El gobierno de Honduras manifestó su repudio ante este asesinato, que calificó como “abominable y deleznable”, y el presidente, Juan Orlando Gómez, ordenó que un equipo de expertos se trasladara desde Tegucigalpa para investigarlo.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que fue detenido el guardia de seguridad del barrio Líbano, donde Cáceres fue asesinada, y que la activista había pedido que se suspendiera la seguridad permanente que le había asignado el gobierno debido a las reiteradas amenazas de muerte que había recibido. Agregó que la casa en la que murió “no había sido reportada a los custodios” como uno de los lugares en los que podía estar Cáceres. “No estamos excusando este caso, pero queremos hacer ver ante la comunidad nacional e internacional que el gobierno de la República, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad estuvieron siempre pendientes de la seguridad de la señora Berta Cáceres”, dijo.
Esa información fue negada por el hermano de la dirigente, Gustavo Cáceres. Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se otorgaran medidas cautelares a su hermana pero que el gobierno no cumplió. También afirmó que es responsabilidad del Estado que su hermana “no sea una estadística más de un vil asesinato”.
Fue testigo del asesinato el activista mexicano Gustavo Castro Soto, fundador y director de las organizaciones sociales Amigos de la Tierra México y Otros Mundos AC Chiapas. Esta última lanzó ayer una campaña en su página web para reclamar a México, Honduras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección para el activista, “herido durante el asesinato de Berta Cáceres”.
La semana pasada la activista dio una conferencia de prensa en la que advirtió que cuatro dirigentes del COPINH habían sido asesinados en sólo unos meses y denunció que otros tantos habían recibido amenazas.
Cáceres era una dirigente de la etnia lenca, la mayor en Honduras, y en representación de ese pueblo o de COPINH se opuso a la construcción de varias represas hidroeléctricas que iban a desplazar a comunidades indígenas en distintos territorios del país. Uno de los casos más sonados es el de Agua Zarca, una hidroeléctrica que se iba a construir en 2013 sobre el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas. La presión de la dirigente y de las comunidades locales logró que los principales inversores del proyecto se retiraran y que la obra fuera suspendida. Si bien en ese entonces ella recibió amenazas de empresarios, en otras instancias denunció que también las recibía de la Policía y el Ejército.
La madre de Cáceres, Austra Flores, que fue activista social en décadas anteriores, dijo que está convencida de que la Policía informará en los próximos días que se trató de un robo al azar, pero ella sabe que la mataron “por su lucha”.Además de los líderes sociales hondureños, este asesinato fue condenado por organizaciones como como Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.