Agentes y jerarcas policiales aseguraron en su momento que, tras permanecer detenido durante algunas horas, Amarildo salió a pie de la oficina de la UPP. Hubo quien llegó a insinuar que si no había vuelto a su casa, donde lo esperaban su esposa y sus seis hijos, era porque no había querido. Unos meses después apareció un testigo que dijo a la Justicia que vio cómo un conocido narcotraficante de la zona asesinó a Amarildo en los alrededores de la sede de la UPP en Rocinha, pero luego reconoció que policías le habían pagado para mentir.
El caso se convirtió en un emblema de los abusos policiales en Río de Janeiro y, particularmente, de la persistencia de procedimientos ilegales en la UPP, una unidad policial que en su origen se pretendía más comunitaria y menos represiva. La investigación judicial concluyó que Amarildo fue detenido porque uno de los policías militares de la UPP de Rocinha dijo que él estaba vinculado con la venta de drogas en la favela. Una vez detenido, lo trasladaron a uno de los contenedores que hacen las veces de sede de la UPP en Rocinha. El entonces comandante de esa unidad, el mayor Edson Raimundo dos Santos, ordenó a un grupo de policías que se mantuviera dentro y a otro que se quedara afuera, vigilando que no se acercara nadie. Cuando algunos pidieron no participar en la situación, fueron obligados a quedarse en los lugares que les habían asignado. Algunos de los policías que estaban presentes declararon ante la Justicia que Amarildo pidió por su vida y llegó a implorar: “No, no, eso no. Matame, pero no me hagas eso”. Se presume que esas palabras salieron de la boca de Amarildo antes de que lo sometieran a algún tipo de violación sexual. Avanzadas las torturas, Dos Santos pidió a la mayoría de los policías que estaban dentro del contenedor que se retirara, tras lo cual se continuó con la tortura. “Todo demuestra que Amarildo fue torturado hasta su muerte”, dice la jueza en la sentencia.
El cuerpo de Amarildo nunca apareció y esta investigación judicial no arrojó indicios sobre dónde podría estar. En paralelo, avanza otra causa con el objetivo de encontrarlo. Filmaciones de los alrededores de la sede de la UPP en Rocinha muestran que esa misma noche llegó al lugar una camioneta del Batallón de Operaciones Especiales (una formación de la Policía Militar conocida por la película Tropa de élite), sobre la que los policías de la UPP cargaron una gran bolsa negra.
Por lo sucedido con Amarildo, 25 policías militares fueron acusados por distintos delitos, 12 de los cuales fueron absueltos; los otros 13 fueron condenados por tortura seguida de muerte, ocultación de cadáver y fraude procesal. Según la sentencia, el delito fue “orquestado” por Dos Santos y su número dos, Luiz Felipe de Medeiros, que fueron condenados a 13 años y siete meses y diez años y siete meses de prisión, respectivamente. Un soldado que estuvo todo el tiempo mientras la situación transcurría y que participó en la tortura fue condenado a 11 años y seis meses de prisión; los demás tendrán que cumplir una pena de entre nueve y diez años de prisión, excepto uno que falleció el año pasado. Todos los condenados, excepto este último, fueron expulsados de la Policía Militar.
“Se hizo justicia”, dijo ayer, después de que se conocieran las condenas, la viuda de Amarildo, Elizabete Gomes da Silva. “Me siento aliviada, pero no totalmente. Su cuerpo todavía no apareció; voy a seguir luchando para encontrarlo”, agregó en declaraciones a la cadena O Globo. El abogado de Elizabete, João Tancredo, explicó ayer que para la familia “no importa el tiempo de la condena, sino que el Estado reconoció que fueron los policías” los que lo secuestraron y asesinaron.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, reconoció que tras este fallo se queda “pensando en cuántos Amarildos existirán, cuántos casos no fueron investigados”.