Temer designó ayer a sus 23 ministros, de los cuales 12 son investigados por la Justicia brasileña (ocho por la red de corrupción en Petrobras) y dos fueron condenados a pagar multas. El suyo será, además, el primer gobierno sin mujeres desde 1979, cuando la dictadura designó a una mujer al frente del Ministerio de Educación.
De los diez partidos que integran el gabinete de Temer, cinco integraron la coalición que respaldó a Rousseff en las elecciones de 2014 y otros cinco fueron, hasta ahora, parte de la oposición. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, es el que cuenta con más ministros, siete, seguido por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que tiene cuatro. Entre estos últimos está José Serra, ex candidato presidencial del PSDB, que tendrá a su cargo la cancillería. Otro nombre conocido es el de Romero Jucá, senador y presidente interino del PMDB, que será el titular de Planificación.
Entre los integrantes del nuevo gabinete figura el hasta ayer jefe del Estado Mayor del Ejército brasileño, Sérgio Etchegoyen, que será ministro de Seguridad. Su padre, Léo Guedes Etchegoyen, fue identificado como uno de los militares que torturaron durante la dictadura en el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, que fue criticado por Sérgio y otros de sus familiares.
Los ministros fueron oficializados durante el primer discurso de Temer como presidente en ejercicio, en el que dijo que es necesario “rescatar la imagen y la credibilidad de Brasil” en el mundo para que “los empresarios” se “entusiasmen” y vuelvan a invertir. El hasta ayer vicepresidente abogó por un Estado menos presente en la economía brasileña y un sector privado que cuente con un “mejor ambiente de negocios” e “incentivos” para sus inversiones. Al cierre de su discurso, Temer deseó a Brasil “orden y progreso”, las palabras que están en la bandera de ese país y que serán el lema del actual gobierno.
Un hasta luego
Al dejar la presidencia, Rousseff dio dos discursos: uno para los medios de comunicación dentro de la sede del gobierno, el Palacio de Planalto, y otro para unos 1.000 militantes de movimientos sociales que la esperaban afuera. Dijo que es víctima de un golpe de Estado por el cual “están en juego las conquistas” de los gobiernos del PT, entre las cuales enumeró el crecimiento económico de las clases más sumergidas, el acceso a la educación terciaria para miles de jóvenes de familias de pocos recursos y la decisión de reservar para educación y salud una parte de los ingresos por la explotación petrolera en la plataforma marítima.
Dijo que en las elecciones se votó por un programa de gobierno “que garantiza las políticas sociales” y dijo que el nuevo Ejecutivo quiere “impedir su ejecución”. Rousseff advirtió: “Lo que está en juego en el proceso de impeachment no es sólo mi mandato, sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño”.
“Desde que fui electa una parte de la oposición quedó disconforme: pidió el recuento de votos, intentó anular la elección y pasó a conspirar, abiertamente, para mi impeachment”, dijo la presidenta, apartada del cargo por 180 días. Esto condujo al país a “un estado permanente de incertidumbre política”, que hoy permite que “tomen a la fuerza lo que no conquistaron en las urnas”. Rousseff agregó que su gobierno fue “objeto de un intenso e incesante sabotaje”.
Sobre el proceso de juicio político dijo: “Puedo haber cometido errores, pero no cometí delitos”. Afirmó que llevó adelante actos “legales” que fueron “idénticos” a los ejecutados por sus antecesores en el cargo: “No era delito en su época, y tampoco lo es ahora”. Una de las frases más aplaudidas fue: “Impeachment sin delito de responsabilidad es un golpe”.
Calificó este proceso como “jurídicamente inconsistente” e “injusto”, que se lleva adelante “contra una persona honesta e inocente”. Recordó: “Ya sufrí [...] el dolor de la tortura, ahora sufro una vez más el dolor, igualmente innombrable, de la injusticia”.
Rousseff también advirtió que este gobierno “ilegítimo”, que “no fue electo por el voto directo de la población”, puede “caer en la tentación de reprimir” las protestas en su contra. Ayer mismo hubo manifestaciones convocadas por varios movimientos sociales que reunieron a miles de personas en varios estados contra el nuevo gobierno.
“Tengo el orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de Brasil”, recordó Rousseff, y aseguró: “Voy a luchar con todos los instrumentos legales de los que dispongo para ejercer mi mandato hasta el fin, hasta el día 31 de diciembre de 2018”. La presidenta apartada de su cargo agregó: “Me puedo mirar a mí misma y ver la cara de alguien que, incluso marcada por el tiempo, tiene fuerza para defender sus ideas y sus derechos. La lucha contra el golpe es larga, pero puede ser ganada, y nosotros vamos a ganar”.
Haciendo amigos
El primer gobierno de la región en pronunciarse sobre el cambio en Brasil fue el argentino, que manifestó que “respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”. Argentina es uno de los países que ha frenado los intentos de pronunciamiento contra este proceso de organismos regionales como el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Una muestra de esa falta de coincidencia surge de la comparación con el pronunciamiento del secretario general de la Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien dijo que en Brasil hay actores “que están haciendo política sin responsabilidad” y “comprometiendo la gobernabilidad democrática de la región”.
Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela manifestaron su respaldo a Rousseff, y Estados Unidos manifestó que “confía” en las instituciones brasileñas.