El 15 de junio de 2012 unos 300 policías asistieron a Marina Kue, donde alrededor de 70 trabajadores rurales ocupaban, junto a sus familiares, algunas hectáreas. Esas tierras son propiedad del Estado -según se conoció ya en 2004, durante el gobierno de Nicanor Duarte- pero habían sido adjudicadas de forma irregular, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, a Blas Riquelme, que era senador del Partido Colorado y fue uno de los productores de soja más importantes de Paraguay. En 2012 los campesinos reclamaban que de una vez por todas se expropiaran esas tierras para destinarlas a la reforma agraria, que había sido prometida por el entonces presidente Fernando Lugo.
Cuando la Policía asistió a desalojar el lugar con una orden judicial que había sido solicitada por Riquelme, el entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, pidió que los funcionarios fueran desarmados para propiciar el diálogo y evitar un enfrentamiento. Así lo hicieron, y comenzó un diálogo entre el comisario que dirigía el operativo policial, Erven Lovera, y uno de los líderes de los campesinos, Rubén Villalba. Desde el comienzo la orden de desalojo fue cuestionada, porque se emitió a instancias de Riquelme, que, formalmente, no era dueño de las tierras.
Los videos de las conversaciones entre los policías y del acercamiento de Lovera a los campesinos muestran un ambiente de mucha tensión, pero no de agresión. En una de las conversaciones telefónicas que están grabadas, Lovera le dice a alguien que los campesinos parecen estar desarmados, y que si hay resistencia desde el perímetro exterior, los policías pueden utilizar sólo balines de goma. Sin embargo, mientras Lovera y Villalba conversaban, alejados de los demás campesinos y policías, que estaban dispersos en el terreno, sonó una ráfaga de disparos que, según indicaron campesinos y policías durante el juicio, parecía provenir de un arma automática, algo que no portaba ninguna de las partes.
Cuando terminó la balacera, habían muerto seis policías y 11 campesinos. El entonces opositor Partido Colorado acusó al gobierno de Lugo de haber dejado desprotegidos a los policías y aprovechó las circunstancias para impulsar un juicio político, en el cual el presidente fue destituido.
La investigación fiscal fue dirigida por Jalil Rachid, que en enero fue designado por el presidente Horacio Cartes como viceministro de Seguridad. Esa investigación no reveló la responsabilidad de nadie -ni policías ni campesinos- por la muerte de 11 trabajadores rurales que ocupaban esas tierras. Diversas organizaciones de campesinos y militantes por los de derechos humanos han acusado a Rachid de haber ocultado evidencia. Incluso hay documentales, libros e investigaciones periodísticas que denuncian que se ocultaron ejecuciones extrajudiciales de campesinos, que se les plantaron armas y que hubo terceros involucrados cuya presencia nunca se investigó. La designación de Rachid en el Ejecutivo fue cuestionada por los abogados de los campesinos y por organizaciones civiles, que señalaron que de esa forma se convertía en jefe directo de los policías que estaban declarando en el juicio, algunos de ellos contra sus conclusiones.
Los jueces respaldaron la posición de la fiscalía, accedieron a los pedidos de condena y sentenciaron a Villalba a 35 años de prisión por homicidio doloso de Lovera, invasión de inmueble y asociación criminal. Como coautores de ese homicidio fueron condenados Luis Olmedo, a 20 años de prisión, y Arnaldo Quintana y Néstor Castro, a 18 años. Además, tres mujeres fueron condenadas como cómplices de homicidio, a seis años de prisión; una cuarta mujer, menor 18 años, está acusada por lo mismo y su juicio comenzará el lunes. Los jueces concordaron con la fiscalía en que esas cuatro mujeres, algunas de ellas con sus hijos, estaban en el lugar para engañar a los policías y hacerles creer que era una ocupación tranquila, de forma de que estos tuvieran confianza y se acercaran. Los otros cuatro campesinos condenados -Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez- fueron sentenciados a cuatro años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble.
La sesión en la que se leyeron las condenas fue suspendida en varios momentos por las protestas de quienes habían asistido a respaldar a los campesinos en el marco del movimiento Absolución Ya, informó la agencia de noticias Efe. Si bien la lectura de la sentencia terminó llevándose a cabo, la sala fue ocupada por los activistas, que permanecían encerrados allí anoche, junto a los abogados de los trabajadores rurales. Además, en las puertas del Palacio de Justicia, donde se leyó la sentencia, cientos de personas se mantenían en vigilia. También fueron cortadas algunas carreteras en Canindeyú como muestra de rechazo a las condenas. Los abogados ya anunciaron que presentarán apelaciones. “Estoy muy contento por los resultados”, dijo Rachid después de conocer las condenas.