Mientras la oposición reúne firmas para convocar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, ha empeorado la situación alimentaria y energética en Venezuela. Según el gobierno, esta situación se debe a un intento de boicot planificado desde Estados Unidos.
Según distintas encuestas, 90% de los venezolanos accede hoy a menos alimentos que antes, 31% come menos de tres veces por día y 15% cree que su alimentación es monótona o deficiente. El gobierno asegura que en Venezuela no hay hambre y recuerda que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) premió al país en 2014 y 2015 por su trabajo contra el hambre.
De todos modos, ha implementado varias medidas para paliar la escasez de alimentos, como las Casas de Alimentación (a las que entrega materias primas para que proporcionen platos de comida a decenas de personas), la venta de alimentos en centros de distribución estatales y la promoción de las huertas urbanas. Pero también ha impulsado acciones contra cadenas privadas de supermercados a las que acusa de llevar adelante una “guerra económica” contra el país.
El diputado Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, denunció el miércoles que el desabastecimiento de alimentos y otros artículos, como medicinas, se debe a un plan de golpe de Estado gestado desde Estados Unidos.
A la falta de alimentos se está sumando la de agua y energía, que es consecuencia de la fuerte sequía que sufre Venezuela desde hace ya dos años por el fenómeno El Niño. Los embalses que sirven para distribuir agua en todo el país están en niveles históricamente bajos. Esto no sólo dificulta la distribución de agua en algunas zonas, sino que también restringe la producción de energía eléctrica en un país en el que 70% de esa energía se genera mediante plantas hidroeléctricas.
El gobierno ha tomado medidas para reducir el consumo de electricidad. Una es el corte de energía durante cuatro horas por día en todo el país, menos en Caracas, durante 40 días. Los cortes generaron protestas en varios barrios.
Aunque el gobierno considera que el mayor consumo de energía corresponde a las viviendas, restringió el horario de los centros comerciales a siete horas diarias y redujo la actividad laboral de los empleados públicos a cuatro días por semana; después amplió esta medida y la redujo a dos, excepto para aquellos que se ocupan de tareas esenciales. Además, Venezuela pedirá asesoría técnica y financiera a la Organización de las Naciones Unidas para atender la situación de urgencia, anunció la canciller Delcy Rodríguez.