conformación de un gobierno interino cuyo mandato se prolongará hasta abril de 2018. Para esa fecha quedaron fijadas unas elecciones presidenciales que estaban previstas para noviembre de este año pero que el gobierno suspendió por una supuesta falta de recursos y problemas logísticos. “Kabila se quedará en el poder hasta que otro presidente sea elegido. No pasará nada. Si alguien intenta molestar la seguridad en esta ciudad, se encontrará con las fuerzas policiales, como en cualquier otro sitio del mundo”, advertía el lunes el portavoz del gobierno, Lambert Mende.
Pero la oposición congolesa y otros grupos de la sociedad civil consideran el aplazamiento de las elecciones una excusa de Kabila para permanecer en el poder. Desde que el mandatario retrasó las elecciones, en setiembre, la situación que se vive es tensa y varios activistas, líderes opositores y manifestantes fueron reprimidos y encarcelados por oponerse a los planes de Kabila de perpetuarse en el poder y por viralizar lemas como #Bye ByeKabila o #KabilaDebePartir.
Consciente de este clima de tensión que viene in crescendo, el gobierno tomó medidas desde el domingo de noche: prohibió de facto las manifestaciones y las reuniones políticas públicas, y desplegó a miles de funcionarios de la Policía, el Ejército y la Guardia Republicana en las ciudades más importantes del país. Al día siguiente sumó el bloqueo de algunas redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, según informó la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones, y en varias zonas directamente cortó el acceso a internet.
La reacción fue inmediata. El lunes de tarde las calles de Kinshasa, la capital, y otras ciudades se llenaron de manifestantes que, al desafiar las reglas establecidas por el gobierno, fueron reprimidos con disparos y gases lacrimógenos. La orden era “reprimir cualquier aglomeración de más de diez personas”, según informó un alto cargo militar a la agencia de noticias Efe. El resultado es de 19 muertos, 45 heridos y más de 200 detenidos, por el momento, según cifras de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. Otras organizaciones, como Human Rights Watch, elevaron el número de muertos a 26.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, consideró “alarmante” la escalada de violencia y la represión de las libertades fundamentales de los opositores al presidente Kabila. A su vez, recordó que el lunes se cumplieron tres meses desde que la represión policial de una protesta en la capital provocó 54 muertes, y señaló que “al día de hoy, nadie ha sido investigado ni juzgado” por esos casos. Por otro lado, un grupo de relatores especiales de la ONU denunció “el doble rasero aplicado por las autoridades en Kinshasa, que sí permite actividades públicas de jóvenes favorables al gobierno, mientras reprimen las voces disidentes”. En contrapartida, el gobierno congoleño acusó a la ONU de hacer “balances sin pruebas” y le advirtió que su tarea se limita a “coordinar las acciones de apoyo a la protección de los derechos humanos”.
El gobierno de transición que se instaló el lunes de noche surgió tras un acuerdo firmado el 17 de noviembre entre Kabila y algunos partidos de la oposición, fruto de una serie de conversaciones lideradas por la Unión Africana para encontrar una solución pactada a la crisis política. Los partidos opositores que rechazaron el pacto llamaron a la resistencia contra un presidente que el lunes “perdió legitimidad”, en palabras del principal líder de la oposición, Étienne Tshisekedi. “Lanzo un llamamiento solemne al pueblo congoleño para que no reconozca a la autoridad ilegal e ilegítima de Joseph Kabila y para resistir pacíficamente un golpe de Estado que se llevó a cabo con la bendición del Tribunal Constitucional”, dijo Tshisekedi en un video difundido el lunes en Youtube. Se refería al aval de ese tribunal para retrasar las elecciones hasta 2018, en respuesta al pedido de la Comisión Electoral, que alegaba dificultades “técnicas” para llevarlas a cabo en la fecha fijada originalmente.