El gobierno chileno de Michelle Bachelet confirmó ayer que no habrá indultos ni impunidad para quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar. Así lo estableció el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, quien dijo que ni el gobierno ni la cartera que integra “están por el indulto ni por la impunidad respecto de las personas que están cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad”.
La aclaración vino después de que en el medio de una conmemoración religiosa, diez militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura pidieran perdón, en un acto que fue rechazado por familiares de las víctimas.
El acto tuvo lugar en el penal de Punta Peuco, una prisión con condiciones privilegiadas -cuenta con canchas de tenis y barbacoas- especialmente construida para recibir a este tipo de condenados. La mayoría de quienes pidieron perdón pertenecieron a escalafones menores de las Fuerzas Armadas, excepto el general Raúl Iturriaga, que fue subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional de Augusto Pinochet.
Cada uno de los militares pidió perdón en el acto religioso, que fue privado, por lo cual no se conocen las palabras que se dijeron. El oficial del Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua, pidió expresamente que se revelaran las suyas: “Pido ser perdonado por [aquellos a] quienes les produje zozobras y dolores en los momentos [en] que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar”. Según las personas presentes en el evento, la mayoría de los pedidos fueron similares.
Los sacerdotes católicos que estuvieron en el acto celebraron que los militares hayan pedido perdón y dijeron a los medios que ninguno de ellos pidió su liberación o reducción de pena. Sin embargo, otros militares sí pidieron ser liberados, porque sufren enfermedades terminales o simplemente por su avanzada edad. El mismo viernes la Corte Suprema revocó una resolución que le daba la libertad condicional a un militar, y el ministro Mena informó que el gobierno negó el indulto presidencial a cuatro militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Las organizaciones de familiares de las víctimas aseguran que el objetivo del acto del viernes era justamente recibir beneficios carcelarios, y exigen que si realmente quieren pedir perdón, faciliten información sobre los desaparecidos.
Durante el pedido de perdón, los familiares de las víctimas se manifestaron en las afueras del penal. Además, como muestra de repudio al papel de la iglesia católica en este acto, seis mujeres se encadenaron a los bancos de la Catedral de Santiago.