El gobierno argentino y el de la provincia de Buenos Aires intentaron castigar con prisión a quienes informen sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. Primero fue el Ejecutivo de Mauricio Macri. Cuando presentó el proyecto de ley de blanqueo de capitales sorprendió un artículo que establecía sanciones de cárcel a quienes divulgaran información sobre las declaraciones juradas que tendrán que presentar aquellos que quieran blanquear sus capitales. El artículo fue cuestionado y calificado como un ataque a la libertad de información, y Macri dio marcha atrás.
Sin embargo, ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que pertenece a Propuesta Republicana, el partido de Macri, publicó un decreto en el que sanciona con hasta dos años de prisión a quienes revelen información sobre las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses.
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