Familiares, amigos, seguidores, activistas y dirigentes políticos asistieron el sábado al entierro de Berta Cáceres en La Esperanza, la ciudad hondureña donde nació hace 40 años. La despedida a la activista se desarrolló entre gritos que pedían “justicia” y “castigo” para los responsables del crimen, y de vez en cuando se colaba un “Berta vive”.
Cáceres, que fue fundadora y coordinadora del Consejo de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el jueves de madrugada, en su casa, por dos hombres que irrumpieron y dispararon contra ella.
Durante el multitudinario entierro y acompañada por los cuatro hijos de Cáceres, la madre de la dirigente, Berta Flores, pidió “que se haga justicia” y que el crimen “no quede en la impunidad”. Los hijos de la activista agradecieron a la gente por las muestras de solidaridad y exigieron que el Centro Internacional de Investigaciones Biológicas integre el equipo que indaga sobre la muerte de su madre.
“Éste es un crimen político. Se ha dicho y desmentimos rotundamente que se trate de un crimen pasional”, dijo su hija Olivia Zúñiga Cáceres a la radio HRN, informó la agencia Efe. El hermano de Cáceres, Gustavo, en declaraciones al diario El Heraldo, cuestionó a la Policía y la acusó de “fabricar evidencia para señalar a otros integrantes del Copinh como culpables o cómplices del crimen”. Los hijos de Cáceres aseguraron que “los motivos del vil asesinato” fueron “su resistencia y su lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca”, y que a su madre la mataron en “un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo”.
Los cuatro jóvenes responsabilizaron del crimen a la empresa Desa-Sinohydro, que en 2013 tuvo que suspender el desarrollo de una represa hidroeléctrica en Honduras por las protestas que lideró su madre. “Responsabilizamos a la empresa y al proyecto Agua Zarca [...], porque ella siempre denunció amenazas sistemáticas por parte de esta empresa”, dijo Zúñiga. Ella y los demás hijos de la dirigente también consideraron responsable al Estado de Honduras por “haber obstaculizado en gran medida la protección” de su madre y por propiciar su “persecución, criminalización y asesinato” al proteger los intereses de esa empresa.
Un testimonio clave es el de Gustavo Castro, el activista mexicano que presenció el asesinato, resultó herido y se salvó porque fingió que estaba muerto. Castro fue indagado por la Fiscalía ayer. Más tarde, cuando intentaba subirse al avión para volver a su país, fue interceptado por las autoridades hondureñas. La asociación que él dirige, Otros Mundos AC Chiapas, denunció en un comunicado que se desconoce “cuál es su estatus o bajo qué fundamentos sigue retenido” el activista y exigió “un trato que resguarde su integridad”.