El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el martes una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que permitiría liberar a los dirigentes políticos opositores que están presos y disolver las causas judiciales abiertas en su contra. La discusión de la ley, que se extendió por casi ocho horas, tomó por sorpresa a la bancada oficialista porque este punto no estaba previsto en el orden del día, una estrategia que según el chavismo va en contra del reglamento parlamentario. La ley tiene que ser ratificada por el Poder Ejecutivo, pero el presidente Nicolás Maduro ya anunció que no lo va a hacer. En un discurso televisado que dio un rato después de la sesión en el Parlamento, dijo que no va a promulgar una ley de amnistía que protege “a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas”. Agregó: “Tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa, que lo sepa la derecha nacional e internacional: leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, hagan lo que hagan”. El gobierno podrá apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia para rechazar la ley por “inconstitucional”, como lo hizo en otras ocasiones.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo ayer a una radio venezolana que la Mesa de la Unidad Democrática -coalición que aglomera a los partidos de la oposición- propuso la ley de amnistía para “sacar a los presos políticos de la cárcel” pero, sobre todo, para “regenerar moralmente a Venezuela”. Matheus dijo además que “amnistía” no es el término apropiado, ya que se aplica a quienes cometieron algún delito y “no es el caso de los presos políticos”, pero que es “el único recurso” que les brinda “el ordenamiento constitucional para liberarlos y para que cese la persecución”.